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La jueza Marcela Leiva ratificó el juicio abreviado por la tragedia de la costanera

El martes 17, Tomás Mieres firmó una pena de tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo a motor.

20 diciembre, 2024
(Foto de Archivo)

(Foto de Archivo)

La jueza Correccional y de Menores 1, Marcela Alejandra Leiva, notificó este viernes a las partes su fallo en el que halló responsable a Tomás Mieres Soroczan  del siniestro vial que le costó la vida a dos compañeros de quinto año (lesionar a otros dos) del colegio Santa María el jueves 11 de abril de este año en la costanera frente a la bahía El Brete de esta capital.

Tras el acuerdo de juicio abreviado firmado por el acusado el martes como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, la magistrada presentó ayer su fallo en el que confirma la responsabilidad penal de Tomás Mieres Soroczan quien en marzo próximo cumplirá 18 años y deberá cumplir la pena de tres años de prisión en suspenso, diez años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo a motor, además de labores comunitarias, por el “homicidio en accidente de tránsito” que protagonizó cuando a las 13.55 del día mencionado condujo el Peugeot 207 Compact Active con el que derrapó, colisionó una camioneta estacionada y se cruzó de carril volcando en la rotonda de la costanera y la avenida Comodoro Rivadavia.

La tragedia dejó como saldo el fallecimiento, tres días después, de Luca Ceballos y Juan Cruz Martínez, ambos de 17 años.

Los fundamentos de la jueza fueron por los delitos de “doble homicidio culposo y lesiones graves culposas (dos hechos) en accidente de tránsito todo en concurso ideal, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 Bis, segundo párrafo (dos hechos) y 94 Bis, segundo párrafo (dos hechos) en función del artículo 54 del Código Penal Argentino”.

Se destacó la pericia accidentológica como la mecánica de impacto: “La velocidad que animaba al vehículo que era conducido por el imputado fue del orden de los 93,52 kilómetros por hora de velocidad mínima y 105,78 de máxima. Siendo el promedio de velocidad de 99,78 kilómetros por hora”, en un tramo de la avenida donde la velocidad permitida “es de 20 kilómetros por hora”.

Leiva agregó: “Consecuencia de la conducción negligente e imprudente, sus compañeros de colegio sufrieron lesiones gravísimas, que produjeron la muerte (…) de Martínez y Ceballos”.

 

Medidas puntuales

Entre las medidas que determinó la jueza respecto a la responsabilidad penal del imputado, remarcó detalladamente las reglas de conducta que “deberá cumplir durante dos años, conforme al artículo 4 de la Ley 22.278 y los principios establecidos en la normativa aplicable: 

  1. Prohibición de salida del país. Se prohíbe al adolescente salir del territorio de la República Argentina durante el período de tratamiento tutelar, salvo autorización expresa en base a motivos fundados y previa de este tribunal.
  2. Prohibición absoluta de conducir vehículos motorizados. Queda terminantemente prohibido al adolescente conducir cualquier tipo de vehículo motorizado.
  3. El adolescente deberá asistir regularmente a programas de educación vial y de sensibilización sobre los efectos de la conducción imprudente de vehículos automotores. Realizar actividades destinadas a fomentar el respeto por la vida y la seguridad vial.
  4. Deberá iniciar y cumplir con un tratamiento psicológico orientado al manejo de la culpa, el desarrollo de la empatía y la prevención de conductas de riesgo. Se deberán presentar informes periódicos de avances al tribunal por parte de la persona profesional a cargo del tratamiento.
  5. Deberá realizar un mínimo de cuatro horas mensuales de trabajo comunitario que se articulará oportunamente, con la intervención del gabinete interdisciplinario de este Juzgado.
  6. Deberá abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, lo que deberá acreditar en controles periódicos que certifiquen su cumplimiento.
  7. El adolescente estará bajo la supervisión de sus padres, quienes deberán presentar informes regulares sobre su comportamiento y el cumplimiento de las condiciones impuestas por esta resolución.
  8. Deberá respetar un horario restrictivo de permanencia en su domicilio, especialmente durante horas nocturnas, salvo situaciones previamente autorizadas por los padres o este tribunal.
  9.  Deberá continuar con sus estudios universitarios o desempeñar una actividad laboral adecuada, debiendo acreditar periódicamente su cumplimiento.
  10. El adolescente deberá realizar una reparación simbólica a las familias de los fallecidos y las víctimas sobrevivientes mediante: La redacción de una carta de disculpas dirigida a las familias de las víctimas que perdieron la vida, revisada previamente por los padres y presentada a este tribunal”.

 

 

“Un paso hacia la verdad y justicia”

La jueza Leiva en su fallo resaltó un mensaje directo a los familiares de las víctimas: “A los padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos de Luca y Juan Cruz, y a Damián y Máximo: Como jueza a cargo de este caso, quiero expresarles mi más profundo pesar por la irreparable pérdida de Luca y Juan Cruz, y el inmenso dolor que esto les causa. Ninguna decisión judicial puede aliviar su sufrimiento, pero deseo que este fallo represente un paso hacia la verdad y la justicia que merecen. 

“Declaro a Tomás responsable del accidente y de las consecuencias trágicas que produjo. Si bien, debido a su edad, no se impone una pena inmediata, la ley establece que deberá someterse a tratamientos y cumplir con medidas específicas hasta alcanzar los 18 años. Será en ese momento y luego que cumpla con las reglas de conducta, cuando se determine la sanción que corresponda.

“Las leyes penales juveniles no buscan castigar, sino promover una reflexión profunda que evite que hechos como este se repitan y que permita al adolescente desarrollar las herramientas necesarias para convertirse en un adulto responsable. Finalmente, quiero reafirmar mi compromiso como jueza de acompañarlos en este proceso, escucharlos con respeto y velar por que las medidas adoptadas honren la memoria de sus hijos Luca y Juan Cruz, y reflejen el compromiso del sistema judicial con la verdad, la justicia y la reparación”.

 

¿Qué pasó?

El 11 de abril de 2024, cinco alumnos del colegio Santa María de Posadas que circulaban por la avenida costanera a bordo de un Peugeot 207 chocaron a una camioneta estacionada y volcaron a la altura de la exusina de EMSA. El impacto, que se produjo a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora, le costó la vida a dos chicos de 17 años, Lucas Ceballos y Juan Cruz Martínez, y heridas de diversa gravedad a otros dos.

La causa “doble homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones culposas graves, dos hechos” que instruyó el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, tiene pericias accidentológicas, realizadas por la Dirección Policía Científica, que marcaron que el Peugeot 207 Compact Active gris que conducía Mieres, transitaba a 99,78 kilómetros por hora en promedio, llegando a 105, cuando se dirigía por la avenida costanera hacia el polideportivo del Colegio Santa María (avenida Centenario y Zapiola) a las 13.30 y a la clase de Educación Física. A la altura de la exusina de EMSA (avenida Comodoro Rivadavia) frente a la bahía El Brete, el vehículo derrapó, colisionó el lateral de una camioneta estacionada y rebotó cruzando de carril, boulevard y finalizó en la vereda contraria.

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Tags: CostaneraFalloJuan Cruz MartínezLuca CeballosMarcela LeivaMisionesSentenciaTomás Miéres
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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