Aunque la audiencia pública para tratar la suba del boleto urbano dejó en los participantes la impresión de que la nueva tarifa ya está “decidida”, también puso de manifiesto la preocupación de los usuarios, quienes ya no piensan recibir el tarifazo con los brazos cruzados.
“A pesar de que no hubo información clara para inscribirse y poder participar en la audiencia, cientos de usuarios y también integrantes de asociaciones de consumidores demostramos nuestra disposición a dar pelea por nuestros derechos”, dijo el titular de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras.
Por el orden en la lista de oradores, al hombre le tocó exponer después del representante empresarial de Euta, ocasión que aprovechó para exponer la ausencia de controles y la pasividad demostrada por los agentes de contralor, porque “los abusos y las ilegalidades que comete el Grupo Z existen porque se dejan hacer”, cuestionó Contreras en charla telefónica con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Expresamente, el hombre se refirió a la quita de frecuencias (en el caso de Posadas) y directamente de líneas (en el caso de Oberá), con lo cual el Grupo Z “generó una ilegalidad que desde la perspectiva de los derechos de los consumidores debe ser sancionada”, exigió.
“El grupo empresario está obligado a informar debidamente que hay una quita en el servicio para que el usuario tome la previsión, pero no lo hizo porque no le importa. Además es evidente que lo pueden hacer porque los organismos de control se lo permiten”, enfatizó el representante vecinal.
“Hoy (por el jueves y también días anteriores) hubo una reducción de frecuencias, de tal modo que llamé a la empresa para averiguar los motivos y no me supieron decir si era por un conflicto con los choferes o una decisión del Grupo. Lo único que me aclararon fue que mañana (por hoy) se levanta ‘mágicamente la medida’”, ironizó Contreras y se preguntó : ¿Quién controla esa reducción y quién establece los apercibimientos, que es facultad de los Ejecutivos (municipales y provinciales) porque es la Secretaría de Movilidad Urbana junto con la Subsecretaría de Transporte de la provincia, las que deberían actuar.
“A nosotros, Lucas Jardín (por el secretario de Movilidad Urbana de Posadas) nos dijo que la Municipalidad de Posadas tiene un sistema de monitoreo donde están establecidas frecuencias”, remarcó tras sugerir que la comuna estaba perfectamente al tanto de la irregular medida, pero nada hizo al respecto.
“¿Quién se hace cargo del daño que sufrimos los usuarios con la reducción de frecuencias ?”, reiteró.
Sin embargo elogió al vecino quien “pudo manifestarse por los problemas comunes y la indignación permanente ante todas las cosas que ocurrieron. Si bien la gente sabe que estamos ante una sentencia dictada, pero la importancia de todo esto es la gratificación por expresarnos”, insistió.
Por su parte, Cristina Cuevas, integrante de la Unión de Comisiones Vecinales, oradora en la jornada calificó de “vergonzosa” la ponencia del Grupo Z, respecto a las tarifas exhibidas, “es una bofetada a la ciudadanía, a los usuarios”, en un momento inflacionario del país “muy grave”, criticó con enojo.
Las obligaciones son recíprocas
Durante la nota con la radio de PRIMERA EDICIÓN, Marcos Contreras puso especial énfasis en que las obligaciones de los usuarios y de las empresas “son recíprocas”.
“Tanto para nosotros que pagamos por un servicio y ellos como empresa por proveernos. Los usuarios que hoy se pudieron manifestar saben que el sistema no es invulnerable”, acotó al traer a colación a la mujer que dio pelea para conseguir las tarjetas SUBE para sus hijos, quien también se presentó en la audiencia como oradora final. Su ejemplo, y el de una joven comunicadora social no vidente, a quien la empresa no le emitió el plástico y la obligó a bajar la aplicación, que más tarde se demostró que no es inclusiva, dejaron a la vista de la población que el gigante monopólico puede ser obligado a respetar el derecho de los usuarios, cuando estos presentan lucha.
“Vamos a trabajar sobre todos los incumplimientos porque el sistema no está blindado”, sostuvo.
