El Gobierno de Misiones oficializó la implementación obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos para funcionarios y agentes públicos provinciales, con el objetivo de detectar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en sectores estratégicos del Estado.
La medida fue adelantada el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, por medio del Decreto N° 776 y oficializada este lunes en el Boletín Digital de Misiones.
El narcotest alcanza al gobernador, vicegobernador, autoridades superiores y personal jerárquico de la Administración Central, además de integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado y empresas con participación estatal mayoritaria.
Según establece el decreto, los análisis deberán realizarse de manera anual y aleatoria. La primera evaluación tendrá que concretarse dentro de los 90 días hábiles desde la publicación oficial de la norma. Es decir, tendrán tiempo hasta casi mediados de julio para someterse al testeo.
La disposición también extiende los controles a efectivos de la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial, trabajadores del Ministerio de Salud Pública, del Parque de la Salud y de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones.
En estos casos, el procedimiento de selección para los análisis deberá garantizar “transparencia e igualdad de tratamiento”.
Qué sustancias serán detectadas
El decreto establece que los exámenes deberán descartar la presencia de distintas sustancias psicoactivas ilegales, entre ellas:
- Metabolitos de cannabinoides.
- Cocaína.
- Opioides.
- Anfetaminas.
- Metanfetaminas.
- MDMA y MDA.
- Barbitúricos, salvo prescripción médica.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que deberá reglamentar el procedimiento en un plazo de 30 días y definir el área encargada de realizar los estudios.
Qué ocurrirá ante un resultado positivo
La normativa prevé que, si se detecta consumo de sustancias prohibidas, el informe será remitido a la máxima autoridad del organismo donde se desempeñe el funcionario o agente.
En el caso de funcionarios políticos, el Poder Ejecutivo evaluará si corresponde mantenerlos en el cargo o relevarlos de sus funciones.
Para policías, penitenciarios y demás agentes alcanzados, las autoridades podrán determinar licencias, suspensión preventiva o incluso el cese de funciones, siempre bajo reserva y respetando el debido proceso.
Además, el decreto establece que deberán garantizarse mecanismos de asistencia y abordaje integral para personas con consumos problemáticos, con acompañamiento interdisciplinario orientado a la recuperación y reinserción laboral.
La implementación estará regida por principios de confidencialidad, privacidad, no discriminación y protección de datos personales.
También se prevé la conformación de un Comité de Auditoría Externa junto al Colegio de Médicos y el Colegio de Bioquímicos de Misiones, encargado de supervisar la calidad y veracidad de los exámenes.
Finalmente, el Gobierno invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios misioneros a adherir y dictar normas similares dentro de sus respectivas competencias.
