Este jueves 8 de mayo, las líneas de transporte urbano que unen Posadas, Garupá y Candelaria funcionan con frecuencia reducida. La medida, que golpea de lleno a miles de usuarios que dependen del colectivo para ir a trabajar, estudiar o simplemente moverse por la ciudad, es producto de un conflicto que vuelve a repetirse con una frecuencia tan irritante como previsible: los trabajadores reclaman por salarios impagos, las empresas culpan al Gobierno nacional por la quita de subsidios y, en el medio, la ciudadanía sigue siendo la variable de ajuste.
Esta vez, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denunció que la empresa prestataria del servicio abonó apenas la mitad de los sueldos correspondientes al mes de abril. En consecuencia, resolvieron reducir las frecuencias del servicio como medida de protesta. Del otro lado, la empresa insiste en que se trata de una acción gremial injustificada, y afirma que está haciendo “un enorme esfuerzo” para sostener el funcionamiento del sistema en medio de un escenario económico adverso, marcado por el recorte de aportes nacionales.
Mientras trabajadores y empleadores cruzan acusaciones, los usuarios no reciben más que la confirmación de que el transporte público en Misiones está secuestrado por un conflicto crónico que nadie se digna a resolver. A las autoridades nacionales, provinciales y municipales, el padecimiento cotidiano de los pasajeros parece importarles poco o nada.
