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El juez Balor excarceló a uno de los acusados de la balacera que mató a “Casimiro” Sotelo

Diego Omar Tabares, alias “Cafú” (33), uno de los cinco acusados, fue liberado la semana pasada por orden del juez de Instrucción 6 que tiene la causa desde el 13 de junio de 2021 cuando se desató el ataque a tiros en el barrio A3-2 que le costó la vida al entrenador de fútbol infantil y femenino, Cristian Andrés Sotelo (41).

28 agosto, 2024
MARCHAS. Vecinos, amigos y familiares de “Casi” Sotelo reclamaron en la calle en varias ocasiones celeridad y esclarecimiento del homicidio en plena pandemia de COVID-19.

MARCHAS. Vecinos, amigos y familiares de “Casi” Sotelo reclamaron en la calle en varias ocasiones celeridad y esclarecimiento del homicidio en plena pandemia de COVID-19.

Transcurrieron tres años y dos meses de la muerte a tiros de Cristian Andrés Sotelo, conocido en su barrio y familia como “Casimiro”, atacado frente a su domicilio en el complejo habitacional A3-2 y cuando intentó interceder para que no lastimaran a sus sobrinos y amigos.

El juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, durante los últimos días, comunicó la excarcelación bajo caución real de uno de los tres imputados aún detenidos, Diego Omar Tabares, alias “Cafú” de 33 años.

Germán “Belco” Ibáñez (25) y Elio “El Garrafero” Castillo (31) continúan tras las rejas pero podrán solicitar el mismo beneficio basándose en que el plazo máximo de la prisión preventiva, tres años, está vencido.

La lista de excarcelados imputados se completa con Armando “Pollo” Grisuca (29) y “Petaca” Romero. El hecho continúa caratulado como “homicidio doblemente agravado por premeditación y uso de arma de fuego, un hecho, y tres de homicidio agravado por premeditación y uso de arma de fuego pero en grado de tentativa”, cuya culpabilidad implica una condena de prisión perpetua.

La excarcelación de “Cafú” Tabares fue autorizada bajo la fianza de 20 millones de pesos solicitada por su abogado, Sebastián Miguel Noguera.
Vale recordar que en julio de 2023, el juez elevó a debate la causa al Tribunal Penal 2 de Posadas. En diciembre y tras el respectivo pedido del fiscal Vladimir Glinka, los jueces del TP-2 devolvieron el expediente a Balor pero este de inhibió y las actuaciones recayeron en el Juzgado de Instrucción 7. El juez Miguel Mattos rechazó hacerse cargo y fue la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores la que resolvió en julio pasado que Balor retome la causa y cumpla con las solicitudes del TP-2 y complete las pruebas.

El episodio fue extremo de balazos y sangre y se registró a una cuadra de la comisaría Décima de la Unidad Regional X. Para el juez y fiscal el ataque le costó la vida a “Casimiro” Sotelo de 41 años y resultaron lesionados tres familiares directos.

Según la instrucción de la causa, al menos los cuatro jóvenes acusados descendieron de una camioneta el domingo 13 de junio de 2021 entre las 6 y 6.30, abrieron fuego contra tres viviendas contiguas de la calle Clavelinas, entre Las Lilas y Tulipanes, y dejaron un tendal de heridos y la víctima fatal, reconocido entrenador de fútbol en el populoso barrio mencionado. La violencia se originó horas antes en una fiesta clandestina a pocas cuadras y, cuando aún regía el aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19. Hermanos y primos de Sotelo habrían ingresado a la casa de “El Garrafero” Castillo donde se realizaba el festejo.

Se desató una pelea con insultos y golpes y los Sotelo se retiraron del lugar.

El señalado anfitrión habría jurado venganza y, de acuerdo a los datos que manejaron los investigadores policiales, los roces entre ambas familias involucradas no serían nuevos. Frente a la casa de Sotelo se reunieron y, cuando se sospechaba que cada uno se iría a dormir, asomaron dos vehículos y descendieron los tiradores.

“Salgan, salgan, los vamos a matar a todos los Sotelo”, se escuchó antes de los disparos. Una vez en la escena, los efectivos de la división Policía Científica de la UR-X incautaron 27 vainas servidas calibre nueve milímetros la mayoría. Los proyectiles impactaron en dos jóvenes de 18 y 22 años, que acompañaban a “Casimiro”. Un tercero de 21 años sufrió lesiones en su espalda. Todos estaban desarmados.

De las declaraciones de testigos se pudo obtener una descripción de los rodados involucrados, mientras los heridos fueron trasladados en forma particular al Hospital Ramón Madariaga, donde Sotelo llegó sin vida.

Entre los heridos, el joven de 18 años sufrió un tiro en el pecho y fue intervenido con una cirugía a corazón abierto. El otro lesionado de 22 años, tuvo una herida similar en el tórax. Todos evolucionaron con el correr de los días y las curaciones.

Sotelo, según la autopsia, murió en pocos minutos “por una herida de arma de fuego que perforó la aurícula derecha del corazón y pulmón derecho, que le produjo una obstrucción cardíaca y hemorragia en el saco del pericardio; además de un hemoneumotórax derecho y sangrado intrapleural derecho”.

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Tags: Cristian Andrés Sotelodiego Omar TabaresElio CastilloGermán báñezHomicidioMisionesRicardo Walter BalorViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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