Uno de los síntomas de las crisis económicas y políticas como la que atraviesa el país en estos días es el efecto decreciente de los anuncios oficiales, cuya influencia sobre la opinión pública se esfuma cada vez más rápido. Sobre todo, cuando juegan en contra los datos de la inflación y una opinión pública que muestra una fuerte desconfianza sobre el futuro -como evidencia la última encuesta de Opina Argentina-.
Hoy provocaría risa releer algunos de los pronósticos que se hacían cuando el Gobierno anunció que se había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se esperaba que la tranquilidad política derivada de ese nuevo “stand by” derivaría en una estabilidad cambiaria. Y que eso, sumado al ingreso masivo de divisas por la exportación agrícola récord, mantendría al dólar paralelo bajo control al menos durante el primer semestre, mientras el Banco Central aprovecharía para engordar sus reservas.
La volatilidad de los últimos días exime de todo comentario, y está obligando a la entidad dirigida por Miguel Pesce a un combo de medidas, que incluyen desde mayores controles en la operatoria del “contado con liqui” hasta una aceleración de la tasa devaluatoria.
También resulta difícil acordarse hoy de la “declaración de guerra” a la inflación que anunció el presidente Alberto Fernández, a pesar de que pasó poco más de un mes. Claro, las medidas anunciadas en aquel momento -incluyendo al casi olvidado fideicomiso para abaratar los productos farináceos- quedaron eclipsadas completamente por la escandalosa inflación de 6,7% registrada en marzo.
Tampoco parece estar muy presente en la opinión pública la promesa del ministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo que gracias a las medidas que se estaban tomando se empezaría a registrar un descenso inflacionario. En las últimas horas trascendió que la mejora -que en algún momento se llegó especular podría implicar una caída de dos puntos- será apenas marginal y que el IPC volverá a dar por encima del 6%.
De la misma manera, cayeron en el olvido los amagues de crear una empresa nacional de alimentos, que se había planteado en febrero, con gran debate político. Y, a esta altura, las reuniones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, para monitorear los Precios Cuidados también ingresaron en la fase de efecto decreciente.
El secretario acaba de tener una nueva reunión con los directivos de empresas de consumo masivo, para quejarse de que el nivel de cumplimiento de los precios acordados está apenas en un 65%, cuando el promedio histórico había sido de 75%. En contraste con las expectativas de Feletti, las consultoras que hacen proyecciones propias de inflación creen que en abril, el rubro alimentos podrá rondar una variación mensual de 8%.
También parece que pasó mucho tiempo, pero en realidad fue hace apenas semanas que las cúpulas de las empresas, la CGT y funcionarios del Gobierno acordaron que no habría necesidad de un bono salarial por decreto, porque el funcionamiento de las paritarias sería suficiente para proteger a los asalariados contra la inflación.
Por supuesto que la cifra de referencia de 45% que Guzmán y su colega de la cartera de trabajo, Claudio Moroni, habían impuesto en gremios estatales y en el salario mínimo, ya estaba por completo desbordada por la ola inflacionaria. De manera que la intención inicial de un “ancla salarial” para los precios rápidamente cayó en descrédito.
Y ahora, la reapertura adelantada de las paritarias, lejos de traer calma, generó más nerviosismo, porque hay economistas que ven ahí el peligro de una espiral inflacionaria. De hecho, hubo quienes recordaron que un típico componente de los procesos de inflación acelerada es el acortamiento en la extensión de los convenios salariales, sin que por ello se logre una efectiva protección de los ingresos.
Y ni siquiera el anuncio del bono de $12.000 para los jubilados y de $18.000 para los desocupados y beneficiarios de planes sociales parece haber sido suficiente como para acallar la polémica política sobre el efecto corrosivo de la inflación.
De hecho, el Gobierno quedó expuesto a un mayor desgaste. Por un lado, porque quedó en evidencia que el verdadero financiamiento para esta nueva asistencia estatal -cuyo costo se estima en 0,3% del PBI- saldrá de la propia inflación -vía un mayor ingreso nominal a la caja de la AFIP-. Incluso hay quienes atribuyen a esa medida la reciente volatilidad cambiaria.
Pero tampoco fue suficiente para acallar las críticas que recibe el ministro Guzmán desde la propia coalición gubernamental. La tregua duró escasos días tras el anuncio, y en las últimas horas se ha retomado la ofensiva, como quedó en claro con la acusación de Andrés Larroque, un connotado dirigente de La Cámpora, que cuestionó la falta de representatividad de un ministro “al que nadie eligió”.
De hecho, cuando todavía no se empezó a pagar este “nuevo IFE” ya empezó el debate interno en el Gobierno sobre la necesidad de ir programando un segundo pago, ante la evidencia de que la inflación seguirá en niveles altos.
Un anuncio de corta vida
En esa carrera contra el tiempo, también está casi en el olvido el anuncio hecho por Guzmán sobre el nuevo impuesto a la renta inesperada. Para empezar, el propio ministro se encargó de relativizar la “amenaza” al afirmar que quienes reinvirtieran ganancias en proyectos productivos y generasen nuevo empleo, tendrían exenciones.
Esto dejó en el ámbito empresarial la sensación de que, más que obtener una nueva fuente de recaudación, lo que pretendía el ministro era que el sector privado aumentara su tasa de inversión. Y que, al mismo tiempo, los socios kirchneristas de la coalición tuvieran un tema político que satisficiera su necesidad de confrontar con los “poderes concentrados”.
La ganancia para Guzmán -y también para los empresarios- sería que bajarían los decibeles en el reclamo por la instauración de retenciones móviles a la exportación agrícola.
Pero el efecto de ese anuncio duró mucho menos de lo previsto, y en el kirchnerismo ya prevalece la opinión de que, aun cuando Guzmán estuviera realmente determinado a cobrar un nuevo impuesto, sería imposible que pasara las instancias de la aprobación legislativa en el Congreso y, luego, la de la Justicia, ya que hay acusaciones por inconstitucionalidad, al considerarse que el gravamen puede ser confiscatorio.
Se siente en el kirchnerismo
Pero no solamente el Gobierno es víctima de ese efecto decreciente de los anuncios. También a la “oposición interna” que lidera Cristina Fernández de Kirchner le ocurre lo mismo.
El rechazo en el Congreso al acuerdo con el FMI y las advertencias sobre el sesgo recesivo del plan económico no fueron suficientes como para considerar que la imagen del sector kirchnerista quedaría totalmente a salvo. Lo cual llevó a impulsar el proyecto para recuperar “los dólares de la fuga de capitales”.
Sin embargo, un mes después de ese anuncio, no hubo noticias de que el Gobierno estadounidense esté dispuesto a dar su ayuda, un elemento crucial para el éxito de la iniciativa, dado que se presume que es en el propio sistema financiero de Estados Unidos donde se esconden muchos de esos capitales.
El proyecto avanza en el Senado, no sin costo político para el kirchnerismo: el senador Martín Lousteau puso en aprietos a los funcionarios que defienden la iniciativa, al inducirlos a admitir que la propia familia Kirchner podría incurrir en la definición de “fuga de capitales”. De todas formas, luce difícil que esa iniciativa pueda superar la instancia de Diputados.
Fuente: iprofesional.com
