En la teoría económica básica, si la oferta abunda y la demanda no logra convalidar los precios, estos deberían tender a la baja. Sin embargo, en el mercado inmobiliario esa ley parece haberse suspendido. Con el inicio de la temporada universitaria, la demanda en Posadas explota, pero la oferta -aunque existente- se ha vuelto prohibitiva. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Adrián Torres, representante de la Asociación de Inquilinos de la provincia, desarmó el discurso oficial sobre la autorregulación del mercado, advirtió sobre la precarización total de los contratos y agregó que la situación “no varió mucho respecto a fines del año pasado” y que incluso “se va agravando” por el contexto económico general.
Además, Torres explicó que, si bien hay muchas propiedades en alquiler, una gran parte de los estudiantes no logra concretar un acuerdo porque los valores superan ampliamente las posibilidades de los ingresos familiares. “Hay mucha demanda, pero también mucha oferta que no se puede cerrar por los altos costos, las exigencias y, sobre todo, por los ajustes trimestrales”, señaló.
Según detalló, los lugares más buscados siguen siendo “aquellos cercanos a los centros de estudio, con la mayor aglomeración en la zona de la UNaM, pero también hay facultades privadas fuera del campus y eso dispersa la búsqueda por toda la ciudad”. En ese contexto, el problema central vuelve a ser el precio. “Los valores continúan en alza y lo peor es la incertidumbre que generan los ajustes. Arrancás a alquilar en enero o febrero y ya sabés que en abril te ajustan de nuevo”, explicó. A eso se suma que, en muchos casos, ni siquiera existen índices claros de actualización y que proliferan contratos informales o temporales de tres meses, con la promesa abierta de “después vemos”.
“Ese ‘después vemos’ genera mucha incertidumbre. Los precios siguen iguales o más caros que a fin del año pasado”, remarcó.
Para quienes llegan desde el interior, el acceso al alquiler se complica aún más por las garantías exigidas. Torres describió requisitos que consideró excesivos y que obligan a muchos inquilinos a “pedir favores a compañeros de trabajo” para poder cumplir con las condiciones impuestas por propietarios e inmobiliarias.
Pero más allá de las exigencias formales, el dirigente puso el foco en un problema estructural: el mercado no reacciona como debería ante la abundancia de oferta. “Se supone que si el mercado se maneja por oferta y demanda, los costos deberían bajar. Sin embargo, no bajan. Esto es alarmante”, sostuvo.
En ese sentido, fue categórico al afirmar que la situación actual demuestra que la lógica de oferta y demanda no está funcionando. “No es que no haya oferta; es que la gente no puede acceder a esos costos. Aun con un montón de departamentos desocupados en toda la ciudad, los precios no varían”, afirmó.
Para Torres, este fenómeno no es casual, sino que responde a la concentración del mercado. “Esto habla de grupos económicos manejando el mercado y de una presión extra que se ejerce sobre los inquilinos”, denunció, y calificó la situación como un abuso por parte de los propietarios de viviendas destinadas a renta.
También vinculó el problema habitacional con el deterioro del poder adquisitivo. Habló de una “gran devaluación del dinero”, salarios estancados y una inflación que, según su visión, no refleja el impacto real en el bolsillo de los trabajadores. “Todo eso impacta en el bolsillo del trabajador y del padre del chico que está estudiando. Por eso no se ve reflejada ninguna baja de precios, aunque haya oferta”, explicó.
Luego recordó que uno de los argumentos del presidente de la Nación para derogar la ley de alquileres fue que el mercado se regularía solo. “Evidentemente no está funcionando”, afirmó, y aseguró que en Posadas los precios de los alquileres “están elevados”.
Frente a este escenario, algunas familias y estudiantes optan por buscar vivienda fuera de la capital provincial. Torres mencionó a Garupá y otras zonas del área metropolitana como alternativas relativamente más accesibles.
Relató incluso una charla que mantuvo el año pasado con un inmobiliario de Garupá, quien señalaba un aumento en la demanda y también la aparición de mora en los pagos, algo que no se veía desde hacía años. “Las zonas cercanas a la ruta o barrios más alejados resultan un poco más accesibles, pero si se suma oferta académica, la situación empieza a cambiar”, explicó.
Consultado sobre los reclamos más frecuentes de los inquilinos, fue contundente: precios altos, exigencias excesivas y, sobre todo, incertidumbre. “Alquilar bajo presión, sin saber si vas a poder seguir pagando o si te vas a poder quedar en el mismo lugar, genera una situación constante de estrés”, dijo.
Respecto al futuro, aclaró que más que expectativas existen “esperanzas”. Según su análisis, los inquilinos siempre terminan absorbiendo los costos de las crisis económicas. Comparó la situación actual con otros momentos históricos, en los que al menos los salarios lograban acompañar parcialmente la inflación mediante paritarias.
Hoy, sostuvo, ese equilibrio se rompió. “Los salarios están congelados y eso pesa duramente en el poder adquisitivo. Es un combo explosivo que se ve claramente”, afirmó.
Sobre hasta cuándo se puede sostener esta situación, Torres apeló a una lectura histórica y política. Dijo que en Argentina los ciclos económicos y políticos se repiten y que cuando la clase trabajadora es empujada hacia la indigencia, termina reaccionando.
En ese marco, expresó una mirada crítica tanto sobre modelos de derecha como de izquierda, a los que consideró distintos en sus formas pero incapaces de resolver de fondo la pobreza estructural.
Finalmente, fue pesimista respecto a la posibilidad de que surjan políticas públicas para el sector en el corto plazo. “Mientras esté Milei en la Presidencia no va a existir ningún tipo de regulación. Su idea es dejar todo librado al mercado”, aseguró, y agregó que, mientras ese modelo conserve consenso, “los inquilinos vamos a tener que seguir aguantando”.
