La protesta de policías y penitenciarios terminó su octavo día con una contrapropuesta del acampe de la avenida Uruguay al Gobierno: bajar de los 860.000 pesos pretendidos inicialmente, a 700.000 pesos de básico para un agente sin antigüedad, sobre el cual se deberían aplicar los adicionales que tienen las fuerzas de seguridad.
Desde la Gobernación hubo silencio y una implícita ratificación del 30% de aumento propuesto antes de los incidentes en la Legislatura misionera.
Pasado el mediodía, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno de la provincia, Pedro Duarte, radicó dos nuevas denuncias penales ante el Juzgado de Instrucción 6, a cargo de Ricardo Balor y el fiscal René Casals.
A diferencia de las anteriores, en una de ellas fue directamente contra quienes identificaron como los referentes del acampe de protesta: Martín Anselmo Cabañas (Subof. My. de la UR VIII); Joaquín Alejandro Orrego (sargento de la UR IX); Alexander Francisco Melgarejo (cabo); Diego Hernán Correa (Of. Ayte. División Motorizada de I. Miní); Iván Ezequiel Arrieta (Of, Sub Ayudante División Motorizada de I. Miní); Elías Horacio Couto (Of Ayudante UR I); Ramón Oscar Amarilla (Subof My retirado); Germán Palavecino (Subof Mayor retirado); Ramón Alejandro Arrieta (Sargento UR I); Lisandro Ramón Cantero (Sargento UR I); Rubén Darío Boneti (Sargento UR X); Lucas Emanuel González (agente UR I); Adolfo Basilio Guirula (cabo primero UR VII); y Enrique Orlando Castellano (Sargento de la Dir. Gral. Servicios Sociales).
A todos los mencionados, “como a quienes se fueron sumando y apoyando con el correr de los días”, pidió investigarlos por los presuntos delitos de “sedición, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, interrupción de tránsito público, estafas y otras defraudaciones, malversación de caudales públicos y amenazas”.
Duarte dijo que ellos fueron “identificados gracias a investigaciones internas de la Institución policial, más allá que los mismos fueron captados por los medios de comunicación”.
Para el funcionario, los mencionados habrían incurrido en “actos de instigación y amenazas manifiestas, tanto en forma personal (máxime con portación de armas de fuego) como en forma virtual mediante medios de comunicación”. Y que los “cabecillas de la protesta obligan a otros integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales a participar en la toma de unidades operativas”.
Amenazas
En otro escrito, Pedro Duarte hizo referencia a un mensaje que se habría viralizado por redes sociales, dirigido a Hugo Passalacqua, “en el que se evidenció una clara amenaza, sosteniéndose que si no se llega a un acuerdo conciliatorio, los manifestantes tomarán distintos organismos públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Educación, la Cámara de Diputados, etc”.
Y aseguró que su oficina se encuentra en uno de esos edificios y “temo especialmente por la seguridad y tranquilidad de los empleados a mi cargo, y con el fin de velar por ellos, es que me veo en la obligación de solicitar al Agente Fiscal (René Casals) que se investigue este caso, ya que nos vemos perturbados en la tranquilidad para asistir a nuestro lugar de trabajo, máxime teniendo en cuenta lo ocurrido el 23 de mayo de 2024 frente a la Cámara de Representantes, protesta bajo la modalidad de actos violentos, en el que los manifestantes intentaron ingresar al recinto rompiendo vallas y golpeando a efectivos de la Policía, entre otros hechos de agresión”.
En ese mensaje presentado ante la Justicia Penal, se advirtió al Gobernador que “se le mostrará que con el pueblo no se debe meter, está en su lugar porque el pueblo lo votó, confió en sus propuestas, confió en que le iba a apoyar”.
En los escritos, finalmente, se solicitó el desalojo del acampe, la liberación de la avenida Uruguay y calles ocupadas.
