En un comunicado de la organización “Misiones Cultiva” señalaron una “profunda preocupación ante la Resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas en el marco de la causa seguida contra miembros de la organización FUCaMMi (Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones)”.
Más allá de la imputación, por producción y comercialización no adecuada, aclararon que rechazan la equiparación de “los aceites de cannabis como estupefacientes, ya que las mismas no tienen la capacidad de generar dependencia psíquica o física”.
Explicaron también que se deben tener en cuenta los testimonios de las familias usuarias y no basarse únicamente en informes policiales, con mediciones de THC del aceite secuestrado. Recordaron que, en la práctica, muchos pacientes encontraron alivio en esta medicina alternativa y que se necesita un acompañamiento a la normativa nacional.
Sobre este tema, el abogado e integrante de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, Marcos Chigal, explicó a PRIMERA EDICIÓN que convivimos en un sistema dual en lo que respecta al cannabis: “Por un lado tenemos una protección en el uso terapéutico; pero aparte de esto, continúa una penalización con otras prácticas que no sean las medicinales. Para la ley en Argentina, el cannabis sigue siendo un estupefaciente”.
Teniendo en cuenta esta doble faceta, señaló: “Es necesario diferenciar a las familias usuarias con fines medicinales, que deberían tener una provisión gratuita, según lo que se planteó desde la ley nacional y que además cuentan con una protección al inscribirse en el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis)”.
A través de una inscripción en el registro nacional “se genera una protección legal, que permite el autocultivo, tal como lo utilizan asociaciones como Misiones Cultiva”. Recordó que la actividad que se encuentra prohibida es la producción y comercialización de los aceites de cannabis: “FUCaMMi comercializaba productos sin una autorización del Estado”, aclaró Chigal.
Tras lo sucedido con este caso en la provincia, explicó que existe “una desinformación” y que es necesario abordar el tema “de forma adecuada para que no se caiga el consenso en torno a las propiedades medicinales del cannabis”. Con la adecuada información y ejemplos de mejoras en patologías que parecen incurables aseguró que “es posible mantener un consenso en torno al uso terapéutico de cannabis”.
Entre las soluciones para evitar que esto vuelva a suceder, que las familias compren elaboraciones sin un aval ni estudios adecuados, indicó que “el Estado debe cumplir con una producción”. Lamentó que esto sigue sucediendo, sin embargo, reiteró que “la gente tiene una necesidad real de acceder a productos derivados del cannabis, por sus propiedades medicinales”.
En esta compra de aceites y derivados de cannabis, “al no darse un control adecuado, son productos que no se sabe qué contienen”.
La necesidad de capacitación
En el camino de regularización del uso de cannabis con fines medicinales en Argentina, el abogado e integrante de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, Marcos Chigal, explicó que “las fuerzas de seguridad actúan ante una conducta delictual en determinadas cuestiones, pero se olvidan de algunas autorizaciones otorgadas a las familias. Es indispensable una capacitación para cuidar a las personas usuarias que tienen permiso de autocultivo con fines medicinales y además para fortalecer a las propias fuerzas en una normativa nacional”. De esta forma, “se evitan allanamientos y requisas innecesarias”, agregó.
23.737
es el número de la Ley Argentina que establece las penas por producción o distribución de estupefacientes.
