Todo sigue igual en el BOP 89 de Puerto Iguazú, pese a que hace diez días el Consejo General de Educación (CGE) resolvió ordenar la separación “preventiva y provisoria” del director de ese establecimiento secundario mientras dure el sumario administrativo iniciado por violencia de género.
En esa misma resolución (1208), firmada el 5 de este mes, el CGE autorizó a la Dirección de Educación Secundaria a reubicar al docente denunciado por una colega (ante ese organismo y ante la Justicia) en forma provisoria en otro establecimiento escolar o dependencia del CGE, mientras dure la sustanciación del sumario administrativo. Y ordenó ubicar a la docente que lo denunció en 2019 ante este organismo y en 2021 ante el Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú, en las 42 horas cátedra en las que es titular en ese establecimiento secundario.
No obstante, a diez días de esta decisión administrativa, el CGE y sus funcionarios aún no notificaron al director y todo sigue como si nada. “No expusieron el padrón de mayor jerarquía para nombrar suplente, ni tampoco pusieron ninguna de las notificaciones en el libro de acta por lo que los docentes no saben nada… voy a tener que ir a la escuela con Policía para presentar la resolución porque el CGE no notificó nada. Estoy muy triste, pensé que esto ya se terminaba con la decisión de separarlo del cargo, pero no es así, él está en Posadas desde hace semanas y no hay nadie a cargo en la escuela y es como si nada pasó”, lamentó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN la docente.
Lentitud vergonzosa
Vale recordar que el CGE decidió separar al directivo casi un año después de iniciarle sumario administrativo, luego que la docente cobrara 80.000 pesos menos de su sueldo de marzo porque desde el BOP 89, conducida por el docente denunciado, no la reconocieron administrativamente como docente de planta activa.
Parecía la gota que colmó el vaso para el CGE cuyas decisiones fueron seguidas de cerca por el Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Braco (SEMAB) quien intimó al organismo colegiado a que restituta de inmediato la totalidad del sueldo de su afiliada. No obstante, la lentitud en hacer efectivas estas medidas dejan al descubierto el estado de vulnerabilidad de la denunciante.
Un largo proceso
La docente titular denunció al director del BOP 89 por violencia de género en 2019 y en julio de 2021 se le inició sumario administrativo. Por ese entonces, ya había una causa penal en el Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú por amenazas y violencia de género. Según confió la docente, “luego de que el Juzgado 3 de Puerto Iguazú interpuso una medida que prohibió al director ponerse en contacto o acercarse a mi familia y a mí, logramos que el CGE aprobara mi reubicación provisoria en la EPET 4, hasta tanto se resuelva la separación del cargo del denunciado, cosa que se aún no se hizo efectiva“.
La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, Mariana Lescaffette, señaló que “el director fue denunciado por amenazas, agresiones y violencia de género ante la Justicia en 2021. Pero en diciembre de 2019, nuestra afiliada puso en conocimiento al CGE sobre el ‘abuso psicológico, acoso y maltrato laboral que sufría por parte de este hombre’, que determinó el inicio de una información sumaria en 2021”.
Aún sin resolver la cuestión, en 2021, el CGE resolvió ubicar provisoriamente a la profesora en la EPET 4 y recién a principio de este mes anunció la separación del cargo al director y el regreso de la docente al BOP 89, pero todavía no se cumplió esta orden.
