A poco de que el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, concluya la licencia que se tomó hace dos meses y medio, tras el hackeo a su teléfono celular, la Justicia avanza la causa.
Según lo publicado por el diario Perfil , este lunes 27 de marzo uno de los cinco misioneros imputados por el hackeo a Marcelo D’Alessandro, un joven de 22 años, habría confesado ser el autor de la maniobra, en el marco de las indagatorias realizadas por la fiscal especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, y la jueza Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°29 de la ciudad de Buenos Aires.
Según lo publicado por Perfil, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro habría reconocido ser el autor del SIM-SWAP mediante el cual logró acceder a la información del celular del ahora ex ministro Marcelo D’Alessandro. En su declaración también habría dicho que lo contactaron por redes sociales y le pagaron por hacer el trabajo.
El joven se habría situado frente a la fiscal como “el único responsable” del hecho y que ni siquiera sus padres estarían al tanto de lo ocurrido. Vale mencionar que su papá, Elías Nuñes Pinheiro, es otro de los sospechosos, junto a Antonio Aquino, Julio Escobar y Cecilia Mercado. Los dos últimos son propietarios de dos comercios dedicados a la informática.
Si bien con la confesión de Nuñes Pinheiro (h), el resto de los señalados estarían a un paso de salir de la mira de la Justicia, uno de los ejes a comprobar es si estaban al tanto de la situación.
Por su parte la jueza Martínez dijo que hasta el momento no se encontraron evidencias de una vinculación política y al ser consultada sobre cómo impacta la confesión de Nuñes Pinheiro (h)en la situación procesal del resto de las personas indagadas, la magistrada sostuvo que “sobre esas cuatro personas yo no encontré pruebas que los involucraran directamente con los hechos, pero eso está en etapa de investigación”.
Insistió con que hay en desarrollo un estudio de la copia forense de los equipos informáticos “y a partir de esa investigación pueden surgir pruebas de cargo o no, o puede pasar que puede ser amigo de alguien que tiene la computadora, hackea teléfonos y usted no lo sabe”.
La mayoría de las declaraciones indagatorias realizadas se extendieron a lo largo de media hora en promedio, pero en el caso de Nuñes Pinheiro su confesión motivó una extensión de tiempo: fueron cerca de cinco horas ante Dupuy y sus secretarios, supo este medio.
Mientras tanto, en las próximas horas se espera que los abogados de D’Alessandro efectivicen su incorporación como querellantes al expediente para acceder al material de prueba recopilado hasta el momento y solicitar medidas.
Pruebas
La jueza Araceli martínez aclaró a Perfil que forma parte de la causa como jueza de Garantías y que la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad, Daniela Dupuy, es quien está al frente de la investigación.
“Ella tiene todos los elementos intelectuales y materiales como para poder investigar este tipo de delitos. Inició la investigación a partir de la denuncia que hizo D’Alessandro, pero no sólo hackearon su teléfono, sino el de otras personas”, manifestó. Vale recordar que la maniobra también incluyó el hackeo al diputado nacional Diego Santilli y dos de los jueces del Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, entre otras personas.
En esa línea, Martínez dijo que ordenó los allanamientos que ocurrieron la semana pasada en Eldorado, eno de ellos en la casa de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, “de acuerdo a las pruebas que surgieron en la causa. Había uno de los imputados sobre el que realmente había muchas pruebas que demostraban que podía ser el presunto autor de los hechos”, sostuvo la magistrada.
“Había distintas pruebas, de acuerdo a eso era el que estaba más comprometido. Estaba vinculado a un teléfono a su nombre, correos electrónicos, el llamado que hizo a Nosis para obtener los datos personales del señor D’Alessandro”, repasó la jueza.
Y añadió: “Soy muy respetuosa de las garantías constitucionales. Si libré un allanamiento es porque contábamos con las pruebas como para hacerlo. No quise secuestrar las máquinas (NdR: de los comercios allanados) para no perjudicar la actividad comercial”.
Fuente: perfil.com
