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“La Policía no puede investigar el homicidio de mi padre si uno de ellos está involucrado”

Constanza Acuña, hija del conductor de JorgeDaniel Acuña asesinado a golpes y balazos, solicitó que la causa no continúe bajo la pesquisa de la fuerza de seguridad provincial. Remarcó, además, que la tarea de la Dirección Cibercrimen no estuvo a la altura: “Nosotros aportamos la ubicación del celular de mi papá”.

15 agosto, 2024
FIRMEZA. La hija de la víctima fatal reiteró ayer su desconfianza con la investigación de la policía provincial y pidió que colabore GN.  Foto: Gentileza M. Otaño (@mmo_marcos)

FIRMEZA. La hija de la víctima fatal reiteró ayer su desconfianza con la investigación de la policía provincial y pidió que colabore GN. Foto: Gentileza M. Otaño (@mmo_marcos)

“Nos constituimos como querellantes y pedimos justicia porque creemos que lo único que corresponde es prisión perpetua para el asesino de mi padre”. La familia de Jorge Daniel Acuña, el conductor de UBER que fue asesinado el pasado lunes 22 de julio en Posadas, amplió ayer su pedido de celeridad y claridad en la instrucción de la causa que encabeza el juez Marcelo Cardozo. Constanza Acuña, hija de la víctima fatal, adelantó ayer que se constituyeron como querellantes en el expediente y, entre los primeros pedidos al magistrado, resaltó que solo tendrán tranquilidad si la investigación queda en manos de una fuerza federal como Gendarmería.

“Queremos que la investigación y pericias de los teléfonos celulares sea ordenada a Gendarmería Nacional. Eso sería muy bueno para nosotros porque no estamos conformes con la investigación de la Justicia provincial hasta el momento”, dijo Constanza ayer ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN en una rueda de prensa en el centro posadeño.

La joven de 25 años amplió los intereses de su familia: “Que intervenga una fuerza nacional en el caso nos da un poco de tranquilidad. Lo que no nos dejó conformes fueron los primeros pasos de la policía cuando desapareció mi papá, su búsqueda”.

Sobre quién era su padre y a qué se dedicaba, manifestó: “Él era un laburante, una persona buena y por lo que sea que lo hayan atacado no tiene respuesta, no tiene explicación, digan lo que digan no hay justificativo para hacerle eso a un trabajador”.

Aprovechó para explicar cómo se inició la investigación: “El lunes 22 de julio a las 10 de la noche en la comisaría Quinta de Garupá denunciamos la desaparición y salimos por nuestra cuenta a buscarlo por Posadas y la zona, incluso hasta cerca del lugar donde apareció el automóvil que manejaba mi padre (cerca del cementerio La Piedad). Cuadra por cuadra buscábamos hasta que a las 2 del martes nos saltó la ubicación del teléfono celular cerca del by-pass (Arco-Garupá de la ruta nacional 12) y dimos aviso a la comisaría y con linternas nos pusimos a buscar en esa zona. Se sumaron dos policías de la Quinta y con la luz del celular nos acompañaron. No encontramos nada”.

Además aclaró un punto polémico hasta el momento: “Cuando salió el sol volvimos a ir a rastrillar ese lugar y se sumó la Dirección Cibercrimen de la Policía. Pensamos que ellos aportarían algo más avanzado que nosotros, pero solo tenían la ubicación del celular que le habíamos dado horas antes. Toda la mañana y tarde del martes recorrimos los barrios de Garupá y Posadas, íbamos solos con mis familiares, avisábamos a la comisaría pero rastrillábamos solos”.

“Jamás pensamos que lo habían asesinado, pensábamos que nos iban a llamar y a pedir dinero por mi padre. Él ya había sufrido un asalto en 2022 y todos en mi familia pensábamos que lo habían secuestrado o algo similar, pero no fue así”, agregó respecto a las sensaciones extremas de desesperación que atravesaron durante la búsqueda.

Pero agregó una controversia más: “Tenemos dudas y pensamos que el cuerpo fue plantado en el lugar que apareció, por el estado del cuerpo nos parece, estaba entero, no tenía picaduras de bichos, nada”.

“Cerca del lugar del hallazgo buscamos con mi familia y después de la aparición del automóvil (Fiat Siena blanco) también con la policía. En esa zona la ubicación del celular indicaba cerca”.

“No puede investigar la policía este caso si es un integrante de la misma fuerza el sospechoso detenido. No queremos más salir a la calle a buscar a un pariente y que sean los mismos policías los implicados en la desaparición. No pueden investigar ellos”.

 

Hasta el momento

Acuña expresó una posición más sobre lo sucedido con su progenitor y posibles motivos o causas del crimen: “Por qué lo mataron no sabemos, igual no tiene porqué alguno lo que le hicieron. No sabemos, ni descartamos tampoco si le dispararon para robarle”.

Durante la tarde y noche del viernes 26 de julio, investigadores de la Dirección Homicidios de la Policía provincial detuvieron a un suboficial de 26 años como el principal sospechoso del asesinato de Jorge Acuña. Minutos después de la aprehensión (a las 19) en una vivienda de la avenida Zapiola casi Blas Parera, fue descubierto el cadáver del trabajador del transporte de pasajeros a pocos metros del by-pass (ruta nacional 12 entre el Arco y Garupá) a la altura de la avenida Alicia Moreau de Justo (exruta 213) en el sur de Posadas.

Dos días antes, a la siesta, cerca del cementerio La Piedad fue hallado el Fiat Siena propiedad de un ciudadano colombiano que se lo alquilaba a Acuña para que trabaje con la aplicación UBER.

La clave para la detención del policía fue que su automóvil, un Renault Kwid fue registrado en las inmediaciones del sitio del abandono del Fiat Siena en el que fue atacado Acuña y en la zona del descarte del cuerpo.

Los investigadores secuestraron cinco teléfonos móviles y el juez Cardozo encomendó el peritaje a la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) dependiente del Superior Tribunal de Justicia provincial. Se trata de los celulares del suboficial y su pareja, el propietario del Siena, la pareja de Acuña y el mecánico que reparó el vehículo utilizado por la víctima pocas horas antes de su desaparición.

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Tags: #PosadasConstanza AcuñaHomicidioJorge AcuñaMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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