La crisis es justamente el período o el estado en el que la política debiera echar mano de sus herramientas para resolver, gestionar y empatizar con el pueblo... darle significado al sistema democrático más allá del voto. De eso se trata gobernar, de administrar no solamente los recursos, sino también las medidas y los tiempos, de estar siempre, pero más cuando hace falta.
Argentina está entrampada desde hace años en una crisis estructural que, paradójicamente, deja al desnudo lo peor de la política con internas mezquinas y exasperantes.
La crisis política, por ejemplo, cerró la actividad parlamentaria postergando soluciones y profundizando problemas sociales y económicos estructurales de larga data.
Meses pasaron desde que el Congreso de la Nación prometió tomarse “treinta días” para desarrollar una nueva ley de alquileres.
Sin embargo, en lo que va del año la Cámara de Diputados de la Nación sesionó menos de diez veces e incluso una de esas sesiones fue para tratar la salida de Sergio Massa. Paradójicamente en su despedida, Massa pidió celeridad al cuerpo que dejaba de presidir ese día para transformarse en ministro.
Dicen los legisladores consultados por medios nacionales que, en el caso de los alquileres, el problema pasa por lograr acuerdos hacia una agenda política que rompa con la parálisis. Queda a la vista que la emergencia de cientos de miles de familias que deben renovar contratos con hasta 65% de aumento no representa una urgencia para la Cámara baja.
La última sesión de contenido más allá de la que trató la salida de Massa se produjo el 5 de julio pasado. Hasta ese entonces los famosos “treinta días” ya habían vencido varias veces y poco o nada se avanzó para darle solución a inquilinos, propietarios, inmobiliarias y a la economía misma.
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