Como resoluciones complementarias, Martínez de Giorgi también procesó al expolicía que supuestamente contrató la extracción ilegal de esos datos a cargo del joven oriundo de Eldorado, Elías Nuñes Pinheiro. Se trata de Ariel Pedro Zanchetta, quien continúa con prisión preventiva, misma situación que atraviesa ahora el misionero.
También, se conoció ayer que “no hay mérito suficiente para ordenar el procesamiento ni para sobreseer” a Matías Bellido, titular de la cuenta de Mercado Pago hacia la cual los contactos de las víctimas debían transferir el dinero que engañosamente les era requerido.
El joven de 22 años oriundo de la provincia de Misiones accedió al control de las líneas telefónicas de los magistrados mediante la maniobra de “Sim Swapping”, obteniendo los datos necesarios para vulnerar las preguntas de seguridad de las compañías telefónicas de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) y del servicio de datos NOSIS.
Según reconstruye la investigación, Nuñes Pinheiro fue contactado y contratado por el expolicía Zanchetta para hackear quince líneas telefónicas, todas personas del ámbito judicial y, en particular, de Comodoro Py.
A través de esa directiva, y con un cobro de 15.000 pesos por chip, el hacker intervino las líneas desde un dispositivo ajeno a los titulares, accediendo luego a las conversaciones que estos mantenían en su Whatsapp, Telegram y Facebook Messenger.
“Se advierte que los efectos alcanzados por el accionar delictivo indican que Nuñes Pinheiro y Zanchetta actuaron con el conocimiento y la voluntad de causar una interrupción de los servicios de telefonía, y generar en consecuencia, un efecto generalizado”, remarca el fallo del juez federal.
Ahora la causa pasará a la Sala 2 de la Cámara Federal, en el cual se analizará la viabilidad del planteo de nulidad, que en caso de darle la derecha a la defensa volvería todo a foja cero.
Según pudo acreditar la investigación liderada en parte por la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy, desde febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de los tres jueces de Comodoro Py.
Tanto Gustavo Hornos como Mariano Borinsky son intervinientes en la revisión de la sentencia del caso conocido como Vialidad, así como Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes condenaron a Cristina Kirchner el 6 de diciembre del año pasado.
La causa investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez.
