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Nuevo protocolo para agilizar las causas por violencia familiar y de género

Harán una prueba piloto en juzgados de Posadas y Garupá para extenderlo a toda la provincia. En diálogo con FM de las Misiones, la ministra del STJ Cristina Leiva adelantó que “seremos los primeros en implementarlo en el país y luego lo transmitiremos a todos los que quieren ponerlo en marcha, incluso otros paises”.

21 noviembre, 2023

El gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunió este martes con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y los demás integrantes del máximo Tribunal para poner en marcha la primera experiencia del protocolo pionero para agilizar causas de violencia de género y familiar. 

Sobre el tema, la ministra del STJ y presidenta de la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes de la República Argentina, Cristina Irene Leiva, aseguró al programa Primera Plana, que se emite por FM de las Misiones 89.3 y Canal 7 “Somos Misiones” de Flow, que son múltiples los beneficios. En primera lugar, porque habrá una sola denuncia digital que permitirá a la Policía y al juez en turno trabajar sobre la misma en tiempo real.

“El trámite antes era papelizado o escaneado para ser enviada al juez en turno de la localidad que sea. Ahora se logró hacer una denuncia digital única. Tiene más de 74 campos donde se completarán los datos de la víctima, victimario, entorno familiar, etc para darle una misma denuncia a toda la provincia. Esa denuncia digital se hace en las comisarías y se levanta a una nube que le llega al juez en turno para entender en la causa. En materia de seguridad, el sistema está encriptado”, indicó la ministra Leiva.

Reveló que antes “la Policía de Misiones tenía un sistema digital distinto, que no era compatible. Entonces, se demoraba todo y era muy burocrático y lento”.

Sin embargo ahora, “Una persona que ingresa desde la Policía o la Justicia, va a dejar su historial que permitirá trabajar -desde la primera actuación- para proteger a la víctima y a todo el entorno familiar y dar contención a los niños y niñas. Habitualmente, en una familia conflictiva donde entran y salen del sistema, hay consecuencias médicas, con los chicos en el colegio e inclusive con chicos que terminar ingresando al sistema penal”, indicó Cristina Leiva.

Ese historial estará disponible de manera permanente, siendo visible entre los actuantes en cualquier punto de la tierra colorada. “Si un juez, dentro de unos años mira, podrá observar si un menor estuvo institucionalizado con uno, dos o cinco expedientes donde hay un ámbito de violencia. Eso le servirá para dar las terapias y contenciones que le hagan bien”, agregó.

 

Un cambio inédito

“Es un cambio paradigmático ya que en ningún lugar de la Argentina el Poder Ejecutivo trabaja en línea directa con la Justicia en turno en violencia familiar, que hoy es la prioridad por ser el más grave”, sentenció la ministra del STJ.

En ese sentido, la magistrada explicó que “se va a ganar muchísimo en horas de trabajo, se van a tener las estadísticas al día, muy claras, para que el Poder Judicial u otros Poderes puedan tomar las políticas claves. Por ejemplo, se podrá tener datos de mujeres o niños y niñas en riesgo; los hogares de acogida, los psicólogos que harán falta, entre otros”.

Leiva aseguró que “seremos los primeros en implementarlo en el país y luego lo transmitiremos a todos los que quieren ponerlo en marcha, incluso los distintos países”.

 

No más estamentos estancos

En un trabajo conjunto que se realiza con la Organización de Estados Americanos (OEA), Leiva es la coordinadora del Área del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Recientemente, a pedido del organismo internacional, la Argentina debió presentar un informe sobre qué hizo en la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia por los convenios internacionales a los que adhirió.

Entonces, detectaron que “las provincias estaban trabajando muchísimo pero en compartimientos estancos. Todas las municipalidades estaban con problemas para erradicar la violencia o implementar programas de atención a las víctimas; todos los poderes Judicial entrenaban a sus jueces, pero los esfuerzos no se unían, eran locales”, admitió Leiva.

“Se concluyó que había que unificar las fuerzas, con todos los recursos económicos y humanos como -por ejemplo- los que en Misiones tenemos a disposición, a partir de las políticas públicas implementadas por ley de la Legislatura en el Ejecutivo. Se me ocurrió entonces la idea de unir los esfuerzos y que se pueda hacer una denuncia única, para que todos trabajemos sobre lo mismo, compatibilizando los sistemas”, recordó Leiva sobre esta iniciativa.

En ese sentido, la Ministra del STJ agregó que “el problema es que se hace el trabajo pero se gastan muchos recursos de manera separada cuando eso se debe mancomunar. Entonces la víctima llega con toda la carga que conlleva, muchas veces con riesgo de vida, y pueda contar una sola vez su caso sin tener que hacerlo seis o siete veces, revictimizándose a ella y a su grupo familiar”.

Con este nuevo protocolo entre el Ejecutivo (con la Policía) y los jueces “van a tener a disposición no solo esa denuncia sino una historia de cómo llega el caso”.

La titular de la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes del país, destacó que “en Misiones se da que mucha gente migra de pueblo, los golpeadores cambian de pareja pero uno mira la trazabilidad y se puede dar cuenta que estamos ante la misma persona pero teniendo conflictos en otra localidad. Es clave tener ese dato para tomar la decisión correcta”.

 

Tags: Cristina LeivaFM 89.3JusticiaOscar Herrera AhuadSuperior Tribunal de Justicia STJViolencia de géneroViolencia familiar
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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