Luego de que se conociera la implementación de los exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios provinciales, anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua días atrás y oficializado hoy lunes por medio del Decreto N° 776 del Boletín Digital, el ministro Coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori, respaldó la decisión al considerar que se trata de “una medida necesaria para fortalecer la transparencia y la confianza de la sociedad en las instituciones”.
El decreto firmado por el jefe del Ejecutivo provincial establece narcotests obligatorios, anuales y aleatorios para integrantes del Poder Ejecutivo, personal superior, fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios y trabajadores del sistema de salud pública.
“Seré el primero en hacérmelo porque esto transparenta la función pública y lleva tranquilidad a los misioneros”, expresó el funcionario, al tiempo que remarcó que la decisión “marca un rumbo claro de responsabilidad institucional”.
Además, consideró que la medida debe entenderse dentro de una política de Estado vinculada a la prevención de consumos problemáticos y al fortalecimiento de la ética pública. “Hoy las adicciones atraviesan a toda la sociedad y quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos dar el ejemplo”, señaló el exintendente de Campo Grande.
Sartori también convocó a otros funcionarios y sectores del Estado a acompañar la iniciativa “con compromiso y responsabilidad”, entendiendo que “la sociedad necesita saber que quienes toman decisiones lo hacen en plenitud de condiciones”.
“El gobernador tomó una decisión importante y valiente. Tiene que ver con garantizar transparencia, idoneidad y seguridad para todos los misioneros”, afirmó.
El ministro indicó además que la medida “no apunta a perseguir a nadie”, sino a consolidar mecanismos institucionales de control y prevención dentro del Estado provincial. “La función pública exige responsabilidad, equilibrio y compromiso permanente con la ciudadanía”, agregó.
El decreto firmado por Passalacqua se enmarca en el “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos” y establece que los exámenes serán implementados bajo criterios de confidencialidad, privacidad y protección de datos personales, además de prever mecanismos de contención y asistencia para los casos que así lo requieran.
