En el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el Gobierno de Misiones dispuso la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios y agentes de la administración pública provincial, a través del Decreto N° 776 firmado por el gobernador Hugo Passalacqua.
La medida, que apunta a reforzar criterios de idoneidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, fue anunciada por el mandatario en sus redes sociales, donde afirmó que se trata de una decisión orientada a garantizar estándares éticos acordes a las responsabilidades institucionales. “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”, expresó.
El alcance de la normativa es amplio e incluye al propio gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal jerárquico de la administración central. También abarca a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado y aquellas con participación estatal mayoritaria. A su vez, se extiende a efectivos de las fuerzas de seguridad, personal del servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública.
En el marco del “Año de la prevención de consumos problemáticos”, he firmado el Decreto N° 776 para implementar la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en la función pública. Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la… pic.twitter.com/llgamvP7Zc
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 8, 2026
De acuerdo con lo establecido, los exámenes deberán realizarse de manera obligatoria, anual y bajo modalidad aleatoria, con el objetivo de sostener controles periódicos y evitar situaciones que puedan comprometer el desempeño de las funciones. Passalacqua sostuvo que la implementación busca asegurar coherencia en el tiempo y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
El decreto designa al Ministerio de Salud Pública como autoridad de aplicación, organismo que tendrá a su cargo la elaboración de los protocolos y normativas complementarias necesarias para llevar adelante los estudios. Asimismo, podrá articular acciones con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática lo requiera.
En cuanto a los resultados, la normativa prevé que ante la detección de sustancias psicoadictivas ilegales se activen los mecanismos contemplados en la Constitución provincial y la legislación vigente. Al mismo tiempo, establece la necesidad de garantizar un abordaje integral que contemple instancias de contención, asistencia interdisciplinaria y acompañamiento para las personas alcanzadas por la medida.
