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Gobierno-FMI, con los números en rojo

En tiempo récord, Argentina se encamina a incumplir con las tres metas principales del acuerdo. Alertan que se viene un invierno duro, con escasez de gas y de dólares.

2 mayo, 2022

En apenas tres meses lo que era un acuerdo light o para salir del paso hasta llegar las elecciones se volvió imposible de cumplir. Ahora el Staff del FMI y el equipo económico deberán definir qué camino seguir: si solicitar una serie de waivers, o dispensas, para seguir recibiendo los desembolsos o directamente se dispone una modificación sobre la marcha de las exigencias planteadas inicialmente. El peor escenario -para el Fondo y para el Gobierno- sería dejarlo caer y condenar al país a un nuevo default.

Si bien falta que arranque la revisión formal, a partir del 10 de mayo próximo, ya es un secreto a voces que la reducción del déficit fiscal hasta 2,5% no se alcanzará. Con suerte se podría repetir el 3% del año pasado. Además, empezaron las primeras señales de que la emisión monetaria para financiar al Tesoro tampoco disminuirá como estaba previsto en las metas asumidas ante el Fondo.

Lo propio sucederá con la meta de reservas netas. Existe un compromiso anual de acumulación de casi USD 6.000 millones, pero que al igual que el resto de las exigencias debe irse cumpliendo en forma trimestral. Por ejemplo, en los próximos dos meses el Central debería comprar USD 2.300 millones. Pero en los cuatro primeros meses del año apenas consiguió unos USD 100 millones con intervenciones en el mercado cambiario. Ni siquiera una soja arriba de USD 600 alcanza hoy para lograr ese objetivo.

El acuerdo arrancó viejo en enero y hoy es letra muerta. La proyección de inflación quedó también totalmente desactualizada. Se había estipulado un techo de 48%, pero será al menos 15 puntos más alta. Podría ser más, ya que ahora se estima un nivel más cercano al 70% para todo el 2022. Tal como viene haciendo Martín Guzmán en los últimos años, el FMI subestimó notablemente la aceleración de precios, que hoy pone a la Argentina incluso por encima de Venezuela.

El “corazón” del arreglo con el Fondo pasaba justamente por ordenar las variables fiscales y financieras para promover una baja de la inflación. Pero requiere de mucha disciplina y tiempo y ninguna de las dos está disponible para un Gobierno asediado por internas y por el deterioro social.

También empezó a haber “ruido” con la meta monetaria. El Tesoro consiguió un buen “colchón” en el primer trimestre del año, pero ya en abril no pudo renovar todos los vencimientos en moneda local. En la medida que no pueda conseguir más dinero fresco, dependerá en forma creciente de la ayuda del Banco Central. Los cálculos de economistas privados estiman que la reducción de la emisión al 1% del PBI es inviable (es “la meta” para este año) y que en realidad podría superar el 2%.

“Abril es el primer mes desde la reestructuración de la deuda del 2020 en el que el Tesoro no consigue renovar vencimientos por un monto significativo”, señaló un informe de Consultatio Asset Management. El informe agrega otra dimensión al evaluar las consecuencias de los problemas para conseguir dinero fresco: “Habrá dificultades crecientes para colocar deuda en pesos con vencimiento más allá de 2023 sin un acuerdo político amplio que disminuya el riesgo de reperfilamiento”.

El arreglo cumplió el objetivo de evitar un desborde del tipo de cambio. Los distintos dólares financieros hoy siguen por debajo de los niveles de fin de 2021, a pesar de que la inflación acumulada superó el 20%. Sin embargo, le pasó algo similar al arreglo con los bonistas, porque no consiguió mejorar las expectativas.

El riesgo país sigue por encima de los 1.700 puntos básicos y nada indica que vaya a mejorar al menos en lo que resta del mandato de Alberto Fernández. Los bonos volvieron a caer debajo de los USD 30. En diciembre de 2023 se cumplirán más de cinco años sin acceso a los mercados financieros.

Acreedores privados

En definitiva, el acuerdo con el FMI terminó igual que la renegociación de la deuda que realizó Guzmán en 2020. Fue un alivio financiero que despejó el horizonte de corto plazo, pero no logró encauzar expectativas ni reducir la fuerte desconfianza de los mercados.

La Argentina no sólo es defaulteador serial, también es incumplidor serial. En general este tipo de acuerdos con el Fondo se iban deteriorando progresivamente hasta que se terminaban suspendiendo los desembolsos. Lo que no es habitual es que todo ocurra con tanta rapidez.

Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania serán utilizados como justificación. Por un lado, porque el salto de los precios de los alimentos le agregará varios puntos a la inflación del 2022. A su vez, el encarecimiento de la energía no sólo le pega a los precios, como en todo el mundo; en el caso local también tiene un efecto directo sobre las cuentas fiscales y las reservas.

La necesidad de usar más dólares para comprar energía es un fuerte condicionante para el invierno. Por eso las dificultades para las importaciones continuarán o incluso podrían agravarse en los próximos meses. Las quejas de los sectores industriales que no pueden acceder a insumos van en aumento, pese a que el Central liberó importaciones por más de USD 7.000 millones en marzo, una cifra récord, que se repetiría en abril.

Aunque se abrió más el grifo de las importaciones en los últimos meses, los incrementos de precios en dólares y el encarecimiento de los fletes provocan que varios sectores enfrenten dificultades para abastecerse. Por eso no alcanza el esquema establecido por el Central, de autorizar ventas por el mismo valor en dólares que el año pasado más un 5% adicional como máximo.

La brecha cambiaria hace el resto. Los exportadores demoran todo lo posible para vender a la espera de una mejor cotización del dólar oficial. Y los importadores buscan acopiar todo lo posible justamente para aplicar rápidamente los pesos. Así las cosas, la Argentina se encamina a un invierno que estará marcado por la escasez en modo amplio. Aunque el Gobierno niega que esté previsto cortarle el suministro al sector industrial, las empresas comenzaron con los aumentos de precios “preventivos”, ante el riesgo de tener que parar la producción por falta de energía en los próximos meses.

Tags: #economíaArgentinaCrisisDefaultFondo Monetario Internacional FMIInflaciónMartín Guzmán
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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