Venezuela mediante, lo que durante meses pareció un meme terminó de asumir la forma de un conflicto geopolítico real. La renovada obsesión de Donald Trump por hacerse de Groenlandia dejó de ser una excentricidad retórica y pasó a integrar la agenda de preocupaciones internacionales, en un contexto donde las tensiones en el Caribe todavía no se disipan. Más allá de las razones y de los escenarios posibles, el mensaje es claro: el derecho internacional aparece cada vez más debilitado y lo que gana terreno es una lógica de poder donde la presión directa reemplaza a las reglas compartidas.
No se trata solo de territorios o recursos estratégicos. Se trata, sobre todo, de una forma de entender el mundo. La apelación a viejas doctrinas de influencia, la naturalización de la coerción como herramienta diplomática y el corrimiento progresivo de los consensos multilaterales configuran un escenario global más áspero, donde los equilibrios son frágiles y las decisiones unilaterales vuelven a tener peso. En ese marco, América Latina reaparece no como prioridad, sino como zona de influencia reactiva, sujeta a pulsos de poder que se activan cuando otros frentes se tensan.
Así, lo que comienza como una provocación mediática termina escalando en clave estratégica, obligando a otros actores a reaccionar y a reordenar defensas, alianzas y discursos. La política internacional, cada vez más, se parece menos a una mesa de negociación y más a un tablero de presión permanente.
Acuerdos y desacuerdos
En ese contexto de fragmentación global, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción fue algo más que un acto diplomático largamente esperado. Después de más de dos décadas de negociaciones intermitentes y aunque aún queden varios pasos por completarse, el entendimiento selló una de las zonas de libre comercio más grandes del planeta.
El momento no es casual. Mientras Estados Unidos y China disputan el control de las cadenas de valor, de la tecnología y de las materias primas críticas, Europa y el Mercosur buscan su lugar ante una economía global cada vez más volátil. El acuerdo amplía mercados, pero también intenta ofrecer una plataforma de estabilidad en un contexto donde la incertidumbre dejó de ser una anomalía para convertirse en regla.
Sin embargo, la escena estuvo lejos de ser armónica. La ausencia de Lula da Silva, paradójicamente uno de los principales impulsores del acuerdo, y el gesto deliberado de Javier Milei al negarse a aplaudir su mención, expusieron que la integración regional convive con profundas diferencias ideológicas. El consenso comercial no elimina las tensiones políticas: apenas las administra.
Desde el punto de vista económico, el pacto promete ganadores y perdedores. El agronegocio sudamericano aparece como uno de los principales beneficiados, con un acceso ampliado al mercado europeo para productos clave. Del otro lado, la industria europea -en especial la automotriz- se prepara para desembarcar con mayor fuerza en el Mercosur, aprovechando la eliminación gradual de aranceles. Para Argentina, el desafío es evidente: convertir esa apertura en desarrollo y no en una nueva fuente de asimetrías internas.
Ahí se abre la discusión más sensible. Mientras un sector del campo celebra, actores industriales estratégicos advierten sobre el impacto de competir con economías mucho más desarrolladas, con financiamiento barato, escala y tecnología.
El acuerdo no es un punto de llegada, sino de partida. Su éxito dependerá menos de la letra firmada que de las políticas internas que cada país adopte para amortiguar costos, proteger empleo y potenciar oportunidades.
Meseta económica
Ese mismo dilema se proyecta sobre el escenario local. El comienzo de 2026 encuentra al empresariado argentino en una posición incómoda: no hay sobresaltos, pero tampoco alivio. La economía parece haber ingresado en una meseta donde la estabilidad convive con un freno persistente de la actividad. El entusiasmo que el Gobierno intenta transmitir todavía no logra permear en las decisiones cotidianas de quienes producen, invierten y emplean.
Los datos confirman esa percepción que se repite en reuniones empresarias, cámaras sectoriales y encuentros sin micrófonos. Tras un 2025 de avances moderados, el segundo semestre marcó un punto de inflexión: la actividad se estancó, el consumo se retrajo y el empleo empezó a sentir la presión.
