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Condena mediática: de la política al caso Báez Sosa

Para el defensor de los rugbiers el Tribunal está condicionado a fallar de una forma por los relatos inculpatorios con los que se bombardeó a la opinión pública. Aunque en este caso sea inverosímil, otra vez, el argumento de la Justicia como títere de alguien que busca una condena.

5 febrero, 2023

Por: Lic. Hernán Centurión

Mañana desde las 13, en el Tribunal Penal de Dolores se conocerá la sentencia por el caso Fernando Báez Sosa.

La expectativa por el fallo es muy alta, dado que fue un caso que desde hace tres años tuvo una cobertura mediática muy amplia. Tenía todos los condimentos necesarios para que eso ocurriera: la muerte de un joven luego de ser atacado por ocho agresores que hasta lo patearon en la cabeza cuando ya estaba en el piso. Llantos y palabras desgarradoras de los padres en la serie de marchas y concentraciones que se realizaron para pedir justicia. Un caso emblemático por la forma en la que fue asesinado. Un pibe que fue a pasar sus vacaciones a Villa Gesell y por un empujón dentro de un boliche fue atacado cuando el grupo lo vio caminar por la calle. Un caso que quedará en el historial de los crímenes más relevantes de la historia argentina. Claro, no se puede omitir en esta apreciación que ocurrió donde justamente todo adquiere mayor relevancia.

Cuanto más cerca del centro neurálgico de este país, más importancia parece que adquiere. Es que en nuestra propia provincia ocurrieron casos si se quiere similares, pero sucede que estamos en la periferia, lejos del radar de los grandes medios porteños. Lo que sucede lejos del ombligo nacional con suerte es tomado un par de días como noticia, hasta que le sacan todo lo que pueden y vuelven a la mirada centrista. Salvo que el caso toque directa o tangencialmente a algún poder político “feudal”.

Los medios de comunicación, formadores de la opinión pública, tamiz por donde se conocen los hechos que exceden inclusive el límite del propio barrio en el que uno vive, han contado el caso desde la tragedia de dos padres que perdieron a su único hijo de una forma atroz, porque no fue una tragedia, fue un asesinato.

 

Fernando murió porque su cuerpo no soportó los golpes, no se murió solo, no se murió por débil, por no estar entrenado para recibir embates como sus agresores. Peritos forenses alineados con la defensa inclusive intentaron culpar a los que hicieron las maniobras de RCP como los que precipitaron su muerte.

 

Hábilmente, el defensor Hugo Tomei se valió de la amplia cobertura del caso para cerrar su alegato con el argumento que otra vez resuena. De la política a lo judicial, bastante conocido en los últimos meses. La suerte de lo que pueda pasar con sus defendidos podrá tener que ver con la condena social que los medios instalaron en la sociedad. Se refirió a que el caso tuvo una “impronta mediática inigualable” desde la misma madrugada del hecho. “Un paradigma de lo que no debe ocurrir”, “horas y horas de videos, constancias del expediente expuestas en las redes sociales, en canales de televisión”.

 

“Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad, y considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con el criterio de la opinión pública”, refirió el abogado.

 

A su vez hizo hincapié en que los testigos que declararon en el debate lo hicieron con la tendencia sembrada por los medios para inculparlos, porque no podían haber relatado el hecho con tanto detalle tres años después de lo sucedido.

 

 

Esto trae a colación el tan mentado debate político respecto a la “República”, a la división de poderes, al contralor que cada uno de ellos debe ejercer sobre el otro para que no haya abusos y para que una democracia no se convierta en una “autocracia”, donde se hace lo que dicta la figura política con más caudal de votos, ergo, de poder para moverse como el dueño/a de un Estado, en estas tierras donde continúa la idolatría a los caudillos como si estuviéramos en el siglo XIX.

Queda desfasado el argumento de Tomei, porque aquí no hay poder político que pueda influir en los jueces y no hay poder mediático que tenga algún interés para que el fallo sea condenatorio. Es el simple sentido común que, está bien, no sirve para condenar o exculpar a alguien, pero para volver a la idea anterior, Fernando no se murió porque sí, fue porque ellos lo golpearon. Las circunstancias y los años de pena quedarán a criterio de los jueces, pero es prácticamente seguro que no habrá un fallo a favor de los imputados, más allá de si les dan perpetua o una condena menor. Y aún más allá de la postura clara de periodistas de renombre que cubren noticias policiales, que pidieron abiertamente que se condene a los rugbiers.

