En la semana que pasó, un pormenorizado estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) evidenció la crisis generalizada de los trabajadores argentinos.
Si bien ya se había establecido semanas atrás que contar con un empleo en Argentina no garantiza zafar de la pobreza, el reciente informe “Efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana”, arrojó datos reveladores.
Uno de ellos da cuenta de que entre 2017 y 2020, el porcentaje de trabajadores pobres pasó de 15,5% a 27,4% (11,9 puntos porcentuales) y de 1,9% a 4,4% (2,5 puntos porcentuales) al considerar un umbral de pobreza extrema.
Otro aspecto del informe observó que, por primera vez, más de la mitad se desempeñó en la informalidad.
En el análisis se destacó además que, si bien la tasa de desempleo subió al 13,9%, hubo un nivel mucho mayor, del 28,5%, disimulado por el denominado “efecto desaliento”, ya que muchas personas desocupadas no están en la búsqueda de un trabajo, por diferentes razones, y las estadísticas oficiales no las computan.
Otro aspecto preocupante del informe de la UCA señala que el 46,4% de los ocupados no tuvo aportes al Sistema de Seguridad Social (al 27,6% no les depositan los aportes correspondientes y el 70,4% de los cuentapropistas no los realiza), en tanto el 32,4% de los trabajadores no contaba en 2020 con la cobertura de una obra social, mutual o prepaga.
Así que ya no se trata nada más que de conseguir empleo y desarrollarse en condiciones normales.
La dinámica y la inercia de la crisis, la escalada de los precios, la pérdida de poder adquisitivo, la constante adopción de malas decisiones por parte de quienes dirigen y dirigieron el país durante los últimos lustros y, también es necesario destacarlo, factores extraordinarios como una pandemia global, obligan a redoblar esfuerzos para lograr equilibrio personal y general, al menos para sostenerse esperando esos tiempos mejores que, más temprano que tarde llegarán.
