El femicidio de Patricia Raquel González, empleada municipal asesinada en Posadas, volvió a exponer una pregunta dolorosa y urgente: qué pasa después de una denuncia por violencia de género y cómo se sostiene el acompañamiento cuando una víctima retoma el vínculo con su agresor.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, Sandra Galeano, habló tras el crimen y reconoció el impacto que generó el caso. “Estamos muy consternados con la noticia. La verdad que nos duele a todos. Creemos que la muerte de una mujer en manos de un agresor es inadmisible, no se puede comprender, no se puede entender”, expresó.
La funcionaria sostuvo que la Provincia continúa trabajando con herramientas de prevención y contención, aunque admitió que cada nuevo caso obliga a revisar respuestas, tiempos y responsabilidades. En ese sentido, planteó una pregunta que atraviesa a todo el sistema de protección: “¿Llegamos tarde de nuevo?”.
El caso de González tenía un antecedente relevante: una denuncia previa por violencia. A partir de ese dato, Galeano puso el foco en la etapa posterior a la primera intervención estatal. Para ella, cuando una mujer denuncia y luego vuelve con su agresor, la reacción del entorno no debería ser el juicio ni el abandono, sino una alerta mayor. “Siempre escuchamos que se juzga a la víctima que vuelve con su agresor luego de la intervención del Estado, y esto es lo que no tenemos que aceptar”, remarcó.
La funcionaria explicó que ese regreso no siempre responde a una decisión libre. Puede estar condicionado por amenazas, extorsiones, dependencia económica, miedo o por el propio ciclo de la violencia, que muchas veces impide a la víctima cortar definitivamente el vínculo. Por eso insistió en que, si una mujer vuelve con su agresor, “es por algo” y es justamente en ese momento cuando más acompañamiento necesita.
Ese proceso es parte de una violencia estructural e histórica que afecta incluso la subjetividad más íntima de las víctimas. Después de tomar el coraje de denunciar, muchas mujeres quedan expuestas a prejuicios de su propia familia, de la comunidad o del entorno cercano. En algunos casos son cuestionadas por haber denunciado; en otros, por haber regresado.
Ese doble castigo social -advirtió Galeano- profundiza la soledad de la víctima, por lo que no es extraño encontrar casos en los que, después de una medida judicial o incluso después de la detención de un agresor, la mujer retoma el vínculo o lo visita en la cárcel. Para la funcionaria, esos comportamientos no deben leerse desde el prejuicio, sino desde la complejidad del círculo de la violencia.
En ese punto, señaló que existe una matriz cultural muy fuerte, sostenida por patrones cotidianos que requieren educación, prevención y deconstrucción. Adelantó, además, que ya se encuentra trabajando con sus equipos para profundizar esas líneas de intervención. “Hay que seguir trabajando y es una tarea de todos. Toda la sociedad tiene que contribuir a este trabajo de prevención, de contención a la víctima, de ayuda”, sostuvo.
La funcionaria también se refirió a la imagen que muchas veces el entorno tiene de las parejas atravesadas por violencia. En el caso de González, contó que escuchó a vecinos describirlos como una pareja “correcta”, “amable” o “amigable”. Sin embargo, advirtió que la violencia suele ocurrir puertas adentro y que por eso es fundamental mirar las señales previas. “Aparentemente. Pero las cuestiones pasan entre cuatro paredes y ahí es donde tenemos que mirar las alertas”, afirmó.
Respecto de la denuncia realizada el año pasado por la víctima, Galeano dijo que había elementos que requerían un seguimiento cuidadoso. Sin entrar en detalles puntuales del expediente, reconoció que esa situación obliga a preguntarse qué falló y cómo mejorar los mecanismos de acompañamiento. Aunque evitó señalar una única responsabilidad, apeló a una mirada más amplia y habló de la corresponsabilidad entre el Estado, la Justicia, las instituciones y los entornos cercanos
En ese marco, pidió a las familias no desentenderse cuando una integrante del grupo familiar atraviesa una situación de violencia y reiteró que, si una mujer denunció y luego volvió con su agresor, familiares, vecinos y amigos deben permanecer atentos, volver a pedir ayuda y denunciar nuevamente si advierten riesgo. “Estén atentos 24/7. Y si saben que volvió con el agresor, vuelvan a hacer la denuncia, vuelvan a pedir ayuda. No se cansen de denunciar”, pidió.
Además, reconoció que muchas personas sienten frustración cuando repiten denuncias y no perciben una respuesta inmediata. Sin embargo, insistió en que esas presentaciones son el pedido de auxilio que permite activar la intervención estatal. La situación puede llegar a conocimiento de las instituciones por una denuncia directa de la víctima, por un tercero denunciante o por un funcionario obligado. “Es la única manera en que esa situación llega a nuestro conocimiento”, explicó, y aclaró que al hablar de “nuestro” se refería al conjunto de instituciones que intervienen.
También pidió mayor empatía en todos los organismos que reciben denuncias y actuaciones vinculadas a violencia. Sostuvo que cada caso debe ser tomado con atención y sin descuidar el seguimiento posterior. Pero volvió a remarcar que el Estado necesita del entorno para detectar situaciones que muchas veces ocurren dentro de la vivienda o en espacios donde la víctima no puede pedir ayuda de manera directa.
Ante el planteo de si no es momento de crear un organismo que trascienda al Gobierno de turno e involucre de manera articulada a la Justicia, la Policía y las autoridades políticas, para que el abordaje de la violencia de género sea una verdadera cuestión de Estado, respondió que, desde su mirada, las políticas públicas existen, están vigentes y se encuentran activas. Como ejemplo, señaló que la sede central de la Subsecretaría recibe semanalmente entre 200 y 250 personas que se acercan a pedir ayuda.
