La cuarentena de más de 200 días adoptada por el gobierno de Alberto Fernández a partir de las 0 horas del 20 de marzo de 2020 signó su primer año de mandato y determinó la evolución de los principales indicadores socioeconómicos.
Si bien la crisis del coronavirus fue global y casi todas las economías en occidente se vieron fuertemente afectadas, en pocos países los efectos fueron tan catastróficos en Argentina, donde la recesión fue de las mayores del mundo, la caída del empleo llegó a ser de casi 4 millones, la pobreza alcanzó a casi la mitad de la población y el dólar libre llegó a estar más del doble de la cotización oficial.
Aunque algunas de estas variables se recuperaron levemente con el fin del aislamiento en noviembre, muchos problemas generados durante esta etapa todavía persisten y algunos se agravaron.
El impacto sobre los productos brutos internos fue generalizado a nivel global, pero en Argentina fue mucho mayor dadas la fragilidad macroeconómica y la mala estrategia sanitaria que llevó a una recesión de dos dígitos.
La cuarentena hizo que el segundo trimestre de 2020 sea el peor de la historia argentina, con una caída interanual de 19% que superó a la de la crisis terminal de 2002.
La inactividad de miles de empresas sin ingresos, la caída del empleo, la incertidumbre en cuanto a la duración de las restricciones y los problemas que arrastraba la economía hicieron que el PBI finalizara el año con una caída de 10%, una de las peores cifras de la región y del globo.
Como el año terminó 5% por encima del promedio anual, los analistas esperan que el arrastre estadístico posibiliten un crecimiento de 6% o 7% en 2021, aunque para 2022 las perspectivas son mucho más moderadas.
Desempleo
Naturalmente tal caída de la actividad redundó en un aumento del desempleo y en un desplome de los puestos de trabajo, a pesar de las leyes de antidespidos y de doble indemnización que rigieron durante toda la crisis.
El desempleo finalizó 2019 con un 8,9% y subió al cierre del primer trimestre, tras 12 días de cuarentena, a 10,4%. En el segundo trimestre, el parate hizo estragos y llevó la tasa a 13,1%, mientras que para el tercero bajó levemente a 11,7%.
No obstante, las cifras más preocupantes vinieron por el lado de la tasa de empleo, que bajó de 42,2% a 33,4% entre abril y junio, lo que significa 4 millones de puestos de trabajo menos respecto a 12 meses antes, que por tratarse en su mayoría de desocupados sin búsqueda activa de empleo al momento de la encuesta (ya sea por la cuarentena o por efecto desánimo) no computan como desempleados.
Evidentemente las principales bajas se observaron en el sector privado informal, que constituye una buena parte del mercado laboral, que dada su sensibilidad a la actividad fue también donde más dinámica fue la recomposición, aunque todavía no deja al indicador a niveles prepandemia.
Los salarios también quedaron muy rezagados, al punto tal que los índices del INDEC marcaron que perdieron por varios puntos contra la inflación. Tal es así que para igualar lo que subió la canasta básica de pobreza desde 2020 los salarios deben crecer 11% en el primer bimestre de este año, mientras que para empatar a la canasta alimentaria deben trepar 18%.
En este caso, el índice segmento privado informal, al haber ajustado en mayor medida por cantidades, fue el que más se acercó a la variación de las canastas básicas, seguido por el privado formal y, por detrás, el público.
Pobreza
Esta enorme pérdida del empleo y la caída de los ingresos se tradujo en un incremento proporcional de la pobreza, que en el primer semestre de 2020 alcanzó al 40,9% de las personas y llegó a tocar un pico de 47% durante el segundo trimestre.
La indigencia también tuvo un aumento considerable y trepó al 10,5% del total de los habitantes, también en el promedio de la primera mitad del año pasado. Todavía el INDEC debe publicar los datos del segundo semestre.
No obstante, las canastas básicas que marcan la línea de pobreza y de indigencia subieron mucho más que la inflación del año, lo que elevó la vara en términos reales para cumplir las necesidades básicas: en 2020 la canasta básica alimentaria trepó 45,5% y la total, un 39,1%.