El inicio de este año consolidó ese escenario. Las empresas no ven una recuperación clara de la demanda y, frente a ese panorama, optan por conservar liquidez, ajustar costos y postergar inversiones. La acumulación de stock y el freno de las importaciones son síntomas de un problema más profundo: la dificultad para vender.
Con tasas de interés elevadas, costos fijos en alza y un mercado interno débil, muchas compañías priorizan sobrevivir antes que crecer. El resultado es una estabilidad sin expansión, tan desafiante como una crisis abierta por su impacto silencioso sobre el empleo.
Algunos sectores muestran matices. Alimentos y bebidas aparecen entre los más resilientes, aunque con fuertes diferencias internas. Comercio, electrónica y construcción, en cambio, miran los próximos meses con cautela. Sin obra pública y con una inversión privada que no termina de despegar, la reactivación sigue en suspenso.
Clase media en retracción
La contracara de esa meseta se observa del lado del consumo. El cierre de 2025 dejó una señal inequívoca sobre la estrategia fiscal del Gobierno: el ajuste no se detuvo, ni siquiera en un año electoral. El gasto público terminó prácticamente congelado en términos reales y en niveles históricamente bajos, confirmando que la austeridad fue una política sostenida y no solo un eslogan de campaña.
El recorte no fue homogéneo. Mientras algunas partidas vinculadas a la contención social crecieron en términos reales, rubros como subsidios, obra pública y programas tradicionales siguieron siendo blanco de ajustes profundos.
En ese reparto, la clase media volvió a quedar expuesta, especialmente a través de los aumentos tarifarios y la transferencia directa de costos que antes absorbía el Estado.
De cara a 2026, el último informe de Analytica lo deja claro: no habrá marcha atrás. Aunque el Presupuesto aprobado exhibe un aumento nominal, el ajuste reaparece cuando se lo mide contra la inflación proyectada.
En términos reales, el recorte continuará y profundizará una lógica de austeridad que redefine, de hecho, el contrato implícito entre el Estado y amplios sectores sociales.
El dato más elocuente lo aportó el Banco Central: casi uno de cada cuatro pesos que ingresan a los hogares argentinos se destina al pago de deudas bancarias. La desaceleración inflacionaria desarmó un mecanismo que durante años funcionó como válvula de escape. Con tasas reales muy elevadas y salarios que no logran recomponerse, el endeudamiento para consumo se volvió una carga difícil de sostener.
Préstamos personales y tarjetas de crédito concentran la mayor presión financiera. Es un endeudamiento defensivo, tomado para sostener el nivel de vida y no para mejorar ingresos futuros. Cuando ese mecanismo se agota, aparece la mora. Los niveles de irregularidad en los pagos ya alcanzan registros que no se veían desde hace una década, con picos en los sectores más vulnerables y señales de alerta en segmentos que históricamente cumplían.
Inflación
Esa fragilidad también se expresa en los precios. El cierre inflacionario de 2025 dejó para el Nordeste Argentino una foto tan llamativa como contradictoria. Diciembre mostró una aceleración marcada, con un 3,4% mensual que ubicó al NEA como la región más inflacionaria del país, mientras que el acumulado anual terminó siendo el más bajo a nivel nacional.
Dos realidades que conviven y obligan a una lectura más fina. El dato de diciembre no fue aislado: se trató del cuarto mes consecutivo de aceleración y del registro mensual más alto desde agosto de 2024.
El regreso por encima del 3% reavivó señales de alerta en una región donde los ingresos suelen ir por detrás del promedio nacional y donde el impacto de los precios básicos se siente con mayor intensidad. No es casual que el principal motor de la suba haya sido alimentos y bebidas no alcohólicas.
El incremento del 4,8%, con carnes trepando más del 10%, golpea directamente sobre el consumo cotidiano y deja en evidencia que, aun en un contexto de desaceleración anual, la inflación sigue teniendo un fuerte sesgo regresivo.
Cuando sube la carne, sube el termómetro social. La presión no se limitó a los alimentos. Restaurantes, alquileres, servicios públicos y combustibles también empujaron el índice, confirmando que diciembre combinó factores estacionales con ajustes estructurales que impactaron de lleno en el bolsillo. La aceleración de los precios núcleo y regulados refuerza la idea de que no se trató solo de un fenómeno puntual. El contraste entre un cierre anual relativamente ordenado y un diciembre desbordado deja una señal clara para 2026: la inflación puede estar más contenida en términos agregados, pero sigue siendo frágil y altamente sensible en los rubros esenciales.