Pero desde fuera de lo particular, otra vez se quiere hacer ver a los medios de comunicación como los responsables de hacer culpable a alguien por el hecho de hablar de un tema o de las personas en cuestión.

Las noticias tienen su sesgo según quienes sean los dueños de los medios, no existe la verdad pura. Para dar un ejemplo a grandes trazos, para TN mayormente todo lo que hace el Gobierno nacional está mal, y para C5N si no está bien, se debe evitar hablar de ello y poner el foco en otras cuestiones, principalmente atacar lo que dice la oposición. Mientras los escribas de esos poderes profundizan la discusión palaciega, la realidad económica cotidiana aplasta a la gran mayoría de los argentinos. Para su alegato Tomei usó una herramienta que cabe a la acusación para la política, pero no para intentar exculpar a ocho por la muerte de un pibe.

Silvino y Graciela, los padres de Fernando

Junto con los fierros mediáticos (término acuñado después del divorcio del kirchnerismo con el Grupo Clarín), la Justicia es un títere de los poderes fácticos. Ahora, cuando la Justicia falla a favor de lo que quiere el poder político, que según el juez o la Cámara se sabe de antemano lo que va fallar, ¿qué es entonces? La gata Flora. Esa es la república que quieren unos y otros. Muy por debajo de eso, está la gente común, la que no tiene privilegios, donde la Justicia actúa sin presiones. Para los de arriba la Justicia hace agua por todos lados, para los de abajo queda el Salmo ad eternum “hay que confiar en la Justicia”. En esa Justicia confían Silvino y Graciela, los padres de Fernando, inmigrantes paraguayos que hicieron su vida en nuestro país, como otros tantos y quedaron rotos para siempre por esa locura de vengar un empujón masacrando a golpes a quien supuestamente lo hizo.

Hay tanta evidencia en contra que seguramente los magistrados Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, no actuarán “presionados por la opinión pública” como dijo el defensor de los ocho que están en el banquillo: Luciano Pertossi (18) Blas Cinalli (18) Ciro Pertossi (19) Enzo Tomás Comelli (19) Máximo Pablo Thomsen (20) Matías Benicelli (20) Ayrton Michael Viollaz (20) y Lucas Pertossi (20). Esas eran sus edades al momento del hecho, todos mayores de edad e imputables para la Justicia.

Lo mismo pasó el último jueves, donde en La Pampa hubo condena a Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy (5) y su novia, Abigaíl Páez. Fueron halladas culpables de homicidio triplemente y doblemente calificado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento (contra Valenti y Páez respectivamente), por la muerte del niño y por el abuso sexual, aunque esto únicamente se lo atribuyeron a Páez. No hay presión mediática posible cuando hay tanta prueba para condenar a alguien por un delito. Para la clase política podrá ser una cuestión de “persecución” si algún personaje es condenado.

 

 

Siempre está el argumento de la “victimización” para desviar la atención y culpar a la mala Justicia si no actúa como ese poder político quiere. Este caso fue en una provincia y tomó trascendencia porque fue un niño la víctima y también hay que decirlo, porque fue perpetrado por una pareja de lesbianas. Aunque a decir verdad está muy lejos de la cobertura del caso Báez Sosa.

Mataron a un niño, pero tal vez, tal vez, para la agenda progresista es una noticia muy incómoda. Pañuelos verdes vs. celestes. La otra grieta. Y de nuevo, en Misiones pasó un caso similar, un niño muerto y enterrado por sus padres cerca de Oberá en 2021 (ambos condenados a perpetua), pero le faltaron condimentos para que fuera relevante para los medios nacionales.

Para entender el mundo y no ser rebaño de los “listos” que te dicen cómo hay que entender los hechos, el sentido crítico es lo único que te salva de la manipulación mediática, aún de los canales y periodistas favoritos. Si te gusta el fanatismo y sólo oír lo que refuerza lo que vos ya crees que es verdad mientras lo que dicen los otros es mentira, no hay que inquietarse, porque la mesa siempre está servida para la zona de confort, aunque lejos de la verdad incómoda y más certera.

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Tags: EnfoqueFernando Báez SosaNacionalesvilla gesell
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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