Según el documento de la ONG internacional Artículo 19, que trabaja para defender la libertad de expresión y el acceso a la información, las declaraciones falsas o engañosas del presidente Jair Bolsonaro contribuyeron al aumento de los casos y las muertes de COVID-19 en Brasil.
Artículo 19 también criticó la falta de transparencia en las cifras de la pandemia en algunos países, incluído Brasil. “En otros casos, la desinformación proviene de personas en puestos relevantes, incluso jefes de gobierno como Jair Bolsonaro, a menudo a través de cuentas personales, en lugar de oficiales, en las redes sociales”.
“La desinformación se propagó. El presidente de los Estados Unidos (Donald Trump, quien dejó el cargo en 2020) fue probablemente el mayor impulsor de la ‘infodemia’ de desinformación sobre COVID-19”, dice un extracto del informe que fue replicado por los medios brasileños.
El documento destacó algunos de los discursos de Bolsonaro, como llamar al COVID-19 una “pequeña gripe”, mientras “promueve discursos anti-vacunación y anti-aislamiento, empeorando las tasas de contagio y provocando una crisis de información con discursos muy polarizados”.
Desde enero de 2019, cuando asumió el cargo y aún no había pandemia, Bolsonaro realizó 2.187 declaraciones falsas o distorsionadas.
El problema de la desinformación no se limitó a Brasil, habiéndose extendido rápidamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería en varios rincones del planeta.
El tipo más peligroso, dice el informe, “han sido las teorías de conspiración sobre las minorías étnicas que propagan enfermedades y discursos de odio, traducidas en discriminación y violencia en el mundo real, remedios caseros espurios para la prevención o cura del virus de la pandemia, y propaganda contra autoridades políticas nacionales y extranjeras”.
Ataques a la prensa
La encuesta también apunta a 464 declaraciones públicas de Bolsonaro, sus ministros o asesores más cercanos que atacaron o deslegitimaron a los periodistas.
Estas actitudes influyen en las autoridades locales y se manifiestan en actitudes, hostigamientos y juicios contra periodistas.
“Este nivel de agresión pública no se ha visto desde el fin de la dictadura militar en el país. No se debe subestimar la creciente hostilidad social hacia los periodistas y sus efectos desalentadores”, dice el documento de Artículo 19.
Además, en Brasil hubo 254 violaciones contra los periodistas y comunicadores en 2020, de las cuales 123 fueron perpetradas por agentes públicos y 20 constituyeron casos graves, como homicidios, intentos de asesinato y amenazas de muerte contra los trabajadores.
Una ley de los militares
Otro problema en Brasil fue el mayor uso de la Ley de Seguridad Nacional, que fue sancionada durante la dictadura militar, “como arma contra manifestantes y periodistas que desafiaron al presidente por su falta de acción ante la pandemia, incluso con evidencia creciente del alcance de la emergencia COVID-19”.
En todo el mundo, 62 periodistas fueron asesinados y 274 arrestados
Los países con más arrestos fueron China, Turquía y Egipto. “Los arrestos se cuadriplicaron entre marzo y mayo de 2020, y el acoso y los ataques físicos aumentaron en todo el mundo, desde Brasil hasta Italia, Kenia, Senegal y Nigeria”, señala el informe internacional.
A pesar de las críticas a Jair Bolsonaro y a otros gobiernos de todo el mundo, el informe señala el papel de algunas instituciones como freno al autoritarismo: “Algunas instituciones mostraron resiliencia: los gobiernos regionales y el Congreso fueron un contrapeso efectivo en Brasil”.
Caída global de la libertad de expresión
En la escala de libertad de expresión, que va de 0 a 100 y se calcula a partir de 25 indicadores, Brasil obtuvo 52 puntos. Es la peor puntuación de la serie, que arrancó en 2010, y es la misma que Colombia y Gabón, justo por debajo de Haití, que anotó 53 puntos. Los mejores puntajes fueron de Dinamarca y Suiza, con 95, y el peor fue de Corea del Norte, que obtuvo cero.
En América Latina, los mejores resultados vinieron de Uruguay (92), Costa Rica (89), Argentina (88) y República Dominicana (87), señaló la ONG internacional Artículo 19.
En 2010, Brasil tuvo una puntuación mucho mejor: 89. En 2015, fue 86. La primera gran caída fue en 2016, cuando logró 73 puntos. En 2017 y 2018, obtuvo 66 puntos. En 2019, otra bajada, hasta los 54 puntos.
Los países que obtienen entre 40 y 59 puntos están en la categoría de expresión restringida. Aquellos entre 80 y 100 están en la categoría de expresión abierta, la mejor posible.
“Una avalancha de problemas”
“En los últimos cinco años, Brasil ha pasado de ser uno de los países con los puntajes más altos del mundo a ser considerado una crisis de democracia y expresión, y ahora también una crisis de salud pública. Brasil es la perfecta avalancha contemporánea de problemas de expresión: populismo autocrático, desinformación, severa desigualdad y control tecnológico. La pandemia consolidó las tendencias observadas en el último año”, concluye el informe.
Desinformación
Desde enero de 2019, cuando asumió el cargo y aún no había pandemia, Bolsonaro realizó 2.187 declaraciones falsas o distorsionadas. Esa desinformación se extendió rápidamente en redes sociales a todo el planeta.
254
En Brasil hubo 254 violaciones contra periodistas y comunicadores en 2020. 20 fueron homicidios o intentos de asesinato.
Libertad de expresión
El informe también muestra una caída en el grado de libertad de expresión y prensa a nivel mundial.
En total, 61 países analizados tienen puntajes por debajo de 40, es decir, se consideran en crisis o con altas restricciones, lo que representa el 64% de la población mundial.
En 2010, esos puntajes cubrieron el 32% de la población mundial. Y al menos 57 gobiernos utilizaron la pandemia de COVID-19 como pretexto para limitar la libertad y la democracia.
El aumento del autoritarismo está atestiguado por otros índices. En 2010, el 48% de la población mundial vivía en autocracias. En 2020, subió al 68%.
El año pasado, 96 países cometieron violaciones moderadas o graves de la democracia.
En 29, hubo 155 desconexiones de Internet.
También se observó una disminución de la privacidad y una mayor vigilancia, así como un aumento en los despidos y recortes salariales para periodistas de todo el mundo.
También hubo 331 muertes de defensores de derechos humanos, de los cuales 264 en América Latina. Solo Colombia fue responsable del 53% de estas muertes en todo el mundo.
