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Comunidades originarias exigen frenar las invasiones de sus tierras

El pueblo de Takuapi Mirĩ, ubicado en Delicia, denunció el desmonte de diez hectáreas de su territorio, relevado por la Ley 26.160. En Puerto Libertad, amenazaron de muerte al pueblo mbya.

31 agosto, 2023
LUCHA. Las comunidades aseguraron que “vamos a estar siempre luchando”.

LUCHA. Las comunidades aseguraron que “vamos a estar siempre luchando”.

Comunidades originarias de Misiones exigen el respeto de sus tierras y piden frenar las invasiones en territorios indígenas de la provincia las cuales “no dan tregua”.

El último caso informado se registró en el pueblo Tekoa Takuapi Mirĩ -ubicado en Colonia Mado- que sufrió el desmonte de unas diez hectáreas de su territorio relevado en el marco de la Ley 26.160.

El cacique Francisco Silva, explicó a PRIMERA EDICIÓN que el 23 de agosto “se escuchó una motosierra de noche”, y que al día siguiente cuando fueron a recorrer el monte se encontraron con que habían desmontado aproximadamente 10 hectáreas.

“Había árboles caídos listos para sacar, y lo que sabemos es que están trabajando desde hace un par de días. Están achicando nuestro territorio, es algo que no debería preocuparnos solo a nosotros sino a toda la provincia de Misiones de la cual somos parte”, expuso.

Según precisaron, la denuncia ya fue radicada en la Comisaría de Mado UR-III y se encuentran a la espera de una respuesta por parte de los organismos competentes del Estado provincial, responsables de garantizar el cumplimiento de sus derechos territoriales.

“Estamos reclamando y para eso hicimos ya la denuncia, para que paren de destruir nuestro monte donde tenemos muchos recursos medicinales, además de la pesca y caza. Todavía ninguna autoridad se acercó y estamos preocupados”, dijo Silva.

Y afirmó que desconocen quién es el responsable, aunque reveló que “entraron del lado de una zona que pertenece a Petrovalle”.

 

Amenazas de muerte

Otro caso tuvo lugar el pasado viernes 25 de agosto en la comunidad Andrés Guacurarí, en Puerto Libertad, donde denunciaron que fueron víctimas de un nuevo atropello de la empresa ARAUCO, y que incluso recibieron amenazas de muerte por parar las máquinas.

El mburuvicha Ramón Baez contó que “esta empresa está destruyendo la selva misionera. Están invadiendo con máquinas, plantando pinos cerca de la comunidad -a 50 metros- usando químicos que son un peligro para chicos y grandes“.

Asimismo, indicó que “nos amenazaron de muerte por salir a atajar las máquinas. Uno de los empleados dijo que si el jefe ve a alguno de nosotros, lo va a matar. Mi miedo no es morir, sino que a mi gente le pase algo. Yo salgo a defender mi territorio, que es para nosotros y las generaciones futuras”.

Y reiteró que “uno que estaba en la camioneta amenazó de muerte a un abuelo. Muchos tienen miedo, unas tres o cuatro familias se van a ir a Mado, están dejando con miedo a mi gente”.

Sin embargo, el cacique aseguró que seguirán firmes en el lugar junto a su familia: “Vamos a estar siempre luchando. Gracias a Dios en este momento pararon, pero no sabemos si van a seguir”.

Cabe mencionar que la comunidad Andrés Guacurarí tiene su Carpeta Técnica que fue realizada en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento territorial, herramienta jurídica para frenar los intentos de desalojo de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales y que reconoce la posesión de los mismos a las comunidades. Además, es un primer paso para una futura ley de Propiedad Comunitaria, que parece estar cada vez más lejos.

 

Advierten que el desmonte “es una cuestión permanente”

Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) manifestaron que “cada vez son más las comunidades afectadas por las invasiones a territorios indígenas”.

Al respecto, el integrante del EMiPA, Vasco Baigorri, expresó a PRIMERA EDICIÓN que “esta es una cuestión permanente en el sistema de desmonte y destrucción de la selva, que va en contra de la política provincial”.

En el caso de la comunidad Tekoa Takuapi Mirĩ, en Delicia, sostuvo que “no sé quién autorizó el ingreso al monte”.

 

LAMENTABLE. En Delicia se talaron árboles de loro negro, anchicos, guayubira, que son muy valiosos para la comunidad Tekoa Takuapi Mirĩ.

 

“Entraron de noche y se talaron árboles de loro negro, anchicos, guayubira, que son muy valiosos. Ya se pidió el informe correspondiente al Ministerio de Ecología para saber si era un desmonte autorizado, si estaba autorizada la tala, o si fue algo ilegal por eso se hizo de noche. Hay que ver si esta zona estaba marcada con rojo”, apuntó.

Baigorri aclaró que este tipo de situaciones se repiten a lo largo de toda la provincia de Misiones, a pesar de que sean territorios relevados mediante la Ley 26.160.

“Tenés en Puerto Libertad o la extensión de desmonte que pretende llevar adelante en la comunidad de Caacupé de Ruiz de Montoya. No son hechos aislados, es algo que está sucediendo permanentemente”, adujo.

Para cerrar, sostuvo que “la Provincia tiene toda una legislación para proteger el monte, pero de todas formas en su legislación está la autorización del desmonte”.

“Misiones debe conservar sus bosques y no se debe seguir autorizando el desmonte, hay una ley de bosques para esa protección que debe llevarse adelante y no se está respetando”, concluyó Baigorri.

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Tags: DesmonteFrancisco SilvaGuaranímbyaMisionesTekoa Takuapi Mirĩ
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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