Desde el primer minuto de hoy lunes se aplica el segundo tramo del “boletazo” para los usuarios posadeños, quienes comenzarán a abonar $40 el boleto único con SUBE y sin la tarjeta $60.
La tarifa de la zona metropolitana también tendrá un incremento considerable, con lo cual los usuarios de Garupá, quienes actualmente abonan $40 con SUBE y $60 sin el plástico, pasarán a pagar $52 y $80, respectivamente. Pasajeros que vienen desde Candelaria a Posadas, y que actualmente abonan $46 con tarjeta SUBE (y $80 sin ella), desembolsillarán $61 con SUBE y $90 sin tarjeta.
El boletazo, tal como lo manifestó PRIMERA EDICIÓN en su columna “De Primera Mano” de este domingo, llega después de un semestre de pocas soluciones para no tener que viajar “como ganado” en horarios pico, y para tener estaciones de transferencia abiertas después de las 22 (en este caso las autoridades se quedaron en anuncios sin nada en la práctica), entre otros reclamos de los pasajeros.
Desde la Asociación de Usuarios de Colectivos, Mariana Zaracho no sólo confirmó que el servicio es deficiente, sino que aseguró que “empeoró” aún más después del primer boletazo.
“Estamos peor que antes, con menos frecuencia de colectivos. Se viene este nuevo aumento y los usuarios seguimos viajando mal. Se nos había prometido que íbamos a viajar menos amontonados, pero no es así. Me gustaría que quienes controlan vean cómo viaja la gente en los horarios pico, donde literalmente se viaja colgado hasta en la puerta de los colectivos”, relató.
Y enfatizó: “El único beneficiado es el dueño de la empresa y los perjudicados, como siempre, somos las personas que viajamos en colectivo”.
Desde Acción Vecinal, Luis Gilardoni también cuestionó la suba de la tarifa en medio de una falta de soluciones a los constantes reclamos.
“Llegan los aumentos, pero los cambios y mejoras que esperaba la ciudadanía no llegaron. Veníamos solicitando que las estaciones de transferencia funcionen hasta la medianoche y no ocurrió. Sólo se extendieron algunos horarios nocturnos ya existentes”, lamentó.
“El más afectado es el que usa el colectivo todos los días, pero creo que lo más decepcionante fue ver que no cumplieron con la ampliación del horario en transferencia”, se quejó Agustín Viera un usuario de la línea 11.
“Yo uso a diario el colectivo y me siento muy afectada por este nuevo incremento porque utilizo más de cuatro pasajes por día para ir a trabajar y llevar a mis hijos con la niñera”, fue el testimonio de Alejandra Lezcano, usuaria de la línea 31.
Transferencia hasta a las 22
En marzo pasado, cuando el Municipio emitió el decreto 280 autorizando una suba de 150% en el costo del pasaje a aplicarse en tres tramos, en marzo, junio y agosto, también se intimó a las empresas del Grupo Z, que son las únicas que monopolizan las estaciones de transferencia de Quaranta y UNaM a extender el horario de funcionamiento hasta las 24.
En la actualidad, y desde que comenzaron a funcionar hace varios años, las terminales que se desempeñan como paradas articuladoras del sistema de transporte público de pasajeros cierran a las 22.
Esto produce que miles de usuarios queden varados, deban caminar o cambiar de colectivos, siendo perjudicados en su tiempo y su economía.
En este sentido, el secretario de Movilidad Urbana del Municipio, Lucas Jardín, dijo a la prensa el pasado 22 de marzo que existe la posibilidad de que las terminales permanezcan abiertas dos horas más (se cierran a las 22), debido a la demanda de pasajeros.
“La idea es que en una primera etapa podemos tener las transferencias abiertas hasta las 24, estamos estudiando la demanda que tienen las líneas para no ser ineficientes”, explicó. Pareciera que interesa más la rentabilidad de las empresas de “servicio público” que la necesidad de los usuarios.
Además se dijo que no “sólo hay que pensar” en dejar abierto la transferencia durante ese horario, sino que también tener el servicio bien aceitado con las líneas troncales para que los usuarios que se mueven desde el centro “puedan volver tranquilos a sus casas”.
Eso no ocurre y los usuarios, miles, se ven perjudicados por la decisión de la empresa.
