La hoja de ruta del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional establece que antes del 15 de este mes, el Gobierno deberá modificar en el Presupuesto -prorrogado- la meta fiscal de este año, prevista en 2,5% del PBI. Pero, a su vez, es uno de los números a revisar en las próximas semanas.
El mayor costo de la energía y la definición sobre subsidios y la suba de los commodities agrícolas impactan en las metas de gasto del Gobierno que, además, busca recomponer ingresos de los sectores más vulnerables por el aumento de la inflación, que superará el 5,5% en marzo, y que se agudizó en alimentos.
La primera evaluación trimestral del Fondo se adelantó de junio a mayo y en el organismo reconocen que hay que actualizar algunas estimaciones, mientras que en el Gobierno ya anticipan que el máximo de 48% del rango de inflación no se cumplirá.
Los contactos con el FMI, después de aprobación del directorio, siguen siendo diarios y la próxima semana, la reunión de “primavera” (en el hemisferio norte) del FMI le dará oportunidades al equipo económico de intercambiar cara a cara proyecciones con los negociadores Julie Kozack y Luis Cubeddu y ahora también Ilan Goldfajn, el expresidente del Banco Central de Brasil que encabeza el departamento Occidental del Fondo.
Y si bien en el oficialismo buscan dar señales de que las internas del Frente de Todos están zanjadas, la presión por evitar un deterioro de bolsillo subsiste, lo que genera recurrir a las “subas discrecionales” que cuestiona el Fondo, como el bono para jubilaciones.
Segmentación de tarifas
El jefe de asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, aseguró este fin de semana en declaraciones a AM 750 que la segmentación de tarifas sigue adelante pero hay sectores que dudan por la demora que muestra el plan oficial.
Antes de fin de mes, habrá que cumplir con una nueva audiencia -también según el cronograma del FMI- y avanzar con la suba de tarifas del 20% para sectores medios, la eliminación de subsidios para el 10% de mayores recursos, mientras se mantiene la tarifa social. En este caso, la convocatoria será por los precios mayoristas.
Para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI), “las tarifas de energía necesitan reflejar la recuperación total de costos”, detalla el FMI sobre esta reforma considerada “estructural”, prevista para abril.
“Si antes del shock de precios internacionales se preveía que este año el déficit energético podría rozar los u$s 3.000 millones (si la sequía restringía la generación hidroeléctrica), el panorama se complicó sobremanera tras la invasión militar rusa a Ucrania”, remarcó la consultora Equilibra. Ante este escenario, el rojo energético del país podría superar US$ 5.000 millones en 2022, según precios y la disponibilidad de barcos de GNL.
“Rumbo al fracaso”
El director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker, afirmó que existe una “alta probabilidad” de que el acuerdo con el FMI fracase, porque así lo reconoce el propio organismo.
“Es evidente la preocupación de los integrantes del staff del Fondo Monetario por dejar en lo posible a salvo sus responsabilidades, reconociendo la alta probabilidad de que el programa fracase, al igual que ocurriera con los dos anteriores: el de 2000 y el de 2018”, señaló el economista.
Además, indicó que mientras el directorio del FMI daba su aprobación al acuerdo celebrado con el Gobierno argentino, “se conoció el documento del staff técnico: del mismo se infiere que la aprobación respondió más a directrices políticas que a razones técnicas”.
“Se repite así lo ocurrido con el acuerdo stand-by de 2018, en el que también primaron consideraciones políticas para su aprobación”, consideró.
Según Beker: “Los miembros del staff técnico se preocuparon en remarcar las dificultades que observan para que el acuerdo resulte exitoso. En tal sentido, señalaron que ‘persisten los riesgos de implementación de políticas’, ya que ‘el apoyo político para el programa puede ser frágil’, lo cual hace que esté sujeto ‘a riesgos significativos’”.
“Al respecto, si bien señala que la deuda externa es sustentable, afirma que ‘no lo es con alta probabilidad’”, añadió.
Y señaló también que el staff reconoce que los riesgos del programa son “extremadamente elevados”, por lo cual “una recalibración sería necesaria”.
“Un entendimiento que nació viejo y debe ser recalibrado”
El exrepresentante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional Héctor Torres consideró en las últimas horas que el programa que el Gobierno firmó con ese organismo “nació viejo” y deberá ser “recalibrado” en el corto plazo para que pueda cumplirse.
“Es un programa que nace viejo, porque está negociado largamente y sobre presupuestos que han cambiado fundamentalmente por la guerra en Ucrania, que no sabemos si las consecuencias que está teniendo sobre los precios internacionales van a ser duraderas o no”, sostuvo el exfuncionario.
A su criterio, esa cuestión “obliga a recalibrar ese programa”, a la vez que indicó: “Las metas previstas no creo que se cambien, pero el Gobierno nacional deberá ser flexible sobre las medidas que tomará para llegar a esas metas”.
“Por su parte, el FMI también va a tener que mostrar flexibilidad respecto a los plazos para llegar a esas metas”, evaluó Torres, en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por radio Rivadavia.
El acuerdo incluye metas fiscales, de reducción de asistencia monetaria del Banco Central y de acumulación de reservas; también, proyecciones de inflación, suba de tarifas, recorte de subsidios y el desarme de los controles cambiarios.
En este marco, el exfuncionario aseguró que el Gobierno “no tiene proyecto de país” y enfatizó que la fractura del Frente de Todos “está expuesta y genera una mayor incertidumbre”.
“Estamos frente a un Gobierno que está cuestionado desde su propio frente político. Y eso no sirve para generar confianza”, añadió el especialista. Por tal motivo, consideró necesario establecer políticas “que continúen después de 2023, y que permitan que este programa que se acordó con el FMI sea el primer paso hacia las reformas que hacen falta”.
En ese sentido, Torres resaltó que “hace falta -y de manera rápida- que el Estado empiece a reducir la incertidumbre y genere expectativas favorables para que empiece a bajar la inflación”.
Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales
