Durante los 10 días que lleva el acampe policial y muchos más el reclamo de los docentes, entre los manifestantes y las organizaciones que respaldan las protestas hay un debate sobre las responsabilidades que caben a cada estamento del Estado en la solución a las demandas del pueblo.
Es difícil reclamar al Estado nacional con un Gobierno que -desde la campaña electoral- plantó bandera en el modelo “gendarme liberal”, donde solo dedica sus recursos a “vigilar” sin intervenir, aunque las injusticias recaigan en los más débiles.
Como ejemplo del debate popular, por fuera del encuadre político partidario, se pudo ver un breve pero significativo intercambio que se dio en medio de los incidentes en la explanada de la Legislatura, el pasado jueves, cuando docentes con diferentes pancartas se cruzaron también sobre quién debe darles respuestas. Una mujer, por un lado, tenía un cartel que aseguraba que la Provincia y la Nación eran responsables. Detrás, aparecieron dos colegas con uno que cargaba ese pedido solamente en Misiones.
Para separar la discusión política (en análisis en esta columna) del eje del conflicto, nadie duda -ni siquiera en el interior del oficialismo misionero- que hay un justo reclamo de los trabajadores. Aunque se haya incrementado, con la extensión del acampe, el malestar de ciudadanos y comerciantes afectados por las medidas. Es decir, colisionan las metodologías utilizadas para manifestarse, como suele ocurrir con los escraches o los cortes de rutas, que dividen opiniones en el país de las eternas “grietas”.
Mientras eso ocurre acá, desde otras provincias, los gobernadores siguen con preocupación la escasa reacción que tuvo la Casa Rosada para no estirar la protesta misionera, que escaló en violencia en los últimos días, en un territorio donde nadie salía a las calles a reclamar con contundencia prácticamente nada.
Pero no quedan dudas que, el acampe policial, potenció la visibilidad a tal punto que llegaron los medios porteños más importantes que hacen cadena nacional para mostrar los hechos.
Existe un chat donde se vuelcan opiniones entre los mandatarios, donde no ocultan el temor a que se extiendan los conflictos más allá de la tierra colorada. Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, son algunas de las jurisdicciones donde se encendió una señal de alerta. Algunos de los foráneos mantienen llamadas casi a diario con dirigentes provinciales (dentro y fuera del Gobierno) para mantenerse al tanto de lo que ocurre.
Es que los gobernadores estaban acostumbrados a que existió en los mandatos de CFK, Néstor, Mauricio Macri y Alberto un ministro del Interior nacional atento a ayudar a no llegar a situaciones extremas. Porque los antecedentes de Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán fueron lo suficientemente duros como para dejar que se repitan los enfrentamientos populares.
Es difícil consensuar posturas sobre las responsabilidades, por el sesgo ideológico que domina el país. Ya no es solo kirchnerismo y antikirchnerismo sino que aparecieron los libertarios en el ejercicio del poder, donde se mostraron con autonomía en las discusiones. Tal vez por eso, los legisladores que responden a los gobernadores del ex JxC y UxP en el Senado (con excepciones como Tucumán, Corrientes y Misiones, entre otros) fueron haciendo fracasar los proyectos legislativos de Milei, hasta haber conmemorado el día de la Patria sin Ley Bases ni Pacto de Mayo.
Gobernabilidad, ¿con gobernabilidad se paga?
En la “Rosadita” misionera se siente un sabor a “incumplimiento de la palabra” del Gabinete nacional, después del pacto “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”. Al recorte de recursos nacionales, falta de dinero para obras, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, deudas impagas al IPS, Vialidad, etc, las “espadas” de Milei realizaron apariciones mediáticas criticando el manejo de la Provincia y echando toda la responsabilidad a la misma. Salvo Patricia Bullrich que, en 24 horas, pasó de ese discurso a exigir a los policías que vuelvan a trabajar.
En el entorno del gobernador Hugo Passalacqua, advirtieron en los últimos días que los aumentos anunciados -a cobrarse la semana entrante- demandarán casi 15 mil millones de pesos a la masa salarial de los trabajadores públicos, “haciendo un esfuerzo tremendo para recomponer el salario perdido a causa de la inflación nacional. Se debe considerar una caída de 30% de la coparticipación, que no se daba hace 22 años, y una caída de 20% de la recaudación propia, datos que suceden en el mismo momento que el gasto del Estado crece y crece sin parar”.
No deja de ser curioso que, a pesar del apoyo renovador a la Ley Bases y el DNU 70 (donde mostraron algunos reparos), los libertarios locales no se posicionaron neutros sino que fogonearon la protesta con el radicalismo y el macrismo. En los pocos intentos de acercamiento al acampe o en la Legislatura, a los diputados provinciales y nacionales opositores les fue mal en su mayoría, ya que se encontraron con docentes, policías, médicos, enfermeros y dirigentes gremiales que les endilgaron la falta de apoyo antes de que llegaran los medios de comunicación porteños, como el respaldo en las votaciones a Milei.
Es decir que, sin importar el signo político que representasen, los manifestantes los pusieron en la misma “bolsa”.
Hasta el obispo de Oberá, Damián Bitar, se metió en la cuestión de las responsabilidades durante una reciente entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, tras el documento de los prelados de Posadas, Iguazú y el mencionado en el que pidieron diálogo sin violencia.
El obereño destacó que “el agobio económico (para la gente) es muy grande porque el salto devaluatorio más la inflación hicieron que esté todo más caro en la vida cotidiana y el dinero no alcanza. Eso provoca tensión y desánimo”; a la vez que cuestionó los “tintes ideológicos” de la protesta en el sentido de “no aflojar nada y de tensar el arco hasta provocar que se corte”.
Después de diez días de tensión, es de esperar que las ambiciones de ambos lados de la disputa cedan. Que el diálogo no se pierda y que los trabajadores encuentren el reconocimiento merecido. Para ello, hacen falta autocrítica, cesiones, humildad y escucha.
Esa responsabilidad no solo le cabe a los funcionarios y dirigentes sino también a cada uno de los manifestantes que -en forma grupal- vienen tomando las decisiones en medio de la avenida Uruguay en cada “votación”.
La “yerba judicial”
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió esta semana un petitorio de más de 50 intendentes misioneros para que frene el ingreso de yerba mate paraguaya y brasileña a la zona productora, por el impacto negativo que tiene (por menor costo y cuestionada calidad) frente a la ofrecida por los misioneros.
No hubo ninguna respuesta.
La libre importación del producto es apenas un eje de los problemas que trajo el DNU del presidente Milei, de desregulación del mercado y la casi eliminación del INYM. Sin olvidar que la gran mayoría de los productores y molineros pidieron el voto al Presidente para llegar a esta etapa y hoy ven los resultados de una decisión en caliente.
Ante el silencio de la Casa Rosada, una comitiva de funcionarios provinciales y referentes productivos y del INYM, irán esta semana a Buenos Aires a golpear las puertas de los despachos oficiales, para ver si los atienden y logran ampliar los fundamentos de la desesperante situación que los vuelve a más de dos décadas atrás. A su vez, algunas asociaciones de productores mantienen la “pelea” en la judicialización y ganaron otra batalla. Esta vez en la Cámara Federal de Apelaciones que ratificó la suspensión del DNU en los artículos de desregulación del INYM, devolviendo al mismo las facultades perdidas.
El problema que se viene dando es que, a pesar de las sucesivas resoluciones judiciales en los diferentes fueros, no existe acatamiento en la Nación y todo sigue igual. A tal punto aplica el “Estado ausente”, que el INYM lleva casi un semestre sin presidente porque Milei no designó ninguno, manteniendo el “fantasma de la disolución” como le pasó al INADI, a Télam, al INCAA, entre otros organismos que entraron en la “motosierra” para bajar el déficit fiscal.
