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Guardó silencio el último detenido por el homicidio de la sargento

7 julio, 2020
LUGAR. La detención del último sospechoso ocurrió en el barrio 6 de Septiembre.

LUGAR. La detención del último sospechoso ocurrió en el barrio 6 de Septiembre.

LUGAR. La detención del último sospechoso ocurrió en el barrio 6 de Septiembre.

Se negó a la indagatoria el hombre de 39 años sospechado de vender la pistola 9 milímetros con la que mataron a la sargento de la policía provincial, Romina Elizabeth Rodríguez (27) el pasado 2 de junio en su vivienda del barrio Horacio Quiroga en Garupá.

Seguirá detenido en el marco de la investigación por la causa caratulada hasta el momento como “homicidio en ocasión de robo agravado por uso de arma de fuego, premeditado, en poblado y en banda”.

Ayer se concretó la audiencia indagatoria en el Juzgado de Instrucción 2 a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, para quien es -hasta el momento- el último detenido en la causa de la sargento asesinada.

Luego de la detención del último viernes en el barrio 6 de Septiembre, durante un allanamiento en el cual secuestraron drogas y motocicletas robadas, el acusado de vender la pistola homicida prefirió no hablar.

En la investigación se cree que este hombre fue el encargado de vender o alquilar el arma Browning calibre 9 milímetros que fue secuestrada el miércoles 10 de junio, es decir una semana después del crimen, en un domicilio de la calle Roth de Garupá.

Ese operativo en su momento dejó a otro hombre detenido, primeramente por “tenencia ilegal de arma de fuego” pero una vez que las pericias confirmaron que con esa arma ejecutaron a la mujer policía, el detenido pasó a ser el quinto sospechoso.

Cabe recordar que el día que mataron a Rodríguez, dos hermanos de 18 y 19 años, y otros dos sospechosos de 22 y 28 fueron los primero arrestados que tuvo homicidio.

En la causa además se aguarda el resultado de las pericias telefónicas de dos teléfonos celulares que le pertenecen en este caso a los últimos dos detenidos.

Los aparatos están siendo revisados por expertos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial y en principio allí se podría determinar el nexo que tendrían ya que en declaraciones policiales, uno manifestó haber comprado el arma al otro pero después del crimen y esa versión fue negada por el apuntado, asegurando que entregó el “fierro” días antes del homicidio a modo de venta o alquiler para que “los muchachos del barrio progresaran en el ambiente delictivo ya que harían un golpe fuerte”, en alusión supuestamente a los anteriores detenidos.

En el último allanamiento, efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía y de la comisaría Quinta de Garupá, incautaron dos motocicletas 110, una marca Brava y otra Zanella, que luego se supo tenían pedido de secuestro por robos en las comisarías Séptima y Segunda de la Unidad Regional I de Posadas. Además los policías secuestraron unos 25 gramos de cannabis sativa que tenía en su poder el sospechoso y otros elementos.

 

El caso

Romina Elizabeth Rodríguez fue asesinada de dos disparos con arma de fuego frente a su hijo de seis años en la vivienda que compartía con su pareja el 2 de junio pasado. Durante esa jornada fueron detenidos dos hermanos de 18 y 19 años, y otros dos sospechosos de 22 y 28 quienes estaban en sus viviendas de los barrios aledaños Nuevo Garupá, Santa Clara y Ñu Porá. Todos actualmente siguen el proceso tras las rejas.

El miércoles 10 de junio la policía halló el arma homicida en la vivienda del quinto sospechoso, que funcionaba aparentemente como “aguantadero” de elementos robados, como motocicletas y motopartes. Aún resta encontrar la pistola Hi-Power 9 milímetros, arma reglamentaria que sustrajeron de la casa de mujer y se cree que era uno de los objetivos de los delincuentes además de dinero.

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Tags: AllanamientosHomicidioRomina Rodríguez
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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