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Con ayuda del Concejo, Next es ahora Sendero Guaraní para el transporte urbano de Oberá

Desde la oposición preguntaron a los ediles oficialistas si creían que estaba todo bien en el funcionamiento del servicio para no exigirle nada a la empresa con este cambio, todavía en “emergencia”. La decisión de transferir el contrato fue aprobada por la Renovación de Oberá.

25 junio, 2024
TENSO ENCUENTRO. De los concejales obereños ayer en la sesión legislativa ordinaria

TENSO ENCUENTRO. De los concejales obereños ayer en la sesión legislativa ordinaria

El Concejo Deliberante de Oberá decidió tomar una inédita medida: quitar del contrato de concesión del servicio de transporte de pasajeros a una UTE y colocar, en su reemplazo, a una Sociedad Anónima que se supone es parte de la ganadora de la licitación.

Tal como lo reveló PRIMERA EDICIÓN el pasado 6 de noviembre de 2023, Next solicitó “urgentemente” al Concejo Deliberante la transferencia de contrato de concesión a la sociedad Sendero Guaraní SA.

En la sesión de este martes, esta medida causó enfrentamientos entre oficialistas y opositores. A tal punto que hubo dos dictámenes en la discusión: uno del interbloque Pro-Juntos por el Cambio negando la autorización para la transferencia contractual; y un segundo dictamen del bloque Renovador, que obtuvo 6 votos favorables, resultando este último aprobado.

El contrato que relaciona a la prestataria con la comuna obereña sigue teniendo el carácter de emergencia, a pesar del paso de los años, tras la salida de Capital del Monte del transporte. Increíblemente, la administración de Pablo Hassan no avanzó en la implementación del contrato que el Concejo Deliberante aprobó tras el llamado a licitación.

Pero ¿Quiénes son Sendero Guaraní? PRIMERA EDICIÓN encontró la respuesta en el Boletín Oficial de la Provincia del jueves 30 de marzo de 2023, donde salió publicada la solicitud de registro público de la sociedad en cuestión.

Sendero Guaraní SA se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de octubre de 2022 y tiene como socios a las dos empresas del Grupo Z: Nuestra Señora del Rosario SA (tiene a su cargo las líneas suburbanas que comunican a Oberá con los municipios vecinos de Campo Ramón, Campo Viera, Villa Bonita, 25 de Mayo, Colonia Aurora, Alba Posse y San Javier) y Next-administradora de nuevos negocios, esta última con domicilio sobre la avenida Juana Manso en el lujoso barrio porteño de Puerto Madero.

Aun así, Sendero Guaraní fijó el domicilio de la sociedad en la Calle Fleming 1056 de Oberá, donde hoy funciona el taller de Next.

En su objeto social declaró, entre otras cuestiones, que tendrá por misión brindar el servicio de transporte, “en especial, la explotación del transporte automotor de pasajeros urbano, interurbano y/o internacionales, de media y larga distancia, ya sea en forma directa o asociada a terceros, servicios contratados y/o excursiones”.

También fijó su capital social en la módica suma de 2 millones de pesos dividido en cien acciones de valor nominal 10.000 pesos cada una; un monto que, a priori, luce irreal para una sociedad de este tipo.

Pero uno de los puntos que más llamó la atención de la sociedad, que ahora se quedará con la explotación del servicio urbano en Oberá, es la representación legal que declaró. Es que, lejos de los nombres visibles como el apellido Zbikoski o el representante de EUTA, Facundo Zárate, en esta oportunidad el Grupo optó designar a dos incógnitos bonaerenses en el directorio.

Hasta 2023, la presidencia del directorio de Sendero Guaraní SA quedó en manos del quilmeño Leonardo Federico Mas y la vice en las de Ezequiel Roberto Pirrone, oriundo de Lomas de Zamora.

 

“¿Se cambia el contrato sin exigir nada de mejoras a la empresa?”

Fue la concejal del PRO, Mara Frontini, la que explicó la oposición a transferir el contrato entre las firmas vinculadas al Grupo Z. “Fuimos cuatro los concejales que en minoría pedimos cambios en el contrato de concesión, durante la licitación, porque se habían modificado los términos de dicha concesión. (…) Hoy voy a mantenerme en concordancia y de manera coherente de lo que voté”, dijo.

Cuestionó que “vamos a cumplir dos años de la firma del contrato por parte de la renovación, en el cual existió un compromiso de Next y Tipoka de, cito textualmente, ´fuertes inversiones de capital privado, especialmente en la estación central, de combinación’, situación que no se vio plasmada hasta el día de hoy”.

Seguidamente la edil opositora se preguntó: “¿dónde está la estación central y las de combinación que se comprometieron a realizar? No están, a pesar de hace dos años haber firmado la renovación el contrato por el que se incumplieron las obras”.

A su vez, cuestionó la ausencia de implementación del boleto trasbordo: “se lo prometieron a la ciudadanía desde 2022 y aun hoy no existe. Los usuarios deben pagar tarifa plena en las unidad. Entonces me preguntó: ¿se va a cambiar el contrato de concesión sin exigirle nada a la empresa? ¿Le volverán a dar un contrato que no cumple? ¿Seguiremos esperando las fuertes inversiones? Los concejales oficialistas que van a votar este contrato ¿creen que está todo bien el servicio de transporte en Oberá y no hay nada que mejorar ni siquiera pedirle a la empresa que escuche los reclamos de los usuarios?”, interpeló a sus pares -en especial al renovador Marcelo Sedoff que votó en contra del contrato de concesión- sin una respuesta.

Finalmente les advirtió que “le vuelven a confiar un contrato sin modificaciones, sin mejoras, sin exigencias. Entonces realmente van a aprobar el contrato y deberán hacerse responsables de todas las deficiencias, por lo cual creo que en esta oportunidad sería el momento para pedir las mejoras tal y cual lo reclaman los usuarios”.

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Tags: #GrupoZ#OberáConcejo Deliberante de OberáSendero Guaranítransporte de pasajerosTransporte Urbano de Oberá
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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