El Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, habilitando la posibilidad de concesionar obras públicas mediante el cobro de peajes.
La medida fue establecida a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte de una estrategia orientada a descentralizar funciones operativas y trasladar a las jurisdicciones locales la administración de la infraestructura vial.
Las provincias alcanzadas por la norma son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, que a partir de ahora podrán avanzar en procesos de licitación para la reparación, mantenimiento y conservación de rutas.
Peajes y participación privada
El esquema habilita a los gobiernos provinciales a otorgar concesiones a empresas privadas, entes públicos o modelos mixtos, con la posibilidad de financiar las obras a través del cobro de peajes.
Si bien el decreto aclara que el Estado nacional mantiene la propiedad de las rutas y la jurisdicción federal, la gestión operativa podrá quedar en manos de terceros por períodos de hasta 30 años.
La delegación, según el texto oficial, es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que implica que el Gobierno puede revertirla en determinadas condiciones.
Convenios y plazos
Para implementar el sistema, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos involucrados y los planes de obra.
El decreto establece además que las licitaciones deberán respetar criterios de transparencia, competencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
Un punto clave es que, si una provincia no convoca a licitación en el plazo de un año desde la firma del acuerdo, la delegación caduca automáticamente para ese tramo.
Cambio de modelo
La medida introduce un cambio en el esquema de gestión de la red vial nacional, al habilitar una mayor participación de las provincias y del sector privado en tareas que históricamente estuvieron centralizadas en el Estado nacional.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión de los contratos.
En la práctica, el nuevo esquema abre la puerta a la implementación de nuevos peajes en rutas nacionales, en un contexto donde el Gobierno busca reducir costos operativos y avanzar en un modelo de gestión más descentralizado.
Fuente: Agencia de Noticias NA