Déficit fiscal
El estado de las cuentas públicas es otra de las aristas macroeconómicas que acusaron el impacto del coronavirus y de las restricciones sobre la actividad, que, por un lado, menguaron fuertemente el flujo de la recaudación y, por otro, comprometieron un incremento de las partidas para asistir a empresas y hogares que perdieron gran parte de sus ingresos.
Tras un rojo fiscal primario inferior a 1% del PBI, los analistas comenzaron el año con una previsión de 1,5% para este año, pero terminó con un 6,5% del producto que generó una fuerte incertidumbre ante la imposibilidad de financiarlo tanto con el mercado financiero internacional como con la plaza local.
Casi todo fue cubierto con asistencia monetaria del Banco Central, que a la postre elevó considerablemente la inflación.
Las estimaciones apuntan a que el Fisco se perdió de embolsar más de $500.000 millones, al comparar las estimaciones de recaudación de inicios de 2020 con los resultados finales. No obstante, las proyecciones no tenían en cuenta el impuesto PAIS, que captó casi $135.000 millones. En el segundo trimestre, el más duro en términos de restricciones, la caída real fue de 20% contra la inflación interanual.
Por el lado del gasto, la asistencia totalizó hasta octubre, último mes que sostuvo el elevado nivel de las partidas por la cuarentena, cerca de $940.000 millones (3,5% del PBI), donde el gasto social (como el IFE) y las transferencias a privados (como las asignaciones del Programa ATP) explicaron cerca del 70%. Los giros a las provincias también fueron abultados al comienzo del aislamiento.
Para este año, el Gobierno prevé bajar el déficit a cerca de 4,5% del PBI, bajo el supuesto de que no necesitará brindar una asistencia tan extensa como en 2020. La suba reciente del precio internacional de la soja y lo que recaude el impuesto a la riqueza podrían recortar esta cifra cuya trayectoria para los analistas es crucial.
Inflación
Puede ser considerada como la variable macroeconómica que tuvo, al menos durante la cuarentena, el impacto menos negativo de todas, especialmente en los primeros meses del aislamiento. Tras un salto de 55% en 2019, el año comenzaba con un 2,3% en enero, un 2% en febrero pero ya un 3,3% en marzo.
No obstante, el parate casi total de la actividad económica especialmente en abril y mayo hizo que la inflación, por una menor velocidad de circulación del dinero, quedara en 1,5% en ambos meses. Pero a medida que se fueron abriendo sectores, ya sea de manera formal o de facto, el índice de precios comenzó a recomponer sus niveles prepandemia, con 2,2% en junio, 1,9% en julio, 2,7% en agosto y 2,8% en septiembre.
Pero ya en octubre se produjo el salto, habiéndose emitido cerca de $1,5 billones para solventar la disparada del déficit fiscal primario que se inyectaron a un mayor ritmo en la actividad ante una cuarentena que en los hechos ya no tenía efecto.
Desde entonces la inflación no bajó del 3%: 3,8% en octubre, 3,2% en noviembre, 4% en diciembre, 4% en enero y 3,6% en febrero, sin perspectivas de que vaya a desacelerarse en los próximos meses. Si bien el Gobierno espera que el año termine con un 29%, los analistas hablan de que girará en torno al 50%.
Dólar
El dólar, uno de los termómetros de la economía cotidiana, comenzó el año y la cuarentena con un cargo del 30% del impuesto PAIS para en sus inicios desincentivar el turismo en el extranjero y la compra de dólares, aunque se terminó convirtiendo en uno de los motores de la recaudación.
El volumen de compra de dólares para ahorrar no empezó el año en niveles muy elevados, pero se disparó al comienzo de la cuarentena ante la creciente incertidumbre económica, mientras que el dólar libre comenzó a ensanchar su brecha respecto a la cotización oficial.
Mientras que hasta abril los minoristas compraban en promedio u$s 200 millones por mes, en mayo la cifra saltó a más de u$s 500 millones y desde junio hasta septiembre osciló entre los u$s 700 millones y los u$s 920 millones, lo que achicó fuertemente las reservas del Banco Central.
Ante esta sangría el Gobierno impuso un cargo de 35% sobre la compra de dólares a cuenta de Ganancias, lo que elevó la brecha cambiaria a más de 120% e incrementó las expectativas de devaluación, aunque sobre el cierre del año estos indicadores se calmaron.
