Misiones fue sede del pre COP29 donde especialistas en preservación ambiental, junto a autoridades de organismos internacionales y oenegés debatieron los pasos a seguir en las provincias argentinas que conformaron con la tierra colorada la alianza verde.
No fue ajena la preocupación del debate que se inició el martes en Diputados del proyecto de ley de presupuesto 2025 y la reciente eliminación de un fondo fiduciario que articulaba los pagos para la preservación de bosques nativos en todo el país.
Tanta preocupación existe por la considerable baja de recursos para que los privados sostengan las áreas naturales protegidas en lugar de desforestarlas y destinarlas a otras actividades (agrarias, turísticas, urbanísticas) que los ministros de Ecología o Ambiente de las provincias se reunieron de urgencia en el Consejo Federal para analizar los pasos a seguir.
De hecho, no se descartan las acciones políticas, administrativas y hasta judiciales para reclamar un mayor compromiso nacional. Sin embargo, desde la campaña electoral presidencial, el presidente Javier Milei se plantó en la negación al cambio climático, al calentamiento global, siguiendo los pasos del ex presidente norteamericano Donald Trump, su inspiración política de Gobierno.
Por esta razón, la ley de presupuesto nacional 2025 será clave para evitar drásticas consecuencias (mayores de las existentes) sobre el ambiente, en especial en Misiones donde existen 102 reservas naturales de protección de la biodiversidad y los recursos de más 700 mil hectáreas.
La preocupación en la tierra colorada es doble: la provincia será pionera en Argentina y la región con la certificación de créditos de carbono.
Según se supo en el evento realizado en Posadas, Misiones se prepara para recibir en el primer trimestre del año próximo los primeros desembolsos por la retención de dióxido de carbono de la selva misionera. Se certificaron 1,4 millones de hectáreas y el primer pago sería de 55 millones de dólares por la custodia de la flora entre 2017 y 2022, lo que equivale a nueve millones de dólares anuales, más del doble del fondo fiduciario de Bosques Nativos que acaba de eliminar el gobierno de Javier Milei.
Ese dinero se dividirá en dos porciones: una parte se destinará a un fondo de desarrollo sustentable, que servirá para financiar a oenegés, universidades, pueblos originarios, emprendedores y PyMEs, que quieran presentar proyectos para pedir fondos.
La segunda porción será para los propietarios de las parcelas con monte. Para tener un punto de comparación, en el programa 2014-2016 por REDD+, Nación pagó a Misiones US$ 3M, pero nada para los privados.
Esta semana, a su vez, habrá que ver si el gobierno de Hugo Passalacqua se suma a otras provincias para llegar incluso a la Corte Suprema de Justicia, un plan que es estudiado por asesores de varios estados subnacionales por estas horas.
“No se gobierna desde el Congreso”
En Misiones, todos los sectores políticos con representación en la Cámara de Diputados de la Nación, no ratificaron la ley de financiamiento educativo. Esta semana, hasta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó un duro posteo contra el diputado nacional de Innovación Federal y apoderado del PJ Misiones, Alberto Arrúa, por su abstención.
Arrúa estuvo el jueves, un día después de esa votación, sentado en la sesión de la Cámara de Representantes de la provincia. Antes, en la llamada “previa”, el conductor político del oficialismo, Carlos Rovira, le brindó su respaldo ante dirigentes y funcionarios de toda la provincia.
El vicepresidente de la Cámara y exgobernador recordó la experiencia en la que el expresidente de ese Poder, Luis “Lucho” Viana, sancionaba leyes que él iba vetando por considerarlas inviables en lo financiero. Entonces fue que habría expresado que “no se gobierna desde el Congreso”.
Incluso, habría reiterado lo que ya expresó en otros encuentros similares: la gente votó mayoritariamente un Presidente, Javier Milei, que prometió hacer el ajuste y el espacio político a su cargo tiene como regla básica y central el respeto a lo que elige la gente. “El poder está en la gente, es el lema”, habría sentenciado al ratificar su palabra de dar gobernabilidad a Milei para, a la par, reclamar gobernabilidad en las provincias.
El que salió por sus redes a justificarse, es el radical Martín Arjol, cuya permanencia en el histórico partido pende de un hilo por estas horas.
“Acá no se cierra nada, las universidades seguirán funcionando como lo hicieron siempre!!! Sí con mayor transparencia, rendición de cuentas y efectividad de los recursos asignados”, arrancó el radical peluca misionero.
“Desde 1980 los recursos universitarios aumentaron el doble que los destinados por la Nación y las provincias a todo el resto del sistema educativo, así de esta forma los números no demuestran ni que mejore la universidad menos aún el sistema inicial”, siguió.
Los seguidores en las redes sociales no lo perdonaron con sus críticas, muchas de ellas durísimas. Desde el Comité Provincial, no hubo expresión alguna sobre el accionar el diputado nacional, socio político del presidente del partido, el posadeño Rodrigo de Arrechea.
De caballos y yaguaretés
La semana empezó movida y esa actividad duró hasta la mitad. Es que la polémica Copa Challenger en el hipódromo General Belgrano de Posadas, terminó en escándalo por la muerte de la yegua correntina Argentina Lake y su jinete que quedó hospitalizado dos días por los golpes de la caída durante la cuarta carrera.
Pero esta vez también fue parte del escándalo innegable la realización de fuertes apuestas de dinero no solo en las carreras, sino en una carpa blanca donde había otros juegos de azar. “Parecía un garito”, lanzó el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut en FM 89.3 Santa María de las Misiones al anunciar la quita de licencia para realizar competencias al Jockey Club de Posadas y una multa millonaria.
El Jockey Club va camino a la intervención, tras una asamblea cuestionada, que terminó con las actuaciones de Personas Jurídicas de la provincia. Eventos como esta copa denotan un interés por parte de los dirigentes, que pretenden quedarse con la conducción de la organización civil.
A la par, el IPLyC se presentó con una demanda penal en el juzgado de Instrucción 6 de Posadas, a cargo de Ricardo Balor, contra los organizadores de la Copa Challenger, entre los que aparecen viejos apellidos conocidos de la política.
Luego estuvo el caso del atropellamiento y muerte de una cachorra de yaguareté, que se anticipó que había un testigo de quién pudo ser el autor del hecho y que se terminó fugando. Sin embargo, el ministro de Ecología, Martín Recaman, terminó negando la existencia del mismo como de los indicios que apuntarían a una empresa de turismo de Iguazú.
Misiones se convirtió en querellante en la causa que lleva la flamante jueza penal de Eldorado, María Laura Rodríguez, de quien depende ahora saber si algún día se podrá saber efectivamente quién mató al ejemplar de tan solo cinco meses de vida, de la especie declarada monumento de Misiones por su peligro de extinción.
Sin embargo, en ambos temas, el correr de los días solo tuvo un profundo silencio sobre avances. Aunque hay promesas de llegar a penalizar a los responsables.
