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Denuncian que miles de docentes fueron cesanteados de forma ilegal

Según la ley, suplentes e interinos quedan cesantes sólo ante la presentación del titular, pero desde el SEMAB aseguran que el CGE está “bloqueando” cargos impidiendo a los suplentes seguir frente a los alumnos pese a que los titulares no volvieron. Recomiendan a los damnificados no dejar sus puestos de trabajo.

10 marzo, 2024
Imagen ilustrativa

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Desde la aprobación de las Resoluciones 241 y 271 del Consejo General de Educación (CGE), miles de docentes suplentes fueron cesanteados en las escuelas misioneras y, según denunció la secretaria general del Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo (SEMAB), Mariana Lescaffette, “estas cesantías son totalmente contrarias a la Ley de Estatuto Docente”.

Según indicó “no damos abasto recibiendo los reclamos de miles de docentes que están quedando sin trabajo tras la aplicación de ambas resoluciones. Esto es como la fábula del rey desnudo, el cuento escrito por Hans Christian Andersen, porque nadie quiere decir lo que todos ven: se habla de cuestiones que no responden a la veracidad de los actos públicos que hace el Consejo General de Educación que intenta instalar que los docentes ocultan la falta de matrícula cuando eso es mentira. Tenemos registradas numerosas denuncias de colegas que se presentaron a trabajar, por ejemplo en una escuela rural con un aula de 15 alumnos, y se encontraron con la cancelación del cargo y, por lo tanto, quedaron cesantes como suplentes. Incluso hay titulares que quedaron cesantes y no en disponibilidad, como dice el Estatuto Docente. A diferencia de la cesantía que es lo mismo que quedar sin trabajo, la disponibilidad implica que tiene dos años para poder acceder a otra vacante”.

 

“Esto no existe en la ley”

Lescaffette acusó al presidente del CGE, Alberto Galarza, de crear cargos en institutos de formación docente para gerenciar indirectamente a través de personas de su confianza, “por eso lo denunciamos por tráfico de influencia”, recordó la dirigente sindical quien advirtió que “no se puede bloquear o cerrar un cargo docente porque es una figura que no existe en el Estatuto Docente”.

Desde el SEMAB ya presentaron un pedido de revocatoria a ambas resoluciones y anticiparon que “estamos esperando que se cumplan los plazos administrativos para acudir a la Justicia Laboral y ahí también haremos responsables a los directivos y supervisores que están dejando cesantes a docentes de manera ilegal, negándoles la entrada a su fuente laboral aún habiendo chicos que quedan circunstancialmente sin maestra, porque el objetivo es llevar esos cargos a otros lados una vez que se jubile el titular. El artículo 76 del Estatuto es más que claro: el suplente y el interino solo pueden cesar ante la presentación del titular y eso no se está cumpliendo… acá están cesanteando por falta de matrícula”.

 

“Se desmantela la escuela pública”

Lescaffette advirtió que se habla de transparencia pero “en realidad lo que se está haciendo es desmantelar la escuela pública y sus cargos, por eso, desde el sindicato convocamos a defender la fuente laboral y orientamos a los docentes cuyos derechos están siendo vulnerados a sostenerse en el lugar de trabajo con actas armadas con los abogados e iremos a la Justicia de no haber respuesta en el tiempo administrativo que corresponde”.

 

Recurso de revocatoria

El SEMAB presentó el lunes 4 de marzo el pedido de revocatoria contra la Resolución 241/2024 del CGE y, según precisaron desde el sindicato, aguardan que se cumplan los diez días que es el plazo administrativo para una respuesta para acudir a la Justicia Laboral. “Esta resolución no respeta el principio de jerarquía de las normas ni el principio de supremacía constitucional, infringe el orden de prelación de normas de nuestro ordenamiento jurídico porque una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior. La Resolución 241 es una norma de rango inferior que violenta la Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional, la Constitución de la Provincia de Misiones, la Ley de Educación Nacional, la Ley General de Educación de la Provincia de Misiones, el Estatuto Docente y la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras”, advirtieron desde el SEMAB.

También la Unión de Docentes Argentinos (UDA) presentó recurso de revocatoria contra la resolución y desde la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) anticiparon que trabajan en un documento que presentarán ante el CGE a efectos de rever los puntos de la resolución que van en perjuicio de conquistas sindicales.

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Tags: #EducaciónAlberto GalarzaConsejo General de Educación CGEDocentesDocentes interinosDocentes suplentesMariana LescaffetteSEMAB
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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