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Un jubilado debería recibir $452.000 para equiparar su poder adquisitivo

El trabajo también destaca que el pago de bonos compensatorios mitigó parte de la pérdida acumulada. Concretamente, considerando todos los extras otorgados hasta ahora, el deterioro se reduce a 6,7 haberes.

13 diciembre, 2022

La inflación genera un gran daño a todas las personas de la tercera edad de nuestro país, dado que sus jubilaciones nominales avanzan mucho menos. La pérdida de los últimos cinco años es muy significativa.

De acuerdo a un último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los sesenta meses transcurridos entre diciembre de 2017 y diciembre de este año, la inflación promedio mensual minorista sería del 3,8%, aproximadamente. Este nivel tan elevado, ha erosionado el poder adquisitivo de los sectores sociales con ingresos fijos, principalmente de jubilados y pensionados, asalariados y receptores de asignaciones.

En este sentido, teniendo en cuenta la situación particular de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que en la actualidad es de $60.124 mensuales, cabe destacar que este mes la mínima debería situarse en $67.499 para poder mantener el poder adquisitivo que se tenía en diciembre de 2017. Y de ahí en más, los valores deberían ir actualizándose al mismo nivel que la inflación.

En síntesis, según el trabajo del IARAF, el haber del mes de diciembre tiene una pérdida real del 11% respecto al haber de diciembre de 2017. Esto significa que si se quisiera recuperar el poder adquisitivo del mes de hace unos cinco años, habría que subir el haber un 12,3%.

A su vez, el trabajo destaca que si la comparación se hace con el ingreso anual, la pérdida real de 2022 respecto a 2017 es del 19,3%, lo que equivale a 2,3 haberes mínimos.

En este contexto, los especialistas sostienen que si se aumentase el haber un 24% y se mantuviera en valores reales durante todo el año que viene, se aseguraría que los jubilados mantendrían el poder adquisitivo que tenían en el año 2017.

Pero, eso no compensaría el poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años.

En ese sentido, desde el IARAF sostienen que tomando como año base al año 2017, la pérdida acumulada en los últimos sesenta meses es de nueve haberes. Esto significa que los 60 haberes cobrados fueron equivalentes a 51 haberes con el poder adquisitivo de 2017.

Asimismo, el informe destaca que la estrategia del Gobierno nacional con el pago de bonos compensatorios mitigó parte de la pérdida acumulada.

“Concretamente, considerando todos los bonos otorgados hasta ahora, la pérdida se reduce a 6,7 haberes”, indicaron los especialistas.

 

¿A cuánta plata equivale?

En cada uno de los años, el poder adquisitivo de los jubilados con la mínima fue menor al que tenían en el año 2017.

En pesos de diciembre de 2022, la compensación que debería recibir un jubilado para recuperar lo que va a terminar perdiendo este año respecto al año 2017, es de $94.000.

Si a eso se le suma lo perdido en cada uno de los otros cuatro años, el monto total llega a $454.000. Bajo una base de 3.200.000 jubilados con la pensión mínima, el monto total a pagar sería de $1,45 billones, explicó el IARAF.

 

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Tags: ahorroAjusteAportesGobierno nacionalingresosJubilacionesPérdida de poder adquisitivo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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