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Trece policías al banquillo por tortura y muerte de Hugo Wasyluk

24 noviembre, 2021

Más de una década después y luego que se frustrara el inicio del juicio el pasado 3 de noviembre, todo hace presumir que a partir de hoy, finalmente se sentarán en el banquillo los 13 policías acusados por la muerte de Hugo Miguel Wasyluk (38). El proceso judicial que está en su etapa final, comenzó el 27 de abril de 2011, cuando a este hombre lo encontraron sin vida en una celda de la comisaría Primera de Oberá, tras haber sido detenido dos días antes.

Tal como lo ha informado este Diario, por la cantidad de personas que va involucrar el desarrollo del debate, el Tribunal Penal de Oberá llevará a cabo las audiencias en un lugar con dimensiones acordes, el cual será la sede del Oberá Tenis Club, donde ya se llevaron a cabo dos juicios semanas atrás.

La apertura está prevista para las 8.30, hora en la que los magistrados Francisco Clavelino Aguirre, José Pablo Rivero y el subrogante Jorge Erasmo Villalba, presidirán las siete audiencias previstas. Éstas serán este miércoles 24 y jueves 25, para continuar el 1, 2, 6, 7 y finalizar el 9 de diciembre, que según está diagramado será el día de lectura de sentencia.

De todos los acusados, los que enfrentan la calificación más grave son Pedro De Mattos (48), Carlos Antonio Gómez (33) y Ricardo Javier Rodríguez (37). Están imputados por “tortura seguida de muerte”.

Luego, Jorge Antonio Heijo (37) y Wilson Ricardo González (56), están acusados de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por último, Miguel Ángel Espíndola (51), Hugo Ariel Basaraba (31), Carlos Ariel Lentini (41), Andrea Roxana Harasimezuk (42), Alejandro Fabián Núñez (52), Luis Alberto Silva (47), Gustavo Javier Fontana (48) y el médico José Morales (50) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

Respecto a los defensores, Cristina Salguero será la representante del sargento Mattos. Cabe aclarar que había asumido la defensa el 2 de noviembre pasado, menos de 24 horas antes de la primera fecha fijada para el juicio. Como es familiar de la fiscal titular ante el Tribunal, esto generó que Estela Salguero debiera apartarse para no romper el principio de imparcialidad. Fue designada la fiscal de Instrucción 2 de Oberá, Myriam Estela Silke. Ante la imposibilidad de que se interiorizara de la causa en tan breve lapso, se postergó la fecha.

Marcelo Carísimo será el defensor de Ricardo Javier Rodríguez y Wilson Ricardo González. José Luis Rey y Eduardo Paredes son los abogados de Jorge Antonio Heijo y Carlos Antonio Gómez.

Javier Millán Barredo representará a Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Roxana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y José Orlando Morales.

La querella que representa a la esposa y al hijo de la víctima estará a cargo de Rafael Pereyra Pigerl mientras que por la parte civil estarán los abogados Héctor Rubén Sánchez (ex juez Civil y Comercial) y Luciano Wall, ambos en representación de la madre, el hijo y los hermanos de Hugo Wasyluk.

 

Detención y muerte

Según el expediente, Hugo Wasyluk fue detenido cuando caminaba al costado de la ruta en jurisdicción de Villa Bonita. Oficialmente se había indicado que el hombre había tenido una fuerte discusión con su hermana y luego salió de la vivienda. Una patrulla con cinco integrantes fue a interceptarlo.

La noche del 25 de abril de 2011 Wasyluk fue ingresado al calabozo. Le pidió frazadas y comida a su madre. El día 26, nadie revisó la celda donde estaba alojado. A las 0.20 del 27 de abril, lo encontraron muerto sentado en el inodoro.

La autopsia reveló que murió por “shock hipovolémico y asfixia por aspiración de líquido intestinal”. El cadáver presentaba “múltiples lesiones traumáticas a nivel torácico de tipo compresivas, producidas con gran peso”, como si alguien se hubiera arrojado sentado sobre el pecho de la víctima. De forma contundente, el hombre murió a causa de una golpiza.

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Tags: #Judiciales#OberáHomicidioHugo WasylukMisionesPolicía
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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