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Exigen revisar criterios del Censo 2022 para incluir a pueblos indígenas y discapacidad

28 febrero, 2022

 

Tras postergarse por la pandemia, finalmente el 18 de mayo tendrá lugar el Censo 2022 en Argentina. Constará con una instancia previa optativa que será online y luego se realizará un trabajo en terreno de los equipos censistas. Sin embargo, la polémica comenzó mucho antes porque sectores sociales reclaman que con algunas preguntas incluidas en el cuestionario se dificulta tener precisiones acerca de la población indígena y las personas con discapacidad.

 

Visibilizar a los pueblos
Desde el Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina señalaron a las preguntas 23 y 24 del Censo como insuficientes para relevar la situación actual de los pueblos indígenas.

En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la integrante del Tejido y parte del pueblo Diaguita de Tucumán, Lourdes Albornoz, remarcó que este estudio poblacional “debe ser una herramienta que visibilice a los pueblos indígenas” y aseguró que en la sociedad “tenemos antepasados que son de estos pueblos, pero están silenciados”.

Compartió que desde 2017 “se vienen haciendo propuestas al INDEC y se logró que se incluya una pregunta acerca del autorreconocimiento indígena a toda la población”. Recordó que “anteriormente, esta pregunta se hacía en poblaciones con menos de 15 mil habitantes, es decir, pueblos rurales o marginales. Esto tiene un dejo racista, porque se piensa que no viven en las principales capitales del país”.

En este autorreconocimiento, Albornoz opinó que “si bien ha sido un logro incluirla, está mal formulada, porque pregunta a qué pueblo indígena pertenece la persona, pero no da la opción de todos los pueblos o al menos los cinco mayoritarios en el país”.

En cuanto a cómo se escriben los nombres de estos pueblos, preocupa que los censistas consignen de manera inadecuada: “Esto después se traduce en un error estadístico y el INDEC no está queriendo solucionarlo de antemano”, lamentó.

Asimismo, señaló que también “la pregunta sobre las lenguas es algo que se logró incluir, pero estamos en disconformidad por cómo se plantea la pregunta. Se realiza solamente a las personas que se han reconocido miembro de un pueblo indígena, cuando hay muchas personas que hablan la lengua, que está vigente, pero sin ser parte del pueblo”.

En consonancia con otros reclamos en el país, Lourdes Albornoz contó que “propusimos que se incluya la Lengua de Señas Argentina” y además que se tengan en cuenta “a las comunidades migrantes que residen en suelo argentino”.

Respecto al INDEC, indicó que “hasta el año pasado y principios de este año, nos dijeron que no se podría cambiar la pregunta por falta de presupuesto”. Por ese motivo, “hemos acudido a la Justicia Federal. Se ha presentado un amparo, como medida cautelar, solicitando que se suspenda la impresión de los cuadernillos censales hasta que se revea la modificación en estas dos preguntas”, agregó.

Lourdes Albornoz remarcó que para la conformación del censo 2022 “no se realizó una consulta previa y el cuestionario no tiene el consentimiento de las comunidades indígenas, tampoco prevé una participación de los pueblos, tal como lo establece la ley”.

Como parte del Tejido de Profesionales Indígenas explicó que en Argentina “tenemos 39 pueblos indígenas reconocidos y 19 lenguas, que todavía se hablan, pero que están desapareciendo al no tenerlas en cuenta”.

Sin consulta
Desde el Tejido de Profesionales reclamaron que no hubo una consulta previa con las comunidades y se pasó por alto el Convenio169 de la OIT. También pidieron modificar las preguntas y tener censistas de los pueblos originarios.

La palabra en uso
“El Estado obliga a todas las personas a hablar solamente castellano para acceder a la salud y educación”, remarcó sobre el uso de lenguas indígenas Lourdes Albornoz, del Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina.

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Tags: Censo 2022CriteriosFM 89.3INDECMisionesPersonas con discapacidadpueblos originarios
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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