El INDEC dará a conocer en las próximas semanas los últimos indicadores sociales antes de las elecciones presidenciales de octubre. Será una foto “vieja”: no reflejará el impacto de la devaluación del tipo de cambio oficial post PASO y del fogonazo inflacionario que la acompañó, y que amenaza con una caída más pronunciada del poder de compra del salario y otros ingresos fijos de la población, que agravará, por ejemplo, los índices de pobreza.
Ya hay algunas estimaciones preliminares en el sector privado sobre qué podrían reflejar los números de pobreza e indigencia y de desocupación del primer semestre. Por lo pronto, la conclusión más evidente es que se tratará de un dato que sufrió, en los meses siguientes a junio, una reconfiguración del escenario macro que pondrá en tensión esas cifras.
Una aproximación en ese sentido hizo la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que desarrolla una medición particular de pobreza en base a datos oficiales, con semestres móviles. “La Canasta Básica Total promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $67.637 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 113,5%.
Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 93,9%”, observó la UTDT.
En ese sentido, los analistas de la casa de altos estudios plantearon que “con estos datos y la simulación de los microdatos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) del segundo y tercer trimestre de 2023 se proyectó una tasa de pobreza de 42% de la población para el semestre febrero-julio, con un intervalo del 95% de confianza entre (40,5%, 43,5%)”.
Por otro lado, destacan que hubo una suba muy clara en la incidencia de la pobreza entre el primer trimestre del año y el segundo. “La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 38,7% de la población para el primer trimestre de 2023, 44,4% para el segundo trimestre de 2023 y 40,9% para el mes de julio de 2023”, mencionó ese centro de estudios.
“Esta proyección sugiere que 42% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La población urbana capturada por la EPH en el semestre de referencia se estimó en alrededor de 29,2 millones de personas lo que implica que alrededor de 12,3 millones viven en hogares urbanos pobres”, planteó.
Más allá de esa foto puntual, la secuencia promete que la situación será más crítica en los meses posteriores, precisamente por el efecto de la devaluación de agosto y una inflación que avanzó a ritmo de dos dígitos mensuales, según estiman en el Gobierno y en el sector privado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conocerá esta semana.
La consultora LCG también consideró que “una de las consecuencias directas de este nuevo escenario será el deterioro de indicadores socioeconómicos, principalmente la pobreza”, mencionó. “Ya instalada en niveles que superan el 40%, el nuevo salto inflacionario supondrá un nuevo incremento”, apuntó y además le puso números a ese potencial aumento de la pobreza.
“Solo para tener dimensión, 10 puntos de inflación en la canasta básica dejan 1.500.000 nuevos pobres, 5% de pobreza adicional (según datos de la EPH del cuarto trimestre de 2022).
A su vez, la actividad anémica y el clima de desconcierto le quitan poder de negociación a los trabajadores, por lo que es de esperar el surgimiento de nuevos asalariados pobres”, consideró.
“Los salarios quedarán más atrasados, con un recorte real del 33% acumulado en 6 años (16% en los últimos 4 años). En el caso de los salarios informales la situación sería todavía peor llegando a caer 52% en el mismo período (34% desde diciembre 2019)”, planteó LCG.
La consultora Ecolatina, por su parte, hizo un análisis sobre lo que podría pasar en el mercado laboral, tomando en consideración que es un indicador social que muestra números positivos, aunque en un contexto de fuerte caída del poder de compra.
“Si bien a priori se puede pensar en una fuerte disociación con los niveles de actividad económica del primer semestre, lo cierto es que la medición de esta última es mucho más sensible al golpe que la sequía le propinó al agro: excluyendo este sector, estimamos que la economía creció 1,3%, un guarismo más en línea con lo acontecido con el empleo formal”, analizó Ecolatina en base a los últimos datos oficiales laborales.
“Al igual de lo que prevemos ocurrirá con la actividad económica, el crecimiento que se viene observando en el empleo formal, y en particular de los asalariados del sector privado, comenzará a desinflarse en la segunda mitad del año.
Esto no solamente estará vinculado a la profundización del escenario recesivo, sino también a la mayor incertidumbre acerca de lo que ocurrirá luego de los comicios”, aseguró en un informe a clientes.
“En cualquier caso, esperamos que, a diferencia de la actividad económica, el promedio del año cierre en terreno positivo, y el avance del empleo sea uno de los principales activos de la actual administración: terminados los 4 años de gobierno habrá crecido alrededor del 5% si tenemos en cuenta el crecimiento poblacional.
La contracara ¿o la explicación?, sin embargo, estará en el salario real que, incluso en el caso de los trabajadores registrados, retrocederá más de 6% a lo largo del mandato”, concluyó el informe de marras.
Para Fundación Capital, “el desafío social resulta muy preocupante” para el gobierno que asuma en diciembre, en referencia a la “herencia” en términos sociales.
“Los ingresos resultan inferiores a los de otros años de elecciones: el salario del sector privado registrado, el menos afectado dada las recurrentes negociaciones salariales, caería un 4,1% interanual en el 2023 en términos reales, ubicándose 5,3% por debajo del ingreso de 2019 y 18,5% de 2015”, apuntó la consultora en un informe semanal.