En el NEA, donde cada punto de aumento pesa más, el promedio nacional ordena planillas, pero no góndolas.
Está bien… pero no tan bien
La primera licitación del año dejó una postal incómoda para el equipo económico. El Tesoro logró su objetivo inmediato, pero al precio de convalidar tasas que rompen con la narrativa de normalización financiera. Luis Caputo necesitaba pesos con urgencia, y el mercado lo sabía. Con una caja exigua y un calendario de vencimientos ajustado, no había margen para errores.
El resultado técnico fue exitoso: la renovación rozó el 100% y evitó que una masa significativa de pesos quedara suelta en un contexto donde el Gobierno necesita liquidez para comprar dólares. Sin embargo, el costo fue elevado.
Las tasas cortas volvieron a niveles que recuerdan que la desinflación todavía no se tradujo en una recomposición genuina de la demanda de dinero. La lectura más inquietante aparece cuando se observa el impacto sistémico.
El llamado “punto Anker” -el umbral donde el crédito privado desplaza al público- parece haber quedado atrás. Hoy es el sector público el que vuelve a absorber la mayor parte del ahorro disponible, un fenómeno que remite a lógicas conocidas y difíciles de revertir. El dilema es claro y no tiene solución elegante. O se libera liquidez para que el crédito impulse la actividad, o se refuerza la caja del Tesoro para cumplir con la hoja de ruta financiera.
En esta licitación, el Gobierno eligió lo segundo. El riesgo es que esa decisión, sostenida en el tiempo, termine asfixiando la recuperación que necesita para validar políticamente su programa. El frente monetario tampoco está exento de tensiones.
El Banco Central volvió a comprar dólares y a inyectar pesos, reabriendo un debate incómodo: acumular reservas hoy puede sembrar presión inflacionaria mañana. Las intervenciones en futuros y en bonos dólar linked ayudan a contener expectativas, pero trasladan costos al mediano plazo.
En síntesis, la licitación dejó un mensaje nítido: el programa sigue en pie, pero el margen de maniobra se achica. El Tesoro cumple, el mercado acompaña… pero cobra cada vez más caro. Y esa factura, tarde o temprano, la paga la economía real.
Mesa política en marcha
En silencio y sin gestos hacia afuera, el Gobierno ajusta su estrategia para una de las batallas legislativas más complejas desde el inicio de la gestión. La reforma laboral vuelve al centro de la escena, pero esta vez rodeada de un clima político más áspero, atravesado por la escasez de recursos y la fragilidad de los acuerdos con las provincias. Una reunión el viernes en Balcarce 50 expuso con claridad que el principal escollo ya no es ideológico, sino fiscal.
El capítulo que modifica la escala del impuesto a las Ganancias encendió alarmas en las gobernaciones, donde la caída de la coparticipación se siente con fuerza. Incluso mandatarios alineados con la Casa Rosada advierten que el margen para acompañar una iniciativa que reduzca ingresos es cada vez más estrecho. El oficialismo lo sabe y por eso analiza mecanismos de compensación, una palabra incómoda para un Gobierno que hizo del ajuste y la ortodoxia fiscal su bandera política. La discusión revela una tensión de fondo: avanzar con reformas estructurales sin romper los puentes mínimos de gobernabilidad federal.
Con extraordinarias previstas para febrero y una sesión clave en el horizonte, La Libertad Avanza acelera gestiones para convertir una reforma emblemática en ley sin que el costo político y territorial termine erosionando la frágil arquitectura de apoyos que sostiene al oficialismo en el Congreso. Quizás una señal concreta en ese sentido es el rediseño clave del esquema de subsidios eléctricos para atender los reclamos históricos de las provincias del Norte Grande.
Por primera vez en años, el criterio de distribución del subsidio deja de tratar al territorio argentino como un bloque homogéneo y empieza a reconocer que el clima también es una forma de desigualdad estructural. En el NOA y el NEA, donde las temperaturas extremas no son una excepción sino casi una constante, la electricidad cumple un rol que excede el confort. Refrigerar un hogar durante el verano no es un lujo, sino una condición mínima de habitabilidad, especialmente en regiones con bajo acceso al gas natural.
