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Corrupción de menores: los dos acusados que debían declarar hoy se abstuvieron

Se trata de Francisco Rolando Angelotti y Raúl Ingacio Mermet, quienes están detenidos junto al ganador de Gran Hermano 2001 por corrupción de menores y abuso sexual.

22 marzo, 2023

El supuesto jefe de la organización dedicada a la explotación sexual y corrupción de menores, hecho por el que también se encuentra detenido Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001 y actual productor del mismo programa, se negó hoy a declarar al igual que uno de los presuntos integrantes de la banda, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Francisco Rolando Angelotti, sindicado como líder de la organización, y Raúl Ignacio Mermet, quienes fueron indagados por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones, aunque se negaron a declarar hoy en la causa que los tiene imputados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores”.

Angelotti y Mermet fueron trasladados cerca de las 7 de la mañana de hoy a los Tribunales de la calle Lavalle 1170 para ser indagados.

Exactamente a las 7.12, el primero en descender de uno de los vehículos de la Unidad de Traslado de la Policía de la Ciudad fue Mermet, con su rostro tapado con un buzo naranja.

Minutos más tarde lo hizo Angelotti, quien ingresó a los tribunales también tapando su rostro con una campera con capucha negra y bajo una fuerte custodia policial.

 

 

En la misma causa fue ayer indagado Corazza, quien negó la acusación, pero no quiso contestar preguntas ante el juez y el fiscal de la causa.

“Hizo una breve exposición donde negó el hecho que se le imputa y luego se negó a continuar con la declaración y a contestar preguntas del juez y el fiscal”, dijo a Télam una fuente judicial vinculada al expediente.

La misma fuente informó que otro de los imputados, identificado como Andrés Fernando Charomet, se negó a declarar en su indagatoria del día de ayer.

“Soy inocente”, llegó a decir Corazza a los medios de prensa al momento de que era trasladado por la policía para ir a declarar.

Las cuatro detenciones fueron realizadas el lunes por efectivos de la División Trata de Personas, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.

Si bien por el momento se ordenaron solo cuatro arrestos, la investigación judicial continúa, ya que los investigadores están convencidos que la organización está integrada por más involucrados aún no individualizados.

Según la imputación del juez Sánchez Sarmiento y del fiscal Lugones, a los cuatro se les acusa de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

De acuerdo a la investigación, ello ocurrió con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos 1999 hasta la fecha.

Al respecto, las víctimas declararon en el expediente que los abusos ocurrían en autos particulares, domicilios y albergues transitorios y algunos de los lugares mencionados fueron Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, Castelar y General Rodríguez.

Según los investigadores, el imputado Angelotti captaba a jóvenes y niños de la provincia de Misiones, de donde es oriundo, para llevarlos a vivir con él a un domicilio de un familiar en General Rodríguez.

De hecho, fuentes judiciales de la provincia de Misiones confirmaron a Télam que Angelotti tiene un antecedente judicial por el delito de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, en concurso ideal” del año 2009.

La investigación comenzó el 24 de octubre del año pasado -a una semana de iniciado el actual ciclo de Gran Hermano-, luego de que un testigo de identidad reservada denunció que había sido abusado sexualmente cuando él tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por uno de los ahora detenidos, a quien solo podía individualizar por su nombre de pila y que luego lo hizo tener relaciones sexuales con otros de los acusados.

Los imputados, como parte de su plan para lograr la confianza y la captación de la voluntad de sus víctimas, los invitaban a viajes, les compraban ropa o les conseguían trabajos, detallaron las fuentes.

Algunas de las víctimas eran captadas en plazas, otras en sitios de chateos en internet y hasta hay mencionada una escuela de teatro en un centro cultural del barrio de Almagro.

En la causa, Corazza está mencionado en un solo hecho ocurrido, según la víctima que lo denuncia, “luego de 2001”, cuando ya había ganado el reality y lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur, donde se dio una situación de abuso.

 

*Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes: Línea 102 (llamada gratuita y confidencial). Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137. Por provincias: www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/linea102/areasninez

 

Fuente: Agencia de Noticias Télam 

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Tags: ArgentinaCorrupción de menoresGran HermanoMarcelo CorazzaMisionesTrata de personas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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