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Por ahora sin carga virtual: la SUBE Z seguirá con “pruebas”

“Suena ridículo que digan que hace dos años están probando el sistema”, indicó el concejal Pablo Velázquez.

30 junio, 2022

Ayer se llevó a cabo una nueva reunión entre integrantes del Concejo Deliberante posadeño y funcionarios municipales para evaluar la factibilidad de implementar el código QR como forma de pago virtual en el transporte público de pasajeros. Sin embargo, del encuentro realizado en la comisión de Transporte y Tránsito no hubo mayores avances ni definiciones, motivo por el cual los usuarios deberán seguir esperando mientras se ven obligados a las pocas opciones para abonar el pasaje con el uso directo de efectivo, tanto para recargar la SUBE como para abonar el boleto único en el colectivo sin el plástico.

De esa manera, la modalidad del pago online para cargar la SUBE Z no está vigente y actualmente la compra del crédito solamente puede hacerse en efectivo. Por el momento, según el equipo técnico de la Municipalidad, es necesario continuar con “las pruebas” antes de habilitar una nueva opción.

Consultado por PRIMERA EDICIÓN, el concejal Pablo Velázquez comentó sobre los resultados de la reunión con los técnicos de la secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas que “en términos reales no hubo avances concretos, porque no fue que nos presentaron alguna plataforma o que nos mostraran dónde estaba el problema. Insisten con que están probando la aplicación”.

En el mismo sentido, contó que “la empresa tiene una billetera electrónica, pero más allá de eso insisten con que los sistemas están obsoletos y que, por ende, la parte más difícil es cargar en los aplicativos los beneficios que tienen los usuarios, como el Boleto Educativo, por ejemplo”.

“Lo que dicen suena a excusas porque por un lado dicen que los sistemas están obsoletos, pero también que las máquinas ya están en los colectivos”, cuestionó y añadió: “Esperábamos que si venían técnicos nos iban a mostrar con hechos, o al menos que saquen fotos de los sistemas que se están probando, pero no pudimos ver nada de eso”.

Por ello, Velázquez afirmó que “se está demorando demasiado tiempo para poner en práctica este nuevo sistema y se perjudica a los usuarios mientras la empresa se beneficia, porque en definitiva hoy la gente termina pagando más que nada en efectivo”.

“Nosotros pedimos modernizar los medios de pago del transporte público. Hoy no se puede cargar ni con el sistema Yacaré (billetera virtual de la provincia), ni por homebanking, ni en los barrios. Incluso el tema de los puntos de recarga en los barrios es algo que ya se quedó en el tiempo”, opinó. Al mismo tiempo, señaló: “No se está defendiendo al usuario porque hoy entre las opciones de la tarjeta y el efectivo, la gente termina pagando el pasaje con efectivo porque no hay tarjeta cuando las van a buscar, o la empresa las expende cuando quiere”.

“El tiempo que se están tomando para mejorar o tecnificar los softwares se traduce en una desprotección para el usuario”, remarcó y cuestionó que “suena un poco ridículo que digan que hace dos años están probando el sistema. Pero se escudan en que la empresa dice que tardaron tres años en armar la billetera electrónica, y creen que el municipio también necesita hacer muchas pruebas para evitar que el sistema colapse”.

Sin embargo, “sería muy raro que el sistema pueda colapsar porque no se está hablando de modificar todo el sistema a esa única opción de pago; sino que se busca incorporar una tercera manera de pago que sería la de poder hacerlo con una aplicación o código QR”, aclaró.

 

Habilitado pero sin uso

Por otro lado el edil, recordó que “cuando se habilita una billetera electrónica, no es una habilitación que la pueda dar el municipio, porque en realidad debe ser habilitada por el Banco Central Argentino. Y de hecho está habilitada para Servicios Urbanos SA (empresa que administra la tarjeta SUBE Misionera), según pudimos ver en los registros”.

“Con esa habilitación cada usuario tiene un registro y un número, con lo cual el software es el que debería tener esa información y cargarla a la empresa en el momento que se habilita cada billetera”, consideró y amplió: “Pero ellos insisten con que el municipio debe cargar esa información en las máquinas que están en los colectivos”.

“Además dicen que las máquinas de los colectivos, por la vibración y los golpes que tienen en las calles, salen en desuso demasiado rápido. Esa es la razón por la que no quieren utilizar el sistema hasta tanto no se hagan todas las pruebas necesarias”, apuntó y agregó: “De 100 máquinas, 9 dejaron de funcionar en buenas condiciones, entonces el porcentaje (de perjuicio) es muy bajo. No debería ser un problema”.

 

Usuarios desprotegidos

La imposibilidad de acceder a nuevas opciones de pago, con la modernización de las vías digitales, se suma a la serie de reclamos que los usuarios vienen planteando hace años contra el Grupo Z, relacionados principalmente con la falta de frecuencias en diferentes barrios, condiciones precarias en las unidades, cambios de horario o medidas de fuerza sin previo aviso, horarios de cierre de las terminales de transferencias, viajes en estado de hacinamiento, y falta de reparaciones en las paradas, entre otros puntos.

Además, el “boletazo” dividido en tres partes golpea directamente al bolsillo de los asalariados, que son los principales consumidores del servicio.

Cabe recordar que, semanas atrás, en el segundo tramo del incremento, se llevó a $40 el costo del boleto en Posadas con SUBE y a $60 sin ella. La tarifa de la zona metropolitana también tuvo un incremento considerable, debido a que los usuarios de Garupá, quienes abonaban $40 con SUBE y 60 pesos sin el plástico pasaron a pagar $52 con la tarjeta y $80 sin usar la SUBE. Mientras que los pasajeros que vienen desde Candelaria a Posadas, que antes abonaban $46 con tarjeta (y $80 sin ella), actualmente desembolsillan $61 pesos con el plástico y $90 sin su uso. La tercera parte del “boletazo” se hará sentir en agosto.

 

Modernizar los medios de pago

Cabe recordar que el proyecto de Resolución presentado por el concejal por la UCR, Pablo Velázquez, plantea necesaria “la modernización y puesta en funcionamiento de medios de pago digitales para el transporte urbano de pasajeros; utilización de billeteras electrónicas para la recarga de la tarjeta SUBE; implementación de un aplicativo para recargar la tarjeta con el celular; implementación de pagos con código QR a través del celular en las unidades del transporte urbano e interurbano de pasajero; y la colocación de puntos de recarga de la tarjeta SUBE donde el usuario pueda acercarse para recargar la tarjeta con el medio de pago que desee”.

Por ello solicitan al Ejecutivo Municipal “modernizar el sistema para facilitar al usuario la utilización del transporte, sin condenarlo a altos costos y mucho menos a trámites burocráticos innecesarios, existiendo tantos medios y facilidades de pago en el país”.

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Tags: Grupo ZMisionesPago electrónicoQRSUBETransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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