El presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, Pedro “Pilo” Andersson, sumó una nueva denuncia ayer por parte de un grupo de socios de la entidad, que lo acusan de haber cometido presunto fraude con el dinero administrado.
La presentación judicial también incluyó a la cúpula de la entidad, a quienes se acusó de “emplear familiares directos sin concurso previo ni necesidad de incorporación”.
La semana pasada la distribuidora provincial de energía EMSA pidió un embargo a las cuentas de la CELO por 234 millones de pesos, como mecanismo para cobrar parte de la deuda de mil millones. Pero, como no logró hacerse de todo el dinero, el viernes también se le intervino y embargó las cajas recaudadoras.
El lunes, Andersson y otros directivos dieron una conferencia de prensa, señalando que el conflicto era político ya que circularon fotos suyas con dirigentes de Juntos por el Cambio, sin embargo, reconoció que la deuda existe y que se contrató como empleados a familiares de la cúpula, sin pasar por los concursos habituales.
La denuncia penal
Enrique Kuszko y Néstor Mattos, socios de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, denunciaron penalmente al presidente de la CELO y a los administradores por presunto fraude.
Con el patrocinio del abogado Claudio Moreira, los denunciantes solicitaron que el Poder Judicial “investigue la presunta comisión del delito de fraude en la administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, la que se habría perpetrado presentando estados contables, balances y demás documentación con ocultamiento de la verdadera situación patrimonial actual de la empresa cooperativa y que la misma podría haber ocultado beneficios personales en la persona de su presidente Sr. Pedro Andersson”.
Ingresó a la Fiscalía de Instrucción 2 de Oberá
En el escrito se acusó, además de a Andersson, al vicepresidente Jorge “Koki” Duarte, al consejero Alfredo Rockembach, al tesorero Mauro Federico Mecozzi, al síndico Miguel Ángel Debiluk, al gerente Claudio Horacio Pace, al subgerente Pablo Daniel Alexenicer, y a la síndico, Rosa Nilda Dengler.
Los denunciantes consideraron que “el embargo de las cuentas, sumado a la intervención de caja que ha trascendido en los medios, la falta de pago de las facturas al proveedor de energía EMSA, más la deuda de Federación de Luz y Fuerza (FATLyF) a ser ejecutada, son suficientes para darle carácter urgente a las medidas que se solicitan y fundamentalmente a la indagatoria de todos los responsables, evitando así que puedan frustrar la investigación con dilaciones, argucias y adulteración de registros y documentos que impidan o entorpezcan la presente”.
En los hechos advirtieron que “la Cooperativa presentó el balance general de la empresa –ejercicio Nº 70- donde está erróneamente consignada la deuda con la proveedora de energía eléctrica EMSA, denunciándose como pasivo también las deudas con la FATLyF”.
Y que “en sendas conferencias de prensa, de público y notorio conocimiento, se ha manifestado que la cooperativa llevaba las cuentas al día y tenía totalmente bajo control las deudas más grandes”.
“Lo real es que a la fecha, pocos meses después, la empresa nuevamente ha dejado facturas de servicio impagas, provocando ello acciones judiciales que han llevado a la ejecución compulsiva del cobro de tales sumas dinerarias”, agregaron.
También apuntaron contra la síndica: “Rosa Nilda Dengler, co-responsable en la ley de hacer respetar las leyes, reglamentos y estatutos, ha tenido una participación activa en todo este proceso, por acción u omisión de sus deberes, no manifestando en ningún momento observaciones u objeciones a la manera de conducir engañosamente la documentación, informes y demás información para llevar adelante la contabilidad en legal forma. Ello ha facilitado el fraude en los estados contables”.
La mujer, según la acusación ante la Fiscalía, “en entrevista pública ha admitido el apartamiento de los estatutos en la designación de personal, así como el estado de deudas que mantiene la cooperativa con la proveedora de energía eléctrica EMSA”.
Por ello, los denunciantes también solicitaron que se forme un cuerpo de peritos contadores para “llevar adelante un completo y exhaustivo examen de toda la documentación que por su ciencia y conocimiento sea necesario a los fines de poder investigar la existencia o no del ocultamiento o falseamiento de la verdad del estado real y actual de las finanzas de la cooperativa, contrastado con los reclamos que le efectúan acreedores y/o cualquier otra consideración comprendida en el tipo penal previsto en los artículos citados”.
