Las estrategias que presentaron los defensores de los principales implicados en el crimen de Nicolás “Junior” D’Amico (35), no prosperaron en la consideración de los jueces. Varios de ellos volvieron a la cárcel, luego que llegaran libres al debate tras vencerse años atrás la prisión preventiva.
Luego de los alegatos de las partes que se extendieron hasta cerca de las 14 de ayer, los magistrados de Tribunal se retiraron a debatir cómo se resolverían las distintas responsabilidades en una causa que tuvo siete imputados y abultados cuerpos de expedientes. Ocho años y casi cuatro meses después se iba dar cierre a la investigación por el homicidio del empleado de un abasto de la localidad bonaerense de Lobos, ocurrido en Oberá.
A las 15.20, Francisco Aguirre, presidente del Tribunal, secundado por los vocales Horacio Paniagua y Jorge Erasmo Villalba, leyó la sentencia. Y resolvieron: condenar a Diego Ramón Benegas (40), como autor del delito de “homicidio simple” artículos 45 y 79 del Código Penal, a la pena de 24 años de prisión. Revocarle la excarcelación, ordenar su inmediata detención y disponer su alojamiento en la Unidad Penal II de Oberá.
Condenar a Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), como partícipe necesario del delito de “homicidio simple”, a la pena de 20 años de prisión y su inmediata detención.
Condenar como “partícipes secundarios del delito de homicidio simple”, a Gustavo Germán Benegas (36) y a Diego Orlando Gutiérrez (33), a la pena de cinco años. Y a Gustavo Ramón García (32), a la pena de cuatro años. También sus inmediatas detenciones.
Prosiguió con la lectura de la condena a Guillermo Andrés Burkiewicz (35), en calidad de autor del delito de “entrega de arma de fuego a quien no acredita condición de legítimo usuario”, a la pena de un año de prisión en suspenso.
Y absolver a Guillermo Rockenbach (35), de los delitos de “tenencia de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita condición de legítimo usuario”, por aplicación del principio “in dubio pro reo”.
Mientras los condenados aguardaban el traslado, al fondo quedó Gustavo García junto a su madre. Al grito de “¡no se lleven a mi hijo!”, la mujer recibía como respuesta la voz de Victoria D’Amico, que le decía que por lo menos ella lo podía tener con vida, mientras que a su hermano lo habían matado.
El primero en hablar fue el querellante Claudio Katiz. Dijo que quedó demostrado que “premeditaron” cómo realizar el crimen y repartirse los roles.
Pensaron en deshacerse de él y descartar su cuerpo incendiándolo junto a su Volkswagen Bora, pero también descartar el cuerpo en la chacra del dueño en Caá Yarí, para que lo comieran los chanchos o directamente “hacerlo chorizo” en la misma carnicería.
Habló de la deuda de 50 mil kilos de carne que a valor de hoy serían unos 175 millones de pesos, que el propietario tenía con el dueño del abasto para el que trabajaba “Junior”. Por eso le entregó la titularidad del local a Diego Benegas en agosto de 2015, dos meses antes del crimen. “Ambos dueños querían deshacerse de él”.
Dijo también que había mucha venta de carne en negro y que si D’Amico hablaba de esos negocios podían ir presos. Dio a entender que había otros motivos para deshacerse de él, además de la deuda.
Relató que Diego Benegas lo golpeó con un hierro y Jonathan Gutiérrez lo apuñaló en la arteria aorta, como alguien que sabe como matar a un animal. Que “Junior” imploró por sus tres hijos que no lo mataran.
Pidió a los jueces la pena de reclusión perpetua para Diego Benegas, prisión perpetua para Jonathan Gutiérrez y la pena máxima por encubrimiento para los demás actores.
Por su parte el fiscal Estanislao Bys reconstruyó como ocurrieron los hechos en la carnicería basándose en el relato que dieron los mismos acusados.
Recordó que Diego y Jonathan hablaron que D’Amico los amenazó con un arma. Pero esa arma nunca existió, nunca la mostraron como prueba, y eso podía haber sido un atenuante para ellos, dijo el fiscal. Pidió la pena de prisión perpetua para los autores materiales y seis años de prisión a los restantes por encubrimiento.
Myriam Silke, la otra parte fiscal, solicitó dos años de prisión en suspenso para Burkiewicz y absolución para Rockenbach.
El abogado Rosendo Cabrera dijo que la tarea habitual de su defendido Ramón García era la de limpiar la carnicería, hecho que se le imputaba por limpiar la sangre de “Junior” y encubrir el crimen. Pidió absolución y dijo que había una animosidad contra él.
Matías Olivera defensor de los hermanos Gutiérrez dijo que no había forma de sostener qué pasó en la oficina de la carnicería y cuál fue el rol de cada uno. Que no pudo saberse la causa de muerte de D’Amico. Solicitó la absolución por “homicidio calificado por alevosía” con la que estaba imputado Diego y pidió en caso de condena tres años de prisión en suspenso. En tanto para Jonathan, cinco años de prisión efectiva.
El último alegato correspondió a Yamile Soledad Scholles, defensora de los hermanos Benegas: “Más allá de las interpretaciones por alevosía, esto se trató de un homicidio simple y no se acreditó tampoco de qué murió D’Amico”. Pidió la absolución para Gustavo, puesto que al ser familiar, por lealtad no denunció a su hermano y por estar protegido legalmente de no declarar contra un familiar. Y para Diego, que se le tuviera por computada la pena por “los tres años que estuvo alojado en prisión”.
