La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la provincialización de rutas y habilitar su financiamiento mediante peajes abrió un nuevo frente de debate técnico, legal y económico. La medida, instrumentada a través del Decreto 253/2026, establece un esquema en el que las provincias podrán asumir la gestión de tramos de la red vial nacional, incluso mediante concesiones a privados, en un modelo que busca redefinir el rol del Estado en materia de infraestructura.
En ese marco, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó un “fuerte rechazo” a la iniciativa y sostuvo que el esquema propuesto resulta “ilegal, inconstitucional e inoportuno”, al considerar que carece de una ley formal que lo respalde y que vulnera principios básicos del sistema federal.
Según la entidad, la transferencia de rutas nacionales a las provincias requiere necesariamente la intervención del Congreso, así como la asignación de recursos específicos para su mantenimiento, condiciones que -afirman- no se cumplen en el decreto. En ese sentido, advierten que la medida implica un traslado de responsabilidades sin financiamiento, lo que podría generar mayores tensiones fiscales en las jurisdicciones.
Uno de los puntos más cuestionados es el mecanismo de financiamiento previsto. El decreto habilita el cobro de peajes directos en ruta, una herramienta que, según el CONADUV, podría transformarse en un “impuesto encubierto”. El argumento se apoya en el principio constitucional de que no puede haber tributos sin ley, y en la exigencia de que toda tasa esté vinculada a una prestación efectiva.
“Se impone una carga económica obligatoria sin una contraprestación garantizada, lo que vulnera el principio de legalidad tributaria”, sostienen desde la organización, al tiempo que advierten sobre una posible doble imposición, ya que los usuarios ya aportan al sistema vial a través del impuesto a los combustibles.
El cuestionamiento también alcanza al impacto económico del nuevo esquema. Desde el sector advierten que la implementación de peajes en corredores estratégicos podría incrementar los costos logísticos, afectar la competitividad de las economías regionales y encarecer el transporte de bienes en todo el país.
En paralelo, plantean dudas sobre las consecuencias en materia de seguridad vial y mantenimiento de la red, al considerar que la fragmentación de la gestión podría derivar en estándares dispares entre provincias o en la falta de inversión sostenida en algunos tramos.
La iniciativa oficial se inscribe en un cambio más amplio en la política de infraestructura, que apunta a reducir la participación directa del Estado nacional y promover esquemas de gestión descentralizada o con intervención privada. En ese marco, también se prevé un rediseño del rol de organismos como Vialidad Nacional, que pasarían a tener funciones más acotadas.
Desde el CONADUV, en tanto, proponen una alternativa basada en un plan vial integral financiado con recursos ya existentes, en particular los provenientes del impuesto a los combustibles, y rechazan el modelo de peajes generalizados.
“El país necesita un sistema vial eficiente, sin barreras ni costos adicionales para los usuarios, que garantice la libre circulación y el desarrollo productivo”, señalaron.
Mientras la medida comienza a generar repercusiones en distintos sectores, el debate sobre el futuro de la red vial nacional queda abierto. Entre la necesidad de financiamiento, la discusión legal y el impacto económico, la provincialización de rutas aparece como un cambio estructural que promete seguir generando controversia.
