La crisis yerbatera volvió a escalar con un nuevo pedido de renuncia contra Rodrigo Correa, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Esta vez, el reclamo fue impulsado mediante una carta firmada por organizaciones productivas, cooperativas, referentes sociales, académicos, dirigentes agrarios y productores, que responsabilizaron al funcionario por el deterioro económico e institucional del organismo.
El documento sostiene que la gestión de Correa ocasionó un “profundo daño” a la principal economía regional de Misiones y le reprocha, además, su condición de comprovinciano. Los firmantes plantearon que ningún funcionario misionero debería aceptar que, “en nombre de una política nacional”, se sacrifiquen la producción primaria, las familias agrarias, los tareferos, las cooperativas y las instituciones vinculadas al desarrollo de la provincia.
La presentación se suma a otros cuestionamientos recientes contra la conducción del INYM. El 22 de junio, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) ya había formalizado un pedido de renuncia contra Correa, al considerar que su gestión no logró revertir el deterioro que afecta a productores, tareferos y otros actores de la cadena productiva.
En la nueva carta, los firmantes afirman que, a más de siete meses de gestión, el desempeño del presidente del INYM “perjudica” al sector y se expresa en un deterioro institucional “sin precedentes”, con paralización de funciones y una situación crítica para productores primarios, trabajadores rurales, cooperativas, pequeñas y medianas industrias y otros actores de la actividad yerbatera.
Críticas a la desregulación
Uno de los ejes centrales del documento apunta contra los efectos de la desregulación del mercado yerbatero. Según los firmantes, las medidas defendidas por Correa fueron justificadas bajo la promesa de mayor competencia, incremento de la producción, mejora del mercado y beneficios para los consumidores. Sin embargo, sostienen que los datos muestran una realidad opuesta.
La carta señala que entre enero y abril de 2024 se cosecharon 268.297.370 kilogramos de hoja verde, mientras que en el mismo período de 2026 la producción cayó a 151.910.206 kilogramos, lo que, según el documento, representa una retracción superior al 40%. También advierte que las ventas en el mercado interno registraron durante los primeros meses de 2026 los niveles más bajos de los últimos años.
A partir de esos datos, los firmantes cuestionan el argumento oficial de que la desregulación generó beneficios para el conjunto del mercado. “Si Ud. prometió mayor producción, mayor competencia y mayores beneficios para los consumidores, ¿cómo se explica que simultáneamente caigan la cosecha, el consumo y los ingresos de los productores?”, plantearon.
La discusión por la desregulación ya había llegado al Congreso nacional en mayo, durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde productores, trabajadores rurales, cooperativistas, intendentes, legisladores y representantes del INYM expusieron posiciones enfrentadas sobre el impacto del DNU 70/2023 en la actividad yerbatera.
“Desmantelamiento institucional”
Además de los cuestionamientos económicos, la carta acusa a Correa de haber impulsado un proceso de “desmantelamiento institucional” del INYM. Los firmantes sostienen que durante décadas el organismo construyó equipos técnicos, sistemas de registración, mecanismos de fiscalización, herramientas de control de calidad y capacidades operativas que permitieron el desarrollo de la actividad.
En ese punto, cuestionan el despido de 21 trabajadores con experiencia en el sector y advierten que esas decisiones habrían afectado áreas estratégicas como Fiscalización, Registros y el Área Técnica. Para los firmantes, no se trató de una simple reducción de personal, sino de la pérdida de recursos humanos especializados cuya formación demandó años.
El documento también plantea dudas sobre la capacidad actual del organismo para cumplir funciones esenciales vinculadas al control de calidad, la fiscalización de operadores, la trazabilidad del producto y la protección de consumidores. Incluso menciona preocupación por la posible circulación de yerba mate sin estampillas oficiales, situación que, de verificarse, afectaría el financiamiento institucional del INYM.
Los firmantes también cuestionan lo que consideran una limitación del funcionamiento del Directorio, de las subcomisiones y de los espacios de discusión entre los distintos eslabones de la cadena. Según la carta, el organismo quedó reducido a una estructura mínima, con pérdida de capacidades técnicas, administrativas y participativas.
El precio de la hoja verde y la góndola
Otro de los puntos más duros del planteo refiere a la relación entre el precio que recibe el productor y el valor que paga el consumidor. La carta sostiene que la caída del precio de la hoja verde no se tradujo en una baja equivalente en góndola, por lo que, según los firmantes, el costo de la desregulación fue absorbido principalmente por productores y trabajadores.
En esa línea, afirman que no se combatió ningún monopolio, sino que se desprotegió al eslabón más débil de la cadena y se fortaleció la posición de los actores con mayor poder de mercado. Según el documento, el consumidor no recibió una reducción equivalente al derrumbe de la materia prima, mientras que el productor absorbió la mayor parte del ajuste.
El reclamo coincide con planteos que distintas entidades realizaron durante las últimas semanas. En una reunión de productores en Oberá, referentes yerbateros advirtieron sobre la caída de la rentabilidad, los bajos precios de la hoja verde, el impacto de la desregulación y el riesgo de pérdida de cosecha. Allí, Hugo Sand, dirigente de APAM, afirmó que la desregulación favoreció a las grandes empresas y denunció una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la cadena.
La carta también rechaza la idea de que el nuevo escenario haya generado una “negociación directa” equilibrada entre productores e industrias. Por el contrario, sostiene que el Estado se retiró de la mesa y dejó a miles de productores frente a un grupo reducido de grandes compradores, con capacidad financiera, logística e industrial para imponer condiciones.
Falta de transparencia y designaciones
El documento también apunta contra presuntas decisiones vinculadas a contrataciones y cobertura de cargos jerárquicos dentro del INYM. Los firmantes afirman que esas medidas no habrían sido debidamente informadas ni debatidas en el ámbito del Directorio, y mencionan preocupación por el intento de designar a un excandidato de La Libertad Avanza en funciones del Área Técnica del organismo.
Estas decisiones -afirman- reflejan una creciente discrecionalidad y se agravan por haber sido adoptadas en simultáneo con el desplazamiento de personal técnico con experiencia. También reclaman explicaciones sobre el destino de los recursos presupuestarios que, según los argumentos oficiales, se habrían liberado por la reducción de personal y de actividades operativas.
Reclamo político y pedido de renuncia
Hacia el final, la misiva adopta un tono político más marcado. Los productores sostienen que Correa, por su origen misionero, tiene una responsabilidad mayor frente a la provincia y le plantean que, si no puede ejercer la presidencia del INYM defendiendo los intereses de la producción yerbatera misionera, debería presentar su renuncia.
“Ningún cargo vale más que el respeto de la propia comunidad que lo vio nacer”, expresa el documento antes de enumerar las firmas de productores, organizaciones agrarias, cooperativas, referentes académicos, dirigentes sociales y espacios políticos.
Entre los firmantes figuran Luis Alberto Andrusyszyn, de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Sur; Hugo Sand, de APAM; Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, de Casa Familia Yerbatera de San Pedro; Julio Alfredo Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Salvador Torres, de Cooperativa Río Paraná y el Movimiento Agrario de Misiones; Héctor Bárbaro, de la Asociación Misionera Productores de Yerba Mate; y Ricardo Sirotiuk, de FONAF, entre otros. También adhieren referentes sociales, académicos, ambientales y políticos.
“Pantallazo”
La carta completa aquí👇
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