A ese movimiento se suman los llamados telefónicos a la Línea 137, los mensajes de Whatsapp que reciben los equipos y las derivaciones judiciales. Según detalló, ingresan aproximadamente entre 300 y 400 denuncias por pedido de intervención, muchas de ellas convertidas en oficios por el Poder Judicial y remitidas a la Subsecretaría para contención y seguimiento.
La funcionaria también mencionó el trabajo con municipios, áreas sociales, áreas de género y comisarías de la Mujer. Señaló que las denuncias se están tomando y que se incrementaron las presentaciones realizadas por funcionarios obligados, especialmente cuando la víctima no logra identificar la violencia, no puede visualizar el riesgo o se niega a radicar la denuncia. En ese punto destacó el rol de policías y docentes. Dijo que hay efectivos que denuncian cuando corresponde y maestros que advierten situaciones a partir del relato de niños que cuentan que sus madres son víctimas de violencia. “Esos compromisos institucionales son parte de la red que permite intervenir”, destacó.
No obstante, persiste la preocupación de que existan antecedentes en los que ciertas situaciones no alcanzaron el estado público o institucional que merecían, precisamente al involucrar a funcionarios o sectores políticos. En este sentido, se plantea que, más allá de las buenas intenciones y de los dispositivos vigentes en Misiones, la acción concreta a veces pesa más que la voluntad declarada.
Para Galeano, ese problema debe leerse también en un contexto más amplio, nacional e internacional, donde la violencia de género todavía es puesta en duda en muchos espacios. Mencionó especialmente los discursos que instalan la sospecha sobre las “denuncias falsas” y que colocan a la víctima en una posición defensiva antes incluso de pedir ayuda. Según explicó, cuando se cuestiona de manera permanente la palabra de las mujeres, muchas víctimas comienzan a preguntarse si les van a creer, si su caso será juzgado con seriedad o si su agresor recibirá una condena. Esa duda, dijo, puede inhibir la denuncia y profundizar el silencio.
La funcionaria reconoció que la violencia atraviesa todos los sectores sociales, incluidas las altas esferas políticas. “Nadie está exento de ser víctima o agresor”, resumió.
También sostuvo que la sociedad debe interpelarse de manera integral. Para Galeano, la violencia de género es una problemática social mundial y exige que todas las instituciones, autoridades y comunidades revisen sus prácticas. En ese marco, cuestionó que, mientras los femicidios se repiten en el país, todavía se insista en poner bajo sospecha a las víctimas.
“No podemos estar, cuando tenemos un femicidio cada 44 horas, cada 31 horas -no sé exactamente cuál es la cantidad horaria de diferencia entre femicidios-, pero vemos que todos los días hay femicidios en el país, y todavía seguimos diciendo: ‘¿Será que la víctima miente?’”, planteó.
Al referirse a una encuesta según la cual siete de cada diez argentinos consideran que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y no una sucesión de hechos aislados, Galeano coincidió con esa lectura y vinculó el problema con patrones aprendidos desde la infancia. Contó que, en capacitaciones realizadas en escuelas, escuchó a adolescentes varones preguntar por qué las mujeres tienen “tantos derechos”. Para la funcionaria, esos comentarios muestran que ciertos discursos se reproducen en los hogares y que todavía falta un trabajo profundo para que las nuevas generaciones comprendan las desigualdades históricas que afectan a las mujeres.
Entre esas desigualdades mencionó la brecha salarial, las dificultades de acceso a estudios superiores, los mandatos domésticos y la idea persistente de que las mujeres deben quedar reducidas al cuidado, la maternidad o las tareas de la casa. Para graficar esa matriz cultural, volvió sobre la denuncia previa del caso González. Según relató, en aquella presentación aparecía un episodio en el que el agresor le había reclamado a la víctima por una prenda que no estaba en una percha. Ese reclamo, dijo, había desencadenado una situación de violencia. “Fíjense ustedes en qué lugar nos ubicamos a las mujeres, en qué lugar nos ubican en la sociedad”, señaló.
Luego sostuvo que aún escucha numerosos casos en los que las mujeres siguen siendo ubicadas culturalmente en el ámbito privado y doméstico, como si no pudieran aspirar a estudiar, trabajar o proyectarse profesionalmente. En ese contexto, anticipó que el 9 de junio se realizará un evento sobre la Convención de Belém do Pará, instrumento interamericano que hace 31 años marcó un cambio central al establecer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión privada, sino pública, de orden público y de Estado.
Para la funcionaria, ese principio todavía no terminó de incorporarse en la vida social. A pesar de las leyes y normativas vigentes, dijo, sigue siendo necesario explicar que, cuando hay violencia dentro de una casa, corresponde intervenir. Y en esa intervención no solo cuenta el Estado formal, sino también la comunidad. “El Estado somos todos: el vecino, el familiar, el jefe de esa persona”, afirmó.
Una víctima no vive aislada: trabaja, circula por instituciones, tiene vecinos, familiares, conocidos y espacios de contacto. Por eso Galeano cuestionó que muchas veces nadie advierta, o nadie quiera advertir, que esa persona está atravesando una situación de riesgo, Sin embargo reconoció que existe temor a involucrarse, pero ese límite cultural es parte de lo que debe cambiarse.
El femicidio de Patricia González, cuarto registrado en Misiones en lo que va del año, vuelve así a abrir una discusión que excede el expediente judicial. La denuncia previa, el retorno al vínculo, la soledad de muchas víctimas, la necesidad de no juzgarlas y la responsabilidad compartida entre Estado, Justicia, familias, vecinos, escuelas y lugares de trabajo aparecen como los puntos centrales de una realidad atravesada por una idea de fondo: cuando una mujer vuelve con su agresor, no hay que soltarle la mano; hay que aumentar la alerta.
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