El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Los salarios del sector acumulan una pérdida del 32% del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, lo que los ubica en el nivel más bajo de los últimos 23 años, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El deterioro no solo es significativo en términos históricos, sino también en la dinámica reciente: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los sueldos aumentaron 158%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 280%, generando un desfasaje que impacta de lleno en el funcionamiento de las universidades.
En términos concretos, esa caída equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años. Para recuperar el poder adquisitivo previo, el sector necesitaría una recomposición del 47,3%, un nivel que hoy aparece lejano en el actual escenario fiscal.
Este deterioro se da en paralelo a un fuerte ajuste presupuestario. El CIN advirtió que las transferencias a universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, lo que configura una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema.
El impacto es directo: los salarios representan el 87,9% del presupuesto universitario, por lo que el recorte golpea de lleno a docentes y no docentes. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), los recursos destinados a sueldos docentes cayeron 30,5% en términos reales, mientras que para el personal no docente la baja fue del 24,5%.
En este contexto, el conflicto escaló. Las universidades nacionales anunciaron una semana completa de paro entre el 27 de abril y el 2 de mayo, junto con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo, en reclamo por la situación salarial, la falta de paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) señalaron que la medida responde a una “crítica situación” marcada por más de 17 meses consecutivos de pérdida salarial, además de la ausencia de instancias de negociación con el Gobierno.
El escenario podría agravarse. De acuerdo con proyecciones de la UNL, la pérdida salarial podría profundizarse hasta el 38% en agosto de 2026, mientras que el presupuesto previsto para ese año sería un 31,4% menor al exigido por la ley vigente.
A pesar de este cuadro, el Gobierno impulsa una nueva ley de financiamiento universitario que, según advierten desde el sector académico, consolidaría los recortes actuales y reemplazaría a la normativa que no se está cumpliendo.
Así, el conflicto universitario deja de ser exclusivamente salarial y se convierte en un problema estructural. Con ingresos en retroceso, presupuesto en caída y sin mecanismos de actualización, las universidades enfrentan un escenario de creciente tensión que ya impacta en el dictado de clases y amenaza con profundizarse en las próximas semanas.
Fuente: Agencia de Noticias NA
