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Mientras sigue el “desprecio al usuario”, desde hoy está vigente el tercer “boletazo”

Rige para el transporte público del área metropolitana de Posadas, Garupá y Candelaria y no será el último en lo que queda del año. Desde movimientos vecinales y defensores de consumidores señalaron que “se sigue especulando con la necesidad y la paciencia de los pasajeros”.

1 noviembre, 2023
BOLETAZO. Desde hoy rige el tercer aumento en el pasaje urbano de Posadas y aún resta un nuevo aumento. Imagen ilustrativa

BOLETAZO. Desde hoy rige el tercer aumento en el pasaje urbano de Posadas y aún resta un nuevo aumento. Imagen ilustrativa

Noviembre comenzó con el tercer “boletazo” en el servicio de transporte urbano en el área metropolitana de Posadas, Garupá y Candelaria; impactando de lleno en la economía de miles de familias que utilizan ese medio de transporte para movilizarse todos los días.

Tal como si fuera una película reiterativa, este tarifazo llega con los mismos reclamos que vienen haciendo usuarios desde hace meses, inclusive años, sin obtener una respuesta a los mismos.

En ese sentido, tanto Luis Gilardoni, de Movimiento Vecinal, como Marcos Contreras, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Defender; coincidieron en que el malestar trasciende el “golpe al bolsillo” que significan los aumentos, sino que está vinculado directamente al servicio que brinda el Grupo Z, la empresa encargada de casi la totalidad de líneas del área metropolitana.

“No tenemos problema en pagar si tenemos un servicio de calidad”, resumió Gilardoni en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

No obstante, en Posadas, el boleto cuesta desde hoy $130 con SUBE o QR y $170 en efectivo. Hasta Garupá el boleto pasó a valer $169 y $240 respectivamente. Y hasta Candelaria $197,60 y $280.

Dentro del municipio de Garupá el recorrido con SUBE o QR pasó a costar $139,28 y en efectivo $190; al igual que dentro del ejido de Candelaria

 

Reclamos específicos

“Pedimos cosas simples”, marcó Gilardoni. Esas pequeñas pautas tienen que ver con frecuencias, deficiencias de las unidades y, principalmente, límites y faltante de las tarjetas sube; entre otras muchas cuestiones.

Contreras, entrevistado por PRIMERA EDICIÓN, lamentó que “no se tomen medidas de fondo y no tener una solución de raíz de los problemas que tienen los usuarios de transporte”.

Además, sostuvo que “en una jugada muy vil”, los empresarios “especulan permanentemente con la paciencia y la necesidad de los usuarios”.

“Hacen lo que quieren, cuando quieren, porque el sistema los avala”, acotó.

Para Contreras, el Grupo Z se aprovecha de las características del ciudadano provincial “el misionero antes de salir a la calle a hacer quilombo, prefiere atender sus responsabilidades . Por eso paga el pasaje sin chistar”, describió.

También, cruzó los argumentos que esgrime la empresa, entre ellos, los retrasos en los subsidios nacionales y provinciales.

“Nadie hace un negocio si viene a pérdida, ellos permanentemente están ganando (…) Te quieren hacer creer permanentemente que te están haciendo un favor y no es así”, expresó.

Siguiendo con su crítica, remarcó que “si ellos (por el Grupo Z) se quejan de que no le giran los subsidios, que abran la jugada y que entre otro. El usuario no tiene la culpa, no tiene porque cargar con los costos de deficiencia del servicio”.

Asimismo, el titular de Defender apuntó que sigue habiendo “un desprecio hacia el usuario” y diferenció lo que ocurre en el centro urbano de Posadas, con respecto a zonas más alejadas.

“El circuito metropolitano es el más visible y ahí podes ver nuevas unidades. Pero cuando te alejas de la gran urbe, empezás a ver las deficiencias, con unidades con techos rotos, caños y asientos sueltos; etc”, añadió.

 

Carga y faltante de SUBE

Uno de los grandes dramas con el que conviven los usuarios es la tarjeta SUBE, que permite pagar el pasaje a un valor más económico que el efectivo.

Entre los principales contratiempos, está que posee un máximo de carga de $600, sumado a que están muy concentrados los puntos de cargas.

Aún así, uno de los dolores de cabeza que nace con la SUBE es justamente la faltante de la misma, ya que la empresa del Grupo Z encargada de emitirla, hace meses no lo hace, bajo el argumento de tener problemas con las importaciones.

Para Contreras, el escaso margen de carga y la escasez responden a una decisión arbitraria del Grupo Z para “coaccionar y obligar al usuario” a optar por la billetera virtual “Servicios Urbanos”. Esta modalidad requiere de bajar una aplicación en el celular para pagar el pasaje mediante el código QR.

“El usuario ya se expresó en contra de la billetera virtual”, recordó el entrevistado.

Por todo lo anterior, muchos pasajeros se ven “obligados” a pagar el boleto en efectivo, con el costo extra que eso significa.

“Ante la escasez de sube, hemos conseguido que se emita una tarjeta especial para jubilados, menores y personas con discapacidad”, destacó Contreras, quien consideró que la misma podría “universalizarse” y habilitarse a todos los usuarios.

“Hay que abandonar los parches provisorios y el hacer campaña por demagogia”, solicitó.

Por último, Contreras reveló que entre las principales quejas que reciben en Defender se encuentra la “mala atención que denuncian los usuarios cuando van a hacer un pedido o un reclamo en las oficinas de la empresa”.

“Una madre fue con sus dos hijos con discapacidad y solo le dieron una tarjeta”, ejemplificó.

 

Falta de respuestas

Contreras y Gilardoni criticaron la falta de respuestas a sus reclamos por parte de las autoridades locales y provinciales encargadas de regular el servicio de transporte.

“Nosotros seguimos insistiendo y creemos que por medio del diálogo tenemos que llegar a nuestros funcionarios”, dijo Gilardoni.

“Continúa habiendo pocos refugios cuando la empresa debería construir 10 por mes”, señaló Contreras, haciendo referencia al único requisito que se le “impuso” al Grupo Z como condicionante para aplicar los aumentos.

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Tags: ColectivosGrupo ZMisionesTransporte
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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