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La CEEL sufre los embargos: “No se podrá pagar a proveedores, sueldos, ni a EMSA”

Ayer la entidad depositó una parte de los salarios pero se desconoce cuando abonará el resto. El asesor dijo que desconoce el motivo del embargo y que ofrecerán a EMSA una propiedad que cubra ese monto.

9 junio, 2023

El asesor legal de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado Limitada (CEEL), Claudio Ramírez, cuestionó la decisión de la empresa provincial EMSA de trabarle un embargo judicial para cobrar $70 millones de las cuentas bancarias de la entidad, como parte de la millonaria deuda por el consumo de energía eléctrica.

Ramírez dijo que esta medida empeorará la situación de la CEEL, que ya viene atravesando una crisis institucional severa, endeudada por miles de millones, denunciada ante el INAES (autoridad de aplicación) y sufriendo la veeduría permanente de un funcionario nacional.

En declaraciones a Radio Stop de Eldorado, Ramírez señaló que “esto nos causa un daño inmenso no se puede pagar a proveedores, sueldos, ni a EMSA tampoco hasta que haya fallo definitivo”.

El embargo es por una deuda de 141 millones y llega a 176 millones de pesos con intereses.

El abogado dio a entender una situación de incertidumbre: “Espero instrucciones del Consejo de Administración para que me digan como proceder, creo que no debemos esperar a que nos notifiquen, seguramente haremos una presentación y la jueza trasladará a EMSA”.

Ramírez dijo que “nos sorprendió este embargo porque a nuestro entender no se esperaba”. Y agregó que “no sabemos motivos, lo único que se me ocurre es que hayan apuntado a la existencia de peligro de que el deudor esconda bienes”.

Dijo que la causa judicial comenzó en 2021 por un reclamo por facturas no pagadas que según EMSA son de mayo, junio y julio de 2020. Explicó que “no tuvimos posibilidad de conocer el contenido, estos expedientes son reservados”. Y por esa razón “no sabemos a dónde apuntar, haríamos una defensa a ciegas”.

 

Plan de pagos

Ramírez manifestó su rechazo al embargo al señalar que “a una empresa de servicios públicos no se la puede embargar, menos preventivamente, debían proponer que se den en garantía propiedades”.

“Se podría pedir que evalúen un bien cualquiera de la cooperativa, cubrir ese monto y reemplazar por el dinero embargado. Lo único malo que veo es que pudiendo recaer sobre algún inmueble van sobre el dinero”, dijo.

A la vez, cuestionó a la empresa provincial porque no le otorga un plan de pagos en 96 cuotas para que la CEEL pueda saldar la deuda. “EMSA pretende cobrarnos la facturación de varios pedidos cuando ella no abona a CAMMESA”. Sostuvo que EMSA le pagará su deuda a CAMMESA en 96 cuotas con quita de intereses y “eso pedimos por escrito, insistimos en eso. La idea es que se nos incorpore en ese paquete para pagar en 96 cuotas y con 50% de reducción de interés”.

Insistió en que “si se aplica el plan que estableció Nación a EMSA pedimos ser beneficiadas las entidades que dependen y tener tranquilidad de ese plan de pago”.

 

Crisis a gran escala

La cooperativa depositó ayer un porcentaje del sueldo a los empleados, entre 35% y 50% según varios consultados, pero no hay certeza de cuándo se completará el resto, lo cual provoca inquietud y tensión entre los trabajadores que se encuentran afiliados en varios gremios: Televisión, Comercio y Luz y Fuerza, entre otros.

El mes pasado ya se había pagado en tres cuotas. Pero este mes la situación se agravó por el embargo. Desde EMSA explicaron a PRIMERA EDICIÓN que la CEEL dejó de pagar su deuda y cortó el diálogo que venían teniendo.

Sin embargo, desde la entidad aseguran que no fueron notificados y que, a causa de los embargos, se volverá más difícil pagarle a proveedores, trabajadores y a la misma empresa provincial.

La entidad además está siendo auditada con la presencia de un veedor permanente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a causa de dos denuncias efectuadas por miembros del Consejo de Administración. La primera refiere a una maniobra de la conducción actual (Rubén Kobler, presidente; Walter Otazú, vice; y Miguel Zsumkoski, secretario) para desplazar al presidente anterior en una reunión irregular donde el cambio de autoridades no figuraban en el plan de labor. Esto ocurrió con aval del asesor legal.

Y la segunda debido a groseras irregularidades denunciadas en el balance 2022, presentado por Kobler, que en pocos días y en una maniobra sin explicaciones pasó de un déficit de -150 millones de pesos a un superávit de 250 millones.

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Tags: CEELCooperativasEmbargosEMSAMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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