En el mismo decreto que se autorizó el incremento de tarifa, en el artículo 3, el Municipio señala: “Ínstase a las empresas para que procedan a la optimización de la prestación del servicio, de conformidad con los requerimientos elevados por los ciudadanos en la audiencia pública ‘readecuación de la tarifa del boleto’ celebrada el pasado 3 de febrero”.
Párrafo seguido, el Municipio enumeró las demandas de los usuarios que el grupo empresario debió cumplir:
• Mayor frecuencia horaria en días hábiles en horas de mayor aglomeración de personas.
• Extensión de horario de funcionamiento de las terminales de transferencia y/o mayor frecuencia en horarios nocturnos, fines de semana y feriados.
• Ampliación de recorridos y mayor frecuencia de colectivos que viajan hasta el Hospital Madariaga de la ciudad de Posadas.
• Implementación de mejoras en las unidades (colocación de cortinas y/o aire acondicionado; acondicionamiento para discapacitados).
El titular de la Secretaría de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, fue quien dijo en marzo que analizaban extender el horario, cosa que nunca ocurrió pese a que ya no hay restricciones por la pandemia y la vida nocturna de la ciudad es muy activa con personas que estudian, trabajan, se recrean y necesitan el transporte público por más tiempo.
Una muy discutida transparencia
A la prestación deficiente se suma un tema muy discutido en el aspecto económico del Grupo Z: la transparencia. A pesar de ser un servicio público, que debería tener los números abiertos a cualquier ciudadano, sus finanzas son un secreto escondido bajo siete llaves. El aspecto más turbio está relacionado a la cantidad de boletos que vende, la millonaria catarata de subsidios que recibe y la ecuación polinómica que se aplica para determinar el monto del boleto que le cobra diariamente a los pasajeros. Es que las empresas del Grupo se han negado sistemáticamente durante los últimos ocho años a implementar la tarjeta SUBE nacional, que tiene un sistema de control transparente y les otorga numerosos beneficios a los usuarios. Si utilizara este sistema, el Gobierno nacional tendría una medición exacta de los kilómetros recorridos por cada unidad, los boletos vendidos y haría un cálculo más exacto de cuánto debería costar el boleto y cuánto dinero alcanzaría a la empresa para brindar el servicio sin castigar a los usuarios con el precio del boleto. Pero eso no ocurre. En cambio, el Grupo Z tiene su propia “SUBE misionera” con la cual se controla los números y presenta informes a la Provincia mediante declaraciones juradas escritas. Es decir que la Provincia ni la Nación controlan que efectivamente los números sean los que declara. Hubo numerosos intentos de sectores políticos y usuarios que, dudando de los números declarados, pidieron que se abran los balances y se corra el velo de lo que significa un mega negocio millonario a costa de los sectores más populares de la población misionera. No hubo caso.
Las quejas y falencias permanentes
• Falta de refugios en las paradas: los usuarios deben esperar en la lluvia o el sol en muchos barrios.
• Falta de frecuencia: los feriados, fines de semana y horarios pico la gente viaja amontonada como ganado y muchos pierden los colectivos debido a que cruzan cargados al tope y no pueden subir más pasajeros. Eso causa demoras, incomodidades y problemas.
• Ampliación de recorridos: los barrios más alejados y los nuevos padecen permanentemente la indiferencia al pedido de sumar nuevas líneas. Nemesio Parma, Itaembé Guazú, la zona Sur del Autódromo y los municipios de Garupá y Candelaria tienen permanentes problemas de este tipo que no son escuchados por la empresa.
• El precio de la SUBE: este año el Grupo está cobrando mil pesos, cuando la tarjeta nacional tiene un costo de entre 90 y 200 pesos como máximo.
• Descuentos: la SUBE nacional otorga descuentos cuando se utiliza con mayor frecuencia, buscando que el pasajero que viaja seguido sienta un alivio en su bolsillo.
• Pérdida de subsidios: la Nación otorga subsidios a provincias por dos vías: una para equilibrar costos y otra para beneficiar a los usuarios, pero Misiones recibe sólo el primer concepto y pierde millones del segundo, que sólo llega a las ciudades con SUBE nacional.
Discussion about this post