La decisión del Gobierno nacional de dejar de financiar los pasajes gratuitos para personas con discapacidad generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, familias y referentes del sector, que advierten sobre un escenario de “incertidumbre absoluta” y un posible retroceso en derechos básicos vinculados al acceso a la salud, la educación, el trabajo y la inclusión social.
La polémica se profundizó luego de la publicación de la resolución 28/2026, mediante la cual el Estado nacional deja de asumir el costo de los boletos gratuitos de media y larga distancia para personas con discapacidad y delega esa obligación a las empresas de transporte.
Gabriela Troiano, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestionó duramente la medida y aseguró que forma parte de una política sistemática de desprotección hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Esta resolución va en una línea que ya conocemos porque venimos padeciendo decisiones del Gobierno que están fuera de la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son medidas que estigmatizan y tienden a dejarnos sin derechos”, sostuvo en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Aunque el Gobierno sostiene que la gratuidad continúa vigente, Troiano advirtió que el problema central es quién garantiza efectivamente ese derecho.
“El Estado dice que no elimina la gratuidad, pero al retirarse del financiamiento deja a las personas con discapacidad y a sus familias solas frente a las empresas. Y muchas veces esas familias no tienen posibilidad económica ni siquiera de iniciar acciones judiciales”, remarcó.
La dirigente explicó que la situación afecta de manera directa el acceso a tratamientos médicos y controles de salud, especialmente para quienes deben trasladarse desde el interior del país hacia centros especializados.
“Pensamos en la enorme cantidad de chicos y familias que viajan al Hospital Garrahan desde distintas provincias. Si no tienen transporte, puede interrumpirse un tratamiento o retrasarse un diagnóstico. Estamos hablando de situaciones donde puede estar en juego la vida de una persona”, alertó.
También recordó que el beneficio alcanza a personas con enfermedades graves o trasplantes de órganos, quienes reciben Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) temporales durante sus procesos de recuperación.
“Esto no afecta solamente a personas con discapacidad permanente. También alcanza a pacientes oncológicos, personas trasplantadas y familias enteras que dependen de esos traslados para continuar tratamientos complejos”, explicó.
Troiano señaló que la medida agrava aún más la delicada situación económica que atraviesan muchas familias.
“Una familia donde hay una persona con discapacidad es una familia que se empobrece. Y en un país con altos niveles de pobreza estructural, esta resolución genera todavía más angustia, incertidumbre e inseguridad”, sostuvo.
Además, cuestionó que el Gobierno haya tomado la decisión sin establecer mecanismos claros de implementación ni protocolos para los usuarios.
“Ni siquiera explicaron cómo debe actuar una persona si la empresa le niega el pasaje. Hoy somos las organizaciones quienes estamos tratando de construir herramientas de defensa mientras el Estado se corre de su responsabilidad”, indicó.
En ese sentido, REDI recomendó que las personas que sufran negativas al solicitar pasajes realicen reclamos formales por escrito y exijan constancias firmadas por las empresas.
“Estamos aconsejando que hagan un reclamo a mano alzada, con doble copia, donde quede asentado que la empresa negó el servicio. Porque necesitamos documentar lo que está pasando”, explicó.
Un Gobierno que no dialoga
La referente también apuntó contra la falta de diálogo del Ejecutivo nacional con las organizaciones del sector.
“Desde que asumió este Gobierno pedimos reuniones y jamás nos recibieron. Ni siquiera responden pedidos de acceso a la información pública. Tenemos que recurrir a diputados para que presenten solicitudes formales y aun así muchas veces no contestan”, denunció.
Troiano recordó además que la Justicia ya se expidió sobre el tema en causas anteriores vinculadas al financiamiento de pasajes gratuitos.
En 2024, cuando el Gobierno liberó a las empresas de transporte para cerrar recorridos considerados “no rentables”, las compañías reclamaron judicialmente que el Estado debía compensar económicamente los boletos gratuitos para personas con discapacidad.
“La Justicia dijo claramente que el Estado nacional tiene que pagar esos pasajes. Hoy la Cámara de Larga Distancia reclama millones de pesos porque la propia Justicia estableció que el financiamiento le corresponde al Estado”, subrayó.
También mencionó antecedentes judiciales previos, como un fallo del año 2010 que declaró inconstitucional parte del decreto 118/2006 vinculado a restricciones en los traslados gratuitos.
“Hay fallos ejemplares, pero muchas veces el problema es que el Estado no los cumple. El sistema democrático se basa en la división de poderes, pero acá pareciera que las resoluciones judiciales no importan”, cuestionó.
Otro de los puntos que generó preocupación es el posible impacto sobre la inclusión laboral y educativa de las personas con discapacidad.
“No podés acceder al trabajo si no tenés transporte accesible. Tampoco podés estudiar, formarte o sostener tratamientos. El transporte es la puerta de entrada a muchos otros derechos”, afirmó.
La dirigente también apuntó contra la precariedad económica de quienes perciben pensiones no contributivas.
“Hoy una persona con discapacidad que cobra una pensión recibe alrededor de 340 mil pesos. ¿Qué posibilidad real tiene de pagar transporte, alojamiento, comida y tratamientos?”, planteó.
Las cifras oficiales muestran además la magnitud del universo alcanzado por la medida. Según detalló Troiano, en Argentina existen alrededor de 1,3 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad, mientras que durante 2025 se utilizaron aproximadamente 1,5 millones de pasajes gratuitos de larga distancia.
“Eso demuestra que no existe un uso indiscriminado del sistema. Menos de la mitad de las personas con discapacidad usan efectivamente este derecho”, explicó.
En paralelo, universidades nacionales y organizaciones de derechos humanos comenzaron a analizar posibles estrategias judiciales para intentar frenar la aplicación de la resolución.
“La verdad es que estamos muy preocupados, muy angustiados y también con mucha bronca. Pero vamos a defender estos derechos porque el Estado tiene la obligación de garantizarlos”, concluyó Troiano.
“Pantallazo” de la noticia
Discussion about this post