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Pedro Andersson sobre la deuda de la CELO con EMSA: “Es un problema político”

El dirigente de la entidad brindó una conferencia de prensa junto a otros integrantes del Consejo de Administración, tras notificarse oficialmente de los embargos por parte de la proveedora provincial.

7 junio, 2022
EN LA MIRA. La anterior gestión de la CELO encabezada por "Pilo" Andersson y "Koki" Duarte

EN LA MIRA. La anterior gestión de la CELO encabezada por "Pilo" Andersson y "Koki" Duarte

Pedro “Pilo” Andersson, presidente de la CELO, actualmente envuelta en una fuerte crisis por el embargo que pesa sobre las deudas con EMSA, afirmó que la exigencia de la prestataria provincial esconde “una cuestión política”. Habló durante una conferencia de prensa que se brindó ayer junto al vicepresidente de la entidad, Jorge “Koki” Duarte, y el asesor legal, Alfredo Fernández, tras la notificación de todas las medidas de embargo y de fiscalización de las cajas.

Andersson basó su argumento en que el estado de deuda de la compañía que preside es similar a la de otras cooperativas en Misiones, pero que el rigor se aplica “maliciosamente” sólo con la CELO.

“El mismo contador de Marandú es el contador externo de la CEEL”, sostuvo y por eso se preguntó, “¿Cómo podríamos realizar cualquier tipo de maniobra o metiendo la mano en la lata, si nos controla un funcionario de Gobierno? Esto es netamente un problema político”, disparó.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Duarte describió que el día que se incorporaron los fiscalizadores “entraron más de siete personas en forma abrupta, se metieron en las oficinas, se paran al lado de la caja y no se mueven de ahí. Para mí es un atropello institucional y un atropello a la democracia de las cooperativas. Ojalá los jueces entiendan la situación, que estamos brindando servicios esenciales a muchas familias de la Zona Centro y que esa orden ejecutiva que emanó de la Justicia se debe retrotraer ante el contexto que estamos atravesando”.

“Es un golpe muy duro a la institución, el embargo significa confiscar los recursos que se utilizan para la vida cotidiana de la institución: insumos, combustible y los sueldos de los propios trabajadores”, agregó, antes de considerarlo “un procedimiento algo desprolijo“.

En otro orden, en la conferencia se reveló cuál sería la deuda de EMSA con la Nación. “Nosotros nunca desconocimos la deuda que asciende a 400 millones de pesos, sino que lo que objetamos es la aplicación de los intereses ante la financiación, porque aplican más de 600 millones de pesos y queremos tener el mismo tratamiento que está solicitando EMSA a CAMMESA”, sostuvo por su parte, el vicepresidente de la entidad Jorge Duarte.

Añadió que “en marzo hemos llevado 193 millones de pesos en cheques y estamos dispuestos a incrementar esa cifra en 400 millones de pesos también en cheques y en valores, pero tampoco (EMSA) ha aceptado”.

Al mismo tiempo protestó porque “la Provincia no nos pagó de enero a marzo por los servicios de agua y luz de todas las dependencias oficiales” a las que abastecen.

En ese sentido, a partir de la notificación formal de la causa judicial iniciada por EMSA ejercerá su defensa, “porque recién sabemos de qué defendernos”, fueron en tanto las palabras del asesor legal de la cooperativa, Alfredo Fernández, en el marco de una conferencia de prensa brindada este lunes por las autoridades del organismo.

 

Fiscalización

Por otra parte, la CELO está bajo fiscalización de parte del Ministerio de Acción Cooperativa, pero que a decir del asesor legal de la cooperativa Alfredo Fernández, “nada tiene que ver con la situación puntual de la deuda”.

 

Fracasó la conciliación

Ayer, el Juzgado Civil 1 de Posadas, a cargo de Gabriela Canalis que lleva adelante la judicialización de la deuda de la CELO con EMSA, convocó ayer a una audiencia de conciliación.

Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN aseguraron que la cooperativa obereña no se habría presentado y ahora la jueza deberá definir los pasos a seguir en la acción de cobro que solicitó la empresa provincial de energía.

Las mismas fuentes confiaron que, en lo que va de la intervención de las cajas de recaudación de la CELO, ingresan entre 12 y 15 millones por día y “el 50% de eso se incauta a cuenta del cobro de la deuda con EMSA”. Lo demás, queda para la entidad cooperativa.

 

Revelaron que EMSA le debe 24 mil millones de pesos a CAMMESA

Durante el encuentro con la prensa, se expuso que la deuda que tiene EMSA con CAMMESA alcanza los 24 mil millones de pesos y de ese monto total, CAMMESA evalúa la posibilidad de hacer una condonación de parte del capital junto con una quita de intereses, que llega a los 10 mil millones de pesos, con lo cual la deuda quedaría en 14 mil millones y que el plan de regularización contempla un plazo de gracia de seis meses para el pago de esa deuda y a partir de ahí, un plan de pago en cuotas de hasta 90 meses, lo cual todavía no está definido por la Secretaría de Energía ni por CAMMESA.

“Pero lo cierto es que ya se está tratando y ese mismo tratamiento debería tener EMSA con las cooperativas. Entiendo, que a raíz de esas circunstancias todavía no está definida ni existe una deuda líquida y por lo tanto, menos exigible, porque ni siquiera la proveedora sabe lo que la cooperativa le debe, nosotros tampoco sabemos porque dependemos mucho de ese plan de regularización que se consolide y por lo tanto no se cumple con uno de los requisitos fundamentales que requiere todo proceso de ejecución y ese es el plateo que vamos a hacer a partir de hoy ( por ayer) en vista que tenemos la notificación”, enfatizó el asesor legal Fernández.

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Tags: CAMMESACELOEMSAJorge DuartePedro “Pilo” Andersson
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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