A Walter Rubén Velázquez le cantaron en su funeral. Sus deudos le ofrendaron puñados de tierra sobre un cajón ensamblado de retazos de pino, lloraron la última plegaria y no hubo flores porque todas sus monedas, propias y prestadas, fueron puestas para costear el servicio fúnebre que finalizó ayer por la mañana en el cementerio público de Garupá.
“Chinito” no tuvo padre y madre biológicos, sino una familia que lo adoptó en el barrio La Calandria. Se crio como pudo en la ausencia de recursos y cada traspié dado lo reparó en una celda de comisaría, prisión y despacho judicial.
Walter Velázquez fue enterrado ayer acompañado por sus cinco hijos, todos niños, y tras poco más de doce horas de velatorio, tres días después que fuera hallado colgado del cuello con una bufanda tejida sujetada a un tirante de su vivienda en el barrio El Porvenir 2, barrio de oleros en la zona sur de Posadas, a pocos metros del bypass de la ruta nacional 12.
Sus familiares rezaron pero también recalcaron en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, que insistirán en que la Justicia esclarezca las circunstancias y determine si fue o no, amedrentado, amenazado, empujado o apretado para quitarse la vida.
Velázquez hasta el 10 de noviembre de 2023 contó con una custodia policial frente a su casa porque se había convertido en el testigo central en la nueva investigación abierta para determinar quién o quiénes, participaron del femicidio de la docente de 47 años Mirta Carmen Rosa, en el barrio Los Potrillos de Garupá, el 14 de febrero de 2013.
Se transformó en pieza clave de la ampliación del expediente luego de declarar en el primer debate por el mismo hecho que se realizó ante el Tribunal Penal 2 de Posadas, en agosto del año pasado y que culminó con dos policías condenados a cuatro y dos años de prisión por el delito de “abandono de persona”. Y con la orden de los jueces para que se iniciara la pesquisa sobre tres efectivos de la brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, quienes en el juicio declararon como testigos pero sus aportes fueron contradictorios y confusos ante la contundencia de Velázquez que los señaló sin dudar como los autores de los apremios y tortura que sufrió de sus manos tras retirarlo, clandestinamente, de una celda de la comisaría Quinta y lo llevaron al mismo descampado donde, pocas horas después del mediodía del 14 de febrero de 2013, apareció golpeada y sin vida Mirta Rosa.
La sentencia del Tribunal Penal 2 incluyó que se impute como coautores de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad” contra la docente, además de “apremios y torturas” a “Chinito Fleitas”, e “incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica”, artículos 80 (incisos 7 y 9), 144 bis, 248 y 293, a Emilio Federico Broemser, Adrián Roberto Borda y José María Bernal.
Los tres suboficiales fueron acusados, en su alegato de debate, por el fiscal Vladimir Glinka y fueron aprehendidos cuatro meses después. En esa situación permanecieron hasta abril pasado cuando el juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, el mismo magistrado que investiga ahora el suicidio de “Chinito”, les otorgó la excarcelación bajo palabra.
Dos meses después uno de los policías, Adrián Borda, fue detenido por Gendarmería Nacional por su presunta participación en la corrupción y prostitución de una adolescente al lado de su vivienda en el barrio A4. Lugar en el que se sospecha de la venta de estupefacientes encabezada por un familiar. Pocos días después fue liberado, nuevamente.
