Mientras el delito rural se multiplica rápidamente en el interior de Misiones y también en otras provincias, la Cámara de Diputados de la Nación tiene entre sus expedientes un proyecto de ley para endurecer las penas, que fue presentado en el año 2020 pero no tuvo tratamiento ni impulso por parte de Sergio Massa, mientras fue presidente por dos años, ni por la actual titular, Cecilia Moreau.
Esa iniciativa sería una opción para mitigar el padecimiento que están teniendo productores forestales, ganaderos y yerbateros, principalmente, que se ven permanentemente amenazados por los delincuentes y se sienten indefensos.
“La zona rural está siendo asediada por la delincuencia”, señaló Adrián Luna Velázquez, representante por Misiones en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Y apuntó a la existencia de compradores para lo robado como “la matriz de la situación”.
En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, el productor rural sostuvo que se están haciendo planteos a nivel nacional pero no están encontrando respuestas para solucionar este modus operandi de las “pseudo mafias”.
“La inseguridad rural es un problema que viene creciendo, desde hace algunos años, no sólo en Misiones, sino en todo el país prácticamente. En la zona Norte, es decir Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, se da mucho más el abigeato o bien con daños a la propiedad”, describió.
“En la zona pampeana, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa con los daños y destrucciones de las silobolsas; y en la zona Sur, en las provincias de la Patagonia, se da con las ovejas”, relató.
En cualquier caso, dijo que “en todo el país la zona rural está siendo asediada por la delincuencia, aprovechando que el productor rural vive en una zona de descampado naturalmente porque está en el campo y no posee, por una cuestión de extensión, las medidas de seguridad que por ahí uno puede implementar en una casa en la ciudad”.
“Es muy fácil el acceso a una estancia de campo; ya que esa familia está desamparada y los delincuentes aprovechan esta situación, con el agregado de las cosas de valor que hay en el campo en algunas ocasiones”, planteó.
Luna Vázquez sostuvo que “en la mayoría de los casos hay montado un negocio en la clandestinidad; en la comercialización de yerba, de ganado, de granos, de ovejas o de lana, de acuerdo a la zona. Nadie va a tomarse el trabajo de robar yerba o descuartizar un animal si no tiene de antemano un comprador. Esta es la matriz de la situación”.
Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que el tema tenga mayores reclamos por parte de las entidades nacionales del agro, como CRA, dijo que “desde Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes lo planteamos permanentemente el tema de la inseguridad rural; pero es cierto que adolecemos de un problema que pasa en general en el país, de esta centralidad que de alguna manera avasalla a las economías regionales”, recordó en referencia a que los debates quedan centrados a los que imponen las provincias más poderosas, como La Pampa.
Proyecto de ley dormido
Luna Vázquez recordó que desde CRA “hubo una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, con parte de la Mesa de Enlace, donde se le planteó cuestiones referidas a las economías regionales y a la inseguridad rural”.
Además, siendo Massa presidente de la Cámara de Diputados, en 2020 recibió un proyecto de ley para endurecer las penas por delitos rurales, pero nunca le dio prioridad en el tratamiento de las comisiones.
El proyecto pretendía modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal. En el primer caso se fija “prisión de 2 a 10 años, el que causare incendio, explosión, inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago. Si hubiese peligro para la vida, el máximo de la pena será de 12 años. Si el hecho produjere el estrago, la pena de prisión se elevará de 5 a 15 años. Si como resultado se provocare la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de 25 años de prisión. Si esos efectos se produjeren por imprudencia o negligencia, este máximo será de 15 años”.
Y el segundo artículo: “Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo 186 fuera cometido por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, la pena será de 1 a 4 años de prisión. Si produjere el estrago, la pena será de 2 a 6 años. Si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de 10 años.
Además incorporaría al Código el artículo 184 bis al Código Penal que quedaría redactado de la siguiente manera: “Vandalismo Rural: la pena será de 2 a 5 años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de: granos, semillas y cereales; bosques, cañaverales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación; ganado en los campos; leña o carbón; cualquier cultivo de forrajes.
En los fundamentos se indica que “el Código Penal vigente, en esta temática, presenta una doble falencia que es necesario salvar. Por un lado, existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas como delito contra la propiedad y, por otro lado, algunas protecciones estaban incorporadas como modalidades de estrago con el yerro, a nuestro juicio, de preverlas como delitos contra la seguridad pública”.
Se propone “para salvar estas deficiencias legislativas y poder dar respuesta judicial certera y eficaz a las víctimas de estos atentados a la propiedad, decidimos crear la figura del “Vandalismo Rural”.
En este sentido el delito propuesto de “Vandalismo Rural” intenta generar prevención general, protección legal y respuesta judicial, aportando previsibilidad y seguridad jurídica a uno de los núcleos básicos de la actividad económica del país.
Se advierte que “el avance de la tecnología, las formas de producción y explotación de bienes y servicios, requieren de una nueva fórmula legal, que, sin caer en una tipicidad casuística, resulte abarcativa frente a posibles acciones u omisiones de gran impacto, lesividad social y afectación de la seguridad pública”.
“La reforma prevé diferentes reproches diferenciando a quien ha actuado en forma dolosa, de quien ha obrado sólo con imprudencia o negligencia. También se han readecuado los máximos legales cuando como consecuencia del delito se ponga en peligro la vida de personas o cuando el hecho fuere causa inmediata de su muerte”, finaliza el proyecto que no fue siquiera tratado.