El viejo tope uniforme de 300 kWh terminaba penalizando a quienes consumían más no por derroche, sino por necesidad. La incorporación del mapa bioambiental basado en la norma IRAM 11603 introduce un cambio conceptual relevante: el consumo energético empieza a leerse en función del contexto ambiental y no solo del ingreso o del comportamiento del usuario. En ese sentido, el aumento de hasta el 83% en los bloques subsidiados para las zonas muy cálidas durante el trimestre estival corrige una distorsión histórica que golpea con más fuerza a los hogares del norte.
La decisión recoge reclamos persistentes de gobernadores y entes reguladores, que durante años advirtieron que aplicar un mismo parámetro a realidades climáticas opuestas profundizaba las asimetrías territoriales. Escuchar esos planteos no es solo un gesto técnico: es admitir que la equidad no siempre pasa por tratar a todos igual. El desafío, claro, sigue siendo doble. Por un lado, avanzar hacia un sistema de subsidios más eficiente y focalizado, en un contexto de fuerte restricción fiscal. Por el otro, evitar que esa búsqueda de eficiencia se traduzca en nuevos ajustes regresivos.
Beneficios fiscales
En ese escenario nacional de recursos menguantes y ajuste persistente, las decisiones fiscales adoptadas por el Gobierno de Misiones funcionan menos como anuncios aislados y más como una señal de estrategia. La prórroga de beneficios impositivos para profesionales e industrias, oficializada mediante la Resolución 1479, no apunta a estimular un ciclo expansivo -que hoy aparece lejano- sino a evitar un deterioro mayor del entramado productivo y de servicios en un contexto adverso.
La extensión hasta abril de 2026 de la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para determinadas actividades profesionales, junto con la continuidad de la suspensión de la autorretención, revela una lógica defensiva: preservar ingresos reales, aliviar tensiones de caja y sostener la formalidad en sectores que vienen operando con márgenes cada vez más estrechos. No es una política de incentivos agresivos, sino de contención, pensada para ganar tiempo y previsibilidad. Algo similar ocurre con el régimen especial para contribuyentes industriales alcanzados por el Convenio Multilateral.
La reducción del pago a cuenta del impuesto no busca expandir la frontera productiva, sino evitar retrocesos en un escenario donde la competitividad está condicionada por costos logísticos, financieros y energéticos que exceden la escala provincial. Administrar en la escasez, en este caso, implica elegir dónde no ajustar. La reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para la venta mayorista de combustibles -del 4,5% al 1%- se inscribe en la misma lógica. Más que un beneficio sectorial, la medida apunta a corregir distorsiones en una cadena estratégica para la economía misionera, donde el combustible impacta de manera directa sobre transporte, producción y precios finales.
Al equiparar el tratamiento fiscal de las estaciones de bandera blanca con el de las petroleras, la Provincia busca evitar que el ajuste se propague por la vía de los costos. La prórroga del vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026 y los descuentos por pago anticipado completan ese esquema.
No se trata solo de recaudar, sino de sostener el cumplimiento en un contexto de ingresos familiares ajustados. Premiar el pago voluntario y anticipado aparece como una forma de ordenar sin asfixiar, una lógica que contrasta con el endurecimiento fiscal que domina a nivel nacional. Finalmente, el congelamiento de las designaciones en planta permanente hasta fines de 2026 funciona como la contracara inevitable de ese alivio tributario.
La contención del gasto estructural del Estado, con excepciones en áreas sensibles como salud, educación y seguridad, marca el límite de la estrategia: sostener al sector privado y a los contribuyentes implica, al mismo tiempo, disciplinar el crecimiento del aparato estatal. En conjunto, las medidas no configuran un programa expansivo, sino una administración cuidadosa del desgaste.
En un contexto donde la Nación ajusta y transfiere costos, Misiones ensaya una combinación de alivio selectivo y austeridad controlada, con un objetivo central: atravesar la fase más dura sin romper equilibrios básicos ni resignar gobernabilidad